El gran dilema del agua

Hace años, el debate del agua en España parecía reducirse a una discusión casi territorial: trasvases sí o trasvases no. Hoy, después de sequías, riadas históricas, restricciones y conflictos entre comunidades autónomas, empieza a quedar claro que no es así.

España vive atrapada en preguntas que reaparecen cíclicamente cada vez que ocurre una sequía o una gran inundación: ¿tenemos realmente un modelo de gestión eficaz? ¿por qué no se crean infraestructuras que protejan de inundaciones? ¿deben prevalecer los caudales ecológicos o las necesidades agrícolas y urbanas? ¿trasvasar agua de un río es solidaridad territorial o una amenaza para determinados ecosistemas? Detrás de todas ellas subyace la dificultad de España para definir una estrategia hídrica estable y duradera. 

Más de 20 años después, España continúa discutiendo los mismos problemas

Los últimos meses han vuelto a poner esta realidad sobre la mesa. El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, ha recurrido a los tribunales la gestión del trasvase Tajo-Segura al considerar que no se están cumpliendo adecuadamente las sentencias del Tribunal Supremo relativas a los caudales ecológicos del Tajo.

El Supremo no prohíbe el trasvase, pero sí exige que antes de derivar agua se garantice un caudal mínimo suficiente para preservar la salud ecológica del río. 

La preocupación no es menor. Un río no es únicamente una tubería natural. Su caudal condiciona biodiversidad, vegetación de ribera, calidad del agua y capacidad de regeneración ambiental. Reducirlo de forma continuada puede alterar ecosistemas enteros y degradar progresivamente el entorno. 

De hecho, diversos informes llevan años alertando de alteraciones hidrológicas en determinados tramos del Tajo. Pero al mismo tiempo buena parte del sureste español depende estructuralmente de esa agua para sostener agricultura, actividad económica y abastecimiento urbano. Y ahí aparece el gran choque territorial y político que España nunca ha terminado de resolver.

Durante años, la respuesta a este problema se articuló a través de grandes proyectos hidráulicos. El Plan Hidrológico Nacional de 2001 impulsado por el Gobierno de Aznar apostaba por una estrategia basada en infraestructuras, regulación de cauces y redistribución de recursos hídricos. Entre las actuaciones previstas figuraban obras destinadas tanto a combatir la escasez como a prevenir inundaciones en zonas especialmente vulnerables. 

Sin embargo, en 2005, el Gobierno Zapatero modificó radicalmente aquel modelo, derogando el trasvase del Ebro y apostando por alternativas como la desalación. La propia exposición de motivos de la Ley justificó la decisión afirmando que continuar invirtiendo en las obras para ejecutar el trasvase supondría un "evidente despilfarro de recursos públicos" y carecería de racionalidad económica. La apuesta era clara, abandonar el modelo basado en grandes infraestructuras hidráulicas y sustituirlo por otro considerado más sostenible. 

Dos décadas después, resulta legítimo preguntarse si aquella alternativa ha ofrecido una respuesta más eficaz a los problemas que pretendía resolver 

Y quizá por eso la discusión sobre el agua ya no puede analizarse únicamente desde el eje “trasvase sí o no”. Porque el agua en España no representa solo escasez. También representa exceso. Las recientes inundaciones, el deterioro de determinadas infraestructuras hidráulicas o el envejecimiento de presas y sistemas de contención han ampliado la discusión hacia otra cuestión igual de importante, la gestión integral del agua. 

Riadas y fenómenos extremos cada vez más frecuentes obligan a replantear hasta qué punto existe una estrategia nacional suficientemente sólida para anticiparse a estos escenarios.

Tal vez el verdadero problema no sea cuánta agua tiene España, sino cuánto tiempo lleva aplazando las decisiones necesarias para gestionarla.