Amordazando al Congreso y pagando en emisiones

En una democracia parlamentaria las votaciones sirven para conocer quién tiene la mayoría. En la España de 2026, a veces da la impresión de que las votaciones sirven precisamente para evitar descubrirlo.

Esta semana hemos asistido a uno de esos episodios que explican mejor que muchos discursos el peculiar concepto institucional que maneja el actual Ejecutivo. La Mesa del Congreso decidió inadmitir una enmienda presentada por el Grupo Popular —y otra similar de Junts— que pretendía algo tan revolucionario como que la Cámara instara políticamente al Gobierno a reconocer el bloqueo de la legislatura y convocar elecciones.

Nada vinculante. Nada ejecutivo. Nada que obligara jurídicamente al presidente del Gobierno. Como todas las Proposiciones y Mociones que diariamente se debaten y votan en el Congreso. Pero esta vez previsiblemente el gobierno iba a perder. Una vez más. Pero ahora con una carga política muy profunda, al quedar patente la voluntad del Congreso de que son necesarias unas nuevas elecciones generales.

Pero cuando este Gobierno ya no controla las votaciones, empieza a controlar a su antojo los debates. Y los procedimientos. La justificación utilizada resulta difícil de digerir. Según la Mesa, la iniciativa invadía competencias reservadas al presidente del Gobierno.

Curiosamente, la misma Mesa había admitido anteriormente iniciativas parlamentarias solicitando dimisiones, convocatorias electorales o incluso cuestiones de confianza, todas ellas igualmente vinculadas a competencias presidenciales.

Pero la cuestión trasciende la anécdota parlamentaria, que puede incluso acabar en presunta prevaricación de los miembros de la Mesa que acordaron tan arbitraria medida. Lo más preocupante es el patrón de conducta gubernamental.

Cada vez resulta más frecuente que las instituciones llamadas a garantizar el funcionamiento normal del sistema democrático terminen utilizándose para evitar que el propio sistema produzca resultados incómodos para el Gobierno. Y ese patrón no se limita a la pura política. Esta misma semana ha vuelto a manifestarse en un asunto aparentemente técnico, pero con importantes consecuencias económicas: la transposición de la normativa europea sobre comercio de derechos de emisión.

España acumula ya cerca de 900 días de retraso respecto al plazo principal de transposición fijado por la Unión Europea. No hablamos de semanas. Hablamos de dos años y medio. La Comisión Europea ha agotado prácticamente todas las fases previas del procedimiento de infracción y acaba de remitir a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo extraordinario es que el retraso no se debe a la complejidad técnica de la norma. Se debe a que el Congreso aprobó modificar el proyecto de ley del Gobierno y el Gobierno no lo aceptó.

Tiremos de memoria. En junio de 2024 el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley para adaptar la legislación española al nuevo régimen europeo de comercio de emisiones. 

Todo parecía discurrir con normalidad hasta que, durante la tramitación parlamentaria, prosperaron dos enmiendas incómodas para el Gobierno. Una pretendía eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica cuando no existiera déficit de tarifa. La otra buscaba ampliar la vida retributiva de determinadas instalaciones de cogeneración.

Y ahí comenzó el problema. Porque en una democracia parlamentaria normal, cuando el Congreso modifica un proyecto, el Gobierno negocia, transacciona o pierde. Pero en la España actual apareció una cuarta opción. Retirar el proyecto entero. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

En febrero de 2025 el Ejecutivo decidió retirar la iniciativa legislativa. De esa forma, el gobierno pensó y acabo aplicando que si no te gusta el resultado de la votación, elimina la votación. Muy democrático.

Pocos días después reapareció una Proposición de Ley prácticamente idéntica impulsada por los grupos que sostienen al Gobierno. El trámite volvía a empezar desde cero, pero esta vez sin algunos de los controles y procedimientos asociados a un proyecto de ley gubernamental. Más que una segunda oportunidad legislativa parecía una repetición del partido porque el marcador no había gustado al árbitro al servicio de uno de los equipos contendientes y no al servicio del juego limpio y con reglas.

Desde entonces, la norma ha permanecido atrapada durante más de un año, hasta esta misma semana, entre ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas (más de 70 ampliaciones) hasta esta semana. Resultado final: España incumple sus obligaciones europeas, afronta un procedimiento judicial de infracción y sigue sin disponer de una transposición que debió estar aprobada hace dos años y medio y resulta esencial para avanzar en la descarbonización y proteger a los sectores y consumidores más expuestos.

Antes el Congreso servía para debatir, controlar al Gobierno y aprobar leyes. Ahora parece servir para ratificar aquello que previamente haya sido autorizado desde el Gobierno. Y cuando alguna pieza del mecanismo se desvía del guion, siempre aparece una Mesa dispuesta a alterar la partida. Al final, la ronda la pagan los que, impotentes, sólo miran.