Los verdugos no tienen ideología: ¿se justifica la represión?
La denuncia de los abusos de poder exige la misma contundencia gobierne quien gobierne y cualquiera que sea su ideología. De la represión en Venezuela a las controvertidas actuaciones migratorias en Estados Unidos, el autor advierte del peligro de justificar vulneraciones de derechos humanos cuando las comete el bando político propio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Repito, la verdad es que no quería meterme de lleno en el fango de la política, pero la realidad actual me lo impide. Hay momentos en los que el cinismo institucional y la doble vara de medir alcanzan tal nivel de descaro que quedarse al margen deja de ser prudencia para convertirse en complicidad.
Existe una pregunta incómoda que la sociedad quiere evitar a toda costa: ¿qué diferencia real existe entre un violador de derechos humanos que se escuda en el discurso de la izquierda y uno que se justifica en los dogmas de la derecha? La respuesta es muy simple: ninguna. Para la víctima que sufre el atropello, para el ciudadano desplazado, para el periodista acosado o para la familia separada, el dolor no cambia de color según la camiseta política del agresor.