Sánchez y “la ley de la selva”

Pedro Sánchez presentó la semana pasada un ambicioso Plan Social para el Clima (2026-2032) dotado con más de 9.000 millones de euros bajo el paraguas de la llamada “transición justa”, con ejes como vivienda, movilidad, rehabilitación energética o transporte público, con una idea aparentemente incontestable: que nadie tenga que elegir entre “llegar a final de mes o llegar a final de siglo”.

Bajo el manto del buenismo climático y de los grandes discursos morales se acumulan promesas incumplidas, reformas bloqueadas y una creciente sensación de agotamiento político y económico.

El plan fue anunciado exactamente el mismo día en que el caso Zapatero y las investigaciones que rodean al PSOE volvían a monopolizar titulares.

Resulta además llamativo escuchar anuncios multimillonarios y grandes planes de transformación mientras España continúa sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y el Gobierno sobrevive apoyado en una mayoría parlamentaria cada vez más frágil. Un Ejecutivo incapaz de aprobar presupuestos vende macroplanes mientras la legislatura se instala en una situación de excepcionalidad permanente.

En los últimos años Pedro Sánchez ha perfeccionado una estrategia política muy concreta: cada vez que el desgaste, los escándalos o la presión judicial amenazan con ocupar el centro del debate público, Moncloa intenta desplazar la conversación hacia grandes causas morales y globales. La emergencia climática, Europa, Guerra en Oriente Medio, la convivencia democrática o, en esta ocasión, el Vaticano.

El problema es que la sensación de deterioro institucional ya resulta imposible de ocultar. La esposa del presidente, su hermano, el caso Ábalos-Koldo, Santos Cerdán, la condena del fiscal general del Estado … y ahora el terremoto político provocado por el caso Zapatero dibujan una situación inédita en la democracia española reciente. El primer expresidente del gobierno imputado, el primer fiscal general del Estado condenado, el procesamiento de la mujer de un presidente del gobierno en ejercicio… conforman una imagen institucional sin precedentes en nuestra democracia.

Pero quizás la cuestión más preocupante ya no sea el siguiente escándalo, sino el punto exacto en el que España podría acostumbrarse a vivir en una anomalía política permanente. Y ese es probablemente el mayor daño político de esta etapa. Hace apenas unos años habría resultado impensable normalizar este clima de sospechas, desgaste institucional y polarización constante. Hoy, en cambio, toda polémica dura apenas unas horas antes de que sea relegada por un nuevo relato, un nuevo anuncio o una nueva puesta en escena.

En mitad de ese escenario, Sánchez aterrizó en Roma hablando de “empatía”, de “brújula moral” y de combatir “la ley de la selva”. Estas palabras probablemente habrían pasado desapercibidas en otro contexto. Pero pronunciadas desde el Vaticano por un presidente cuya principal estrategia política ha sido convertir la supervivencia en el poder en una forma de gobierno, adquiere una ironía difícil de ignorar.

Preguntado sobre un posible adelanto electoral, explicó que no podía convocar elecciones “por interés partidista”, sino únicamente por “el interés general de la ciudadanía”.

La afirmación resulta reveladora. Porque una cosa es sostener legítimamente una estrategia política y otra muy distinta presentarla como la única compatible con el interés general. Precisamente ahí reside una de las mayores tentaciones del poder: confundir el interés de los ciudadanos con el interés de quien gobierna.

Ya en 2023 el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió de los riesgos de identificar el interés de España con el interés particular del Gobierno de turno. Una reflexión que trasciende cualquier coyuntura política y que sigue siendo plenamente vigente.