El boicot que traman los presidentes del PSOE contra Montoro desata la polémica

La última “ocurrencia” del PSOE llega de la mano del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ha propuesto una reunión de presidentes autonómicos para pactar entre todos el objetivo de déficit y evitar así que sea Cristóbal Montoro -véase el Gobierno central- quien lo haga. A su juicio “lo que no es normal es que se haga de forma unilateral”, ha dicho al respecto. Su iniciativa ha sido inmediatamente aplaudida por otros barones como el Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y también, cómo no, por el presidente de la Generalitat, el independentista Carles Puigdemont, que se apunta a cualquier cosa que suene a debilitar al Estado.

Puig ha pedido que reúna de forma inmediata la Conferencia de Presidentes para fijar lo que él ha llamado de manera eufemística “la senda de ajuste” que a su juicio España debe negociar con la Unión Europea. Es algo así como establecer un Estado paralelo al oficial. Montoro que diga misa y nosotros ya acordamos lo que tiene que hacer España, parece decir. El Gobierno, aunque esté en funciones, es legal y legítimo por mucho que Puig quiera aprovechar la circunstancia para socavar sus atribuciones.

Y es que el presidente valenciano se olvida de algo tan elemental como la Constitución, que en su artículo 134 establece que “corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado” y que éstos “incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal”. Para más inri, el siguiente artículo, el famoso 135 pactado entre el PP y el PSOE, ahonda en establecer mediante una ley orgánica -no mediante una Conferencia de Presidentes- “la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse”.

Lo que pretenden los barones socialistas supone, en la práctica, asumir las competencias del Gobierno, ningunearle y establecer incluso qué debe negociar España en la UE. Pero los españoles elegimos a un Ejecutivo, el que sea, para que haga eso. “Entre Europa y España el interlocutor fundamental es el Estado, pero los demás también somos Estado”, ha dicho García-Page. Está claro que sí pero las normas son las normas y esto, de momento, no es un reino de Taifas. Aplicando el razonamiento del presidente castellano-manchego, los ayuntamientos podrían también exigir su cuota de decisión en el objetivo de déficit y en cualquier competencia de sus respectivas comunidades autónomas. Al fin y al cabo los municipios también son estado y también son comunidad autónoma.

Puig va incluso más allá en su propuesta al asegurar que el Estado autonómico está “agotado” y, por ello “es urgente” su “reformulación” para garantizar “la igualdad de todos los españoles y la singularidad de los territorios”. Una propuesta que seguro le aplauden sus socios de Compromís pero probablemente no los que Pedro Sánchez quiere que sean sus compañeros de Gobierno, es decir, Ciudadanos.

En todo caso, si a los barones socialistas no les gusta la Constitución, que la cambien si pueden. Mientras tanto hay que respetar las atribuciones de cada administración. Y el Gobierno se encarga de dirigir la política económica del país y de las relaciones internacionales, más aún las relativas a la Unión Europea. Lo demás son ganas de aprovechar la coyuntura que vive España para tratar de sacar tajada.