El dinero expoliado debe reconstruir Venezuela

Los terremotos del 24 de junio en Venezuela no sólo destruyeron edificios, carreteras, hospitales, redes de agua, comercios y viviendas en La Guaira. También dejaron al desnudo algo más grave: la incapacidad estructural del Estado venezolano para responder ante una emergencia de escala nacional. La tragedia encontró a un país con instituciones exhaustas, funcionarios sin capacidades técnicas suficientes, arcas debilitadas y una administración pública corroída por años de desprofesionalización. Ya hemos mencionado que los daños físicos directos ascienden a poco más de 30.000 millones de euros, sin contar pérdidas indirectas, interrupción productiva, costes de emergencia ni reconstrucción integral.

Esa cifra no es sólo un dato económico. Es la dimensión material de una ruina acumulada. Cada edificio colapsado en Caracas o La Guaira no representa únicamente ladrillos perdidos. Para miles de familias, la vivienda era su último activo. En un país donde la hiperinflación evaporó el ahorro, donde el crédito hipotecario desapareció y donde la moneda dejó de funcionar como reserva de valor, la casa, el apartamento, el pequeño local o la mejora autoconstruida eran la última forma de patrimonio. Perderlos no es volver a cero. Es caer por debajo de cero.

La consecuencia será económica y social. Cuando una familia pierde su vivienda, también pierde capacidad de arraigo, garantía patrimonial, estabilidad laboral, acceso a redes comunitarias y posibilidad de emprender. Cuando un barrio pierde comercios, talleres, pequeños depósitos, farmacias o consultorios, no solo pierde servicios: pierde mercado. Venezuela ya había sufrido la desaparición de miles de mercados locales durante la hiperinflación. El terremoto amenaza con borrar los que apenas empezaban a recomponerse con la resiliencia característica de los venezolanos.

Y debo insistir con lo siguiente, la pérdida de mercados es clave en este asunto. La principalísima causa de la emigración es la evaporación de los mercados. Porque ni estando sano y dispuesto a trabajar se puede generar ingresos si no existe el mercado en donde ofrecer nuestra mano de obra.

Debe cambiar el eje

Por eso la discusión sobre los fondos bloqueados al chavismo no se trata de “liberar dinero” para entregárselo al aparato estatal que fue vaciado por quienes capturaron el país. Se trata de restituir a la sociedad venezolana recursos que le pertenecen y que fueron retenidos, congelados, litigados o decomisados precisamente por el historial de corrupción, opacidad y abuso de poder del régimen.

Hay varias bolsas de recursos venezolanos en el exterior. Algunas proceden de cuentas congeladas; otras, de activos en disputa; otras, de ingresos petroleros ahora sometidos a mecanismos especiales de control; y otras, de bienes vinculados a investigaciones de corrupción. En 2022 se planteó la creación de un fondo administrado por Naciones Unidas con recursos venezolanos congelados en bancos extranjeros, por un monto de alrededor de 3.000 millones de dólares. También existe oro venezolano retenido en Londres, además de fondos derivados de ingresos petroleros que, por decisión de Washington, deben pasar por cuentas específicas del Tesoro estadounidense o mecanismos equivalentes.

No todo ese dinero es líquido. No todo puede movilizarse mañana. No todo está bajo la misma jurisdicción ni sujeto al mismo procedimiento legal. Pero esa complejidad no puede servir de excusa para la parálisis. Si los venezolanos están durmiendo en refugios, calles, casas ajenas o estructuras dañadas, la respuesta internacional no puede limitarse a comunicados, fotografías y promesas de reconstrucción futura.

La fórmula debe ser clara: fondos venezolanos, administración fiduciaria multilateral, ejecución a través de organizaciones civiles y auditoría pública en tiempo real. No cheques en blanco. No transferencias opacas. No retorno automático al mismo entramado burocrático que convirtió al Estado venezolano en una kakistocracia.

La palabra “kakistrocracia” importa

Kakistocracia significa gobierno de los peores: de los menos aptos, de los más serviles, de quienes ascienden no por conocimiento o mérito, sino por lealtad, miedo, corrupción u obediencia. Llegamos a la catástrofe no sólo con pocos recursos. Se llegó con una administración pública degradada por la expulsión de funcionarios técnicos, el exilio de profesionales, la sustitución de cuadros competentes por operadores políticos y la conversión del Estado en botín.

Esa es la razón por la cual entregar miles de millones de dólares al aparato estatal sin controles equivaldría a pedirle al incendio que administre el agua. El Estado venezolano debe participar donde sea inevitable, pero no puede ser el custodio principal de los recursos. La reconstrucción necesita legitimidad, capacidad técnica, velocidad y confianza. Hoy, esas condiciones están mucho más presentes en redes profesionales, ONGs, universidades, iglesias, gremios, comunidades organizadas, agencias multilaterales y organizaciones de la diáspora que en la administración pública capturada.

