Mercosur y el dilema europeo: quién gana y quién paga

Europa ha abrazado con convicción la apertura comercial que forma parte de su lógica económica. Y nadie discute que el comercio internacional genera crecimiento, oportunidades y prosperidad. Sin embargo, en plena controversia sobre el acuerdo UE-Mercosur, se pone sobre la mesa una cuestión clave, cómo abrir mercados sin debilitar sectores estratégicos. La respuesta es que el problema no es abrir mercados, sino hacerlo sin reglas equivalentes.

Mercosur se presenta como una oportunidad económica y geopolítica. Ampliar mercados, reforzar alianzas y ganar influencia en un contexto global cada vez más competitivo tiene sentido. De hecho, la eliminación de aranceles o el impulso a la inversión en cadenas de suministro estratégicas parecen elementos positivos, especialmente en un escenario donde grandes potencias como EE. UU. están imponiendo barreras comerciales. En ese escenario, diversificar mercados y reforzar alianzas no solo es conveniente, sino necesario.

España, además, puede beneficiarse del acuerdo en ámbitos como la exportación industrial, los servicios o la apertura de nuevos mercados para sus empresas. Pero es precisamente en la agricultura donde se concentra la principal crítica, al ser el sector más expuesto a una competencia potencialmente desigual.

El pasado año, un joven agricultor que lideró las protestas del campo de 2024 en Aragón, lanzó un último grito de desesperación cuando escribió que no podía seguir trabajando 18 horas al día “para no vivir”. Su historia, que conmocionó a nuestro país, más allá de cualquier simplificación, es un recordatorio triste pero necesario: las políticas no son abstractas, la forma de hacer política tampoco, tienen consecuencias muy reales en la vida de la gente y hay que madurarlas antes de imponerlas.

Hoy, los agricultores y ganaderos europeos operan bajo exigencias crecientes (medioambientales, regulatorias y de costes) que, siendo legítimas en muchos casos, no siempre se trasladan a los productos que compiten con ellos desde el exterior. El resultado es algo difícil de explicar cuando el núcleo del debate sobre Mercosur es que se exige mucho dentro, pero se permite competir con menos fuera.

El sector agrario representa en torno al 2,5% del PIB en España, pero resulta estratégico para el abastecimiento y el equilibrio territorial. Sin embargo, muchos productores denuncian que venden por debajo de costes mientras compiten con productos importados que no siempre están sujetos a las mismas exigencias en su proceso de producción. En países como Brasil, por ejemplo, se utilizan sustancias fitosanitarias prohibidas en la UE, lo que alimenta la percepción de desigualdad.

No es un debate exclusivamente español, países como Francia, Irlanda, Polonia o Austria han votado en contra del acuerdo, no por oposición al comercio internacional, sino por una preocupación compartida. En algunos casos, por el impacto directo sobre su producción; en otros, por la presión social del mundo rural o por dudas sobre el cumplimiento efectivo de los estándares.

No se trata de rechazar el acuerdo. Se trata de hacerlo bien. Si Europa decide elevar sus estándares -por salud, sostenibilidad o calidad-, debe garantizar que esos mismos criterios rijan para los productos que entran en su mercado. De lo contrario, no estamos ante libre comercio, sino ante una competencia desequilibrada.

Las salvaguardas son muy necesarias, pero la crítica es que no son suficientes dado que actúan cuando el daño ya se ha producido. El verdadero reto está en evitar ese daño desde el inicio, estableciendo condiciones de competencia equivalentes. Porque, si no, el coste de la apertura lo asumirán siempre los mismos.

Es verdad que toda apertura conlleva decisiones, y no todas sus consecuencias se reparten por igual, pero es aquí donde el dilema sobre Mercosur deja de ser únicamente económico para convertirse en estratégico.

En un mundo, marcado por tensiones geopolíticas y guerras, los Estados debería de estar centrándose en algo básico. Hay sectores que no pueden fallar. La energía, el transporte y la alimentación no son solo ámbitos económicos; son pilares de la seguridad y son ámbitos donde ya han aparecido señales claras de fragilidad: un apagón eléctrico, incidencias y accidentes en infraestructuras de transporte -como el de Adamuz- y un sector primario sometido a una presión creciente.

La historia demuestra que la dependencia del exterior, en contextos de conflicto deja de ser una ventaja económica para convertirse en una debilidad estratégica y una vulnerabilidad crítica.

Europa ha tenido ya varios avisos. Durante la pandemia, la dependencia exterior en productos esenciales mostró sus límites. Con la guerra en Ucrania, la crisis energética evidenció la fragilidad del sistema. Y ahora, en paralelo, se plantea un acuerdo que impacta directamente en otro sector clave, el primario.

El acuerdo con Mercosur puede ser una oportunidad económica. Pero también puede convertirse en un ejemplo de cómo no gestionar la globalización si no se corrigen las asimetrías de partida. El debate no es sobre la comercialización sino sobre las reglas de esa comercialización.

En tiempos de estabilidad, la globalización funciona. En tiempos de incertidumbre, lo que escasea es lo esencial. Y ningún país debería permitirse perder la capacidad de abastecer a su población.

En definitiva, Europa debe decidir qué modelo quiere: uno que maximice beneficios a corto plazo o uno que, además, preserve su resiliencia a largo plazo. No son opciones incompatibles, pero sí requieren equilibrio. Y ese equilibrio empieza por no debilitar aquello que, cuando todo falla, sostiene a un país.