Venezuela, el terremoto aceleró la agenda

La política venezolana acaba de entrar en una fase más incómoda, pero probablemente inevitable. En días recientes, el bloque encabezado por Delcy y Jorge Rodríguez (rodrigato) y representantes de la oposición institucional vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015 acordaron abrir una agenda de trabajo a partir del 1 de agosto. El objetivo declarado es avanzar en una hoja de ruta sobre renovación institucional, sistema electoral y garantías de participación política, bajo el patrocinio de Estados Unidos y con Marco Rubio como figura central del proceso.

El movimiento tiene una lectura venezolana y otra estadounidense. En Caracas, supone el regreso de la cuestión electoral al centro de una transición que hasta ahora había quedado subordinada a la estabilidad, el petróleo y la emergencia. En Washington, le permite a Rubio recuperar la conducción de un expediente que, tras los terremotos del 24 de junio, había comenzado a desbordar los tiempos de la Administración Trump.

La Asamblea Nacional de 2015 no es un actor cualquiera. Fue la última institución venezolana electa en comicios ampliamente reconocidos como competitivos y conserva, aunque de manera residual y fragmentada, legitimidad jurídica y política ante Washington. La propia Casa Blanca ha vuelto a darle un papel relevante como interlocutor institucional, pese a que desde 2023 funciona en la práctica como comisión delegada y arrastra el desgaste del extinto Gobierno interino de Juan Guaidó.

El acuerdo tampoco debe leerse como una reconciliación nacional súbita. Es política. Y en política, las facciones buscan sobrevivir al mapa que viene. El chavismo no llega unido: el rodrigato no representa necesariamente a los sectores más duros del aparato que gobernó junto a Nicolás Maduro. La oposición tampoco llega cohesionada: conviven viejos partidos, liderazgos regionales, estructuras parlamentarias, operadores internacionales y el movimiento de María Corina Machado, que hoy conserva una enorme centralidad simbólica pero no controla los principales resortes institucionales de la Asamblea de 2015.

Machado ocupa un lugar singular en esta escena. Es, en buena medida, la dirigente antisistema de la oposición, si por sistema se entiende el arreglo de convivencia, y a veces de connivencia, entre el chavismo y ciertos sectores opositores que durante años aceptaron el segundo lugar a cambio de espacios de poder limitado. Esa condición explica su fuerza ante una parte mayoritaria del país, pero también su dificultad para entrar en las mesas donde se administran activos, reconocimientos, embajadas, licencias y transiciones pactadas.

Hace pocas semanas vimos el regreso de Dinorah Figuera a Caracas, con respaldo de Estados Unidos, y podemos decir que fue el verdadero inicio de esta nueva fase negociadora. Su designación como interlocutora fue vista como una muestra del distanciamiento entre la Administración Trump y Machado. Pero, desde mi perspectiva, valoro como conveniente que la interlocutora no sea Machado, porque al final ella será la candidata en unas elecciones.

El terremoto cambió el reloj

Ahora bien, Rubio había defendido una secuencia de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. En enero el plan estadounidense comenzaba por estabilizar el país, pasaba por una fase de recuperación económica con acceso de empresas petroleras estadounidenses y occidentales, y culminaba con una transición política. Más tarde, Rubio insistió en que no bastaba con fijar una fecha electoral sin condiciones previas: hacía falta prensa independiente, organización de partidos y una nueva autoridad electoral.

Esa lógica podría sostenerse antes del 24 de junio. Después de la catástrofe del 24 de junio, resulta mucho más difícil porque se dispararon una variables que convirtieron al proceso político en una bomba de relojería. Las cifras oficiales más recientes elevan el número de fallecidos a 4.734, con 16.740 heridos y 17.907 personas sin hogar. La UNDRR estimó daños físicos directos por unos 37.000 millones de dólares, incluidos 24.000 millones en edificaciones y 13.000 millones en infraestructura crítica. La reconstrucción dejó de ser una fase posterior; se convirtió en el terreno mismo donde se decidirá quién gobierna Venezuela, con qué legitimidad y bajo qué controles. Viene una reestructuración de la deuda pública y la pregunta que surge es con quién se sientan los acreedores si el rodrigato carece de legitimidad.

La opinión pública parece haber entendido esa relación antes que muchos operadores. En mi artículo anterior mencioné que la encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, levantada entre el 26 y el 30 de junio, mostró que 45,7% de los venezolanos consideraba más urgente elegir un nuevo presidente que iniciar primero la reconstrucción, frente a 32,6% que priorizaba reconstruir antes de votar. El dato no expresa indiferencia ante la tragedia. Expresa desconfianza: para muchos venezolanos, no hay reconstrucción creíble sin una autoridad legítima que la conduzca.

Ahí está el dilema de Rubio. Si acelera demasiado, puede terminar empujando una elección sin árbitro confiable, sin partidos reorganizados y sin garantías suficientes. Si espera demasiado, la reconstrucción quedará en manos de una administración tutelada, frágil y sospechada de representar más la continuidad del aparato que la apertura democrática. El acuerdo con la Asamblea de 2015 intenta resolver esa tensión: reintroduce institucionalidad opositora sin entregar el proceso completo a Machado, y obliga al rodrigato a aceptar una conversación electoral que hasta hace pocos días calificaba de inoportuna ante la magnitud del desastre.

La agenda 2028 entra en juego

El expediente venezolano no se decide sólo en Caracas. También se decide en Washington, y allí Venezuela se ha mezclado con la sucesión republicana de 2028. La competencia entre JD Vance y Marco Rubio por el liderazgo post-Trump ya forma parte del paisaje político estadounidense. Ambos son las figuras centrales del debate sucesorio republicano, con Vance representando una sensibilidad más aislacionista y Rubio una línea más dura e intervencionista en política exterior. Incluso, grandes donantes republicanos ya empiezan a tomar posiciones, con Ken Griffin inclinado a respaldar a Rubio frente a Vance en una eventual primaria.

En ese contexto, Venezuela puede ser una victoria o una trampa para Rubio. Una transición ordenada, con calendario electoral, reconstrucción financiada y recuperación petrolera, reforzaría su perfil de estadista ante el Partido Republicano. Una transición capturada por intereses petroleros, opacidad financiera o pactos con actores desacreditados alimentaría la crítica de quienes lo presentan como arquitecto de una política exterior demasiado costosa, demasiado intervencionista o demasiado subordinada a los negocios energéticos.

La Administración Trump ya ha dado señales contradictorias. Por un lado, Rubio ha intentado vestir el proceso con una arquitectura de fases y condiciones democráticas. Por otro lado, se privilegia una política marcada por lo petrolero, el control de ingresos y la relación pragmática con Delcy Rodríguez. 

Muchas figuras grises, más complejidad

El subjefe del gabinete de Trump, Stephen Miller, aparece en esa zona gris. No hay que convertirlo en caricatura para entender su papel: representa el ala más dura, nativista y transaccional del trumpismo. En marzo, en este diario se registró cómo Miller amplificó en redes un intercambio elogioso entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, en un momento en que la relación entre Caracas y Washington parecía avanzar por la vía de la cooperación petrolera y la estabilidad inmediata. Esa línea puede convivir con la estrategia de Rubio, pero también puede vaciarla: si Venezuela se administra como botín energético y no como transición democrática, el calendario electoral se vuelve accesorio.

Por eso el acuerdo recién anunciado importa. No porque garantice democracia, sino porque obliga a todos los actores a retratarse. El rodrigato deberá demostrar si acepta realmente reconfigurar el Poder Electoral y abrir un calendario hacia elecciones generales en 2027. La oposición institucional deberá probar que no está negociando únicamente cuotas, cargos o supervivencia jurídica. María Corina Machado tendrá que decidir cómo incidir en un proceso donde conserva fuerza social, pero no control institucional. Y Rubio deberá demostrar que la transición no es una palabra colocada al final de un plan petrolero, sino el centro de la reconstrucción venezolana.

Por último, veo que el reto para María Corina Machado es armar su partido político y darle capacidad orgánica para operar en distintos frentes al unísono y de forma unívoca, hasta ahora su exitoso movimiento electoral (Vente) no está en las mesas donde se decide lo importante.