La respuesta de la sociedad civil venezolana ha sido una de las pocas luces en medio del desastre. Voluntarios, médicos, arquitectos, ingenieros, rescatistas, organizaciones comunitarias, fundaciones, redes de migrantes y profesionales que trabajan ad honorem o por salarios mínimos han llenado el vacío dejado por el Estado. Desde dentro y fuera del país se han organizado envíos de comida, agua, medicinas, insumos, herramientas, colchones y equipos de emergencia. Algunas organizaciones han logrado canalizar ayuda con mecanismos propios de trazabilidad, precisamente para reducir el riesgo de captura por redes oficiales o intermediarios corruptos.

Ese músculo social existe. Lo que falta es financiación.

Y allí está el punto central: inyectar fondos bloqueados en la reconstrucción venezolana no sería sólo asistencia humanitaria, sino una política de reactivación económica. Cada vivienda reparada implica albañiles, ingenieros, transportistas, ferreterías, fábricas de bloques, proveedores eléctricos, carpinteros, plomeros, comercios de barrio y servicios locales. Cada escuela reconstruida devuelve empleo y reduce la presión migratoria. Cada red de agua o electricidad restituida permite que pequeños negocios vuelvan a operar. Cada transferencia auditada a familias damnificadas puede convertirse en consumo básico, alquiler temporal, compra de materiales o recuperación de activos productivos.

Reconstruir mercados

La reconstrucción no debe diseñarse como reparto pasivo de ayuda, sino como reconstrucción de mercados. Venezuela perdió mercados por hiperinflación, inseguridad jurídica, controles, expropiaciones, emigración y destrucción institucional. Ahora puede perder otros por efecto de los terremotos. Si los fondos venezolanos bloqueados se canalizan con inteligencia, pueden servir para recomponer tejido productivo allí donde la tragedia lo fracturó.

El mecanismo debería tener varias ventanas. Una primera, de emergencia, para vivienda temporal, agua, alimentos, salud, saneamiento y protección de familias desplazadas. Una segunda, de reconstrucción patrimonial, para reparar viviendas, edificios residenciales y pequeños locales bajo criterios técnicos verificables. Una tercera, de reactivación productiva, orientada a microempresas, oficios, comercios de proximidad y cadenas de suministro locales. Una cuarta, de infraestructura comunitaria, para agua, electricidad, escuelas, centros de salud, vías secundarias y transporte. Y una quinta, de transparencia, con publicación abierta de cada desembolso, contratista, beneficiario institucional, zona atendida y avance físico.

El diseño no puede improvisarse desde despachos políticos. Debe ser fiduciario, multilateral y auditable. Los organismos internacionales pueden aportar reglas, estándares, compras transparentes y supervisión. Las ONGs venezolanas pueden aportar capilaridad, conocimiento territorial y confianza comunitaria. Los profesionales venezolanos pueden aportar ingeniería, medicina, logística, arquitectura, urbanismo, evaluación de daños y gestión social. La diáspora puede aportar financiación, redes, tecnología y control reputacional. Y los ciudadanos deben poder ver, en tiempo real, dónde está cada dólar.

La celeridad es esencial

En una emergencia de esta naturaleza, la lentitud también destruye. Cada mes perdido aumenta enfermedades, abandono escolar, desplazamiento, pérdida de empleo, deterioro de viviendas dañadas y salida migratoria. La reconstrucción no puede esperar a que se resuelvan todos los litigios de la República o a unas futuras elecciones en 2027, pero sí puede empezar con ventanas parciales, fondos puente, licencias específicas y mecanismos de desembolso condicionados.

Estados Unidos y Europa tienen aquí una responsabilidad política. Durante años bloquearon, congelaron o retuvieron activos venezolanos con el argumento correcto de impedir que fueran capturados por redes corruptas. Ahora deben completar la frase: si ese dinero no debía servir al chavismo, debe servir a los venezolanos. Retenerlo indefinidamente mientras miles de familias pierden su hogar sería transformar una medida de protección en una forma de abandono.

Los fondos expoliados pertenecen a los venezolanos. Pertenecen a la familia que perdió su apartamento en La Guaira. Al comerciante que vio caer su local en Caracas. A la madre que no tiene agua ni electricidad. Al médico que atiende sin insumos. Al ingeniero que sabe evaluar estructuras pero no tiene recursos para desplegar equipos. A la ONG que ya está en el terreno, pero no puede multiplicar su impacto porque le falta financiación.

Venezuela no puede reconstruirse únicamente desde arriba. Mucho menos desde una kakistocracia. La reconstrucción real tendrá que hacerse desde abajo, con reglas internacionales, financiación transparente y sociedad civil organizada.

El dinero está, al menos en parte. La necesidad es urgente. La legitimidad moral es evidente. Lo que falta es decisión política para convertir los fondos bloqueados al expolio en fondos liberados para la reconstrucción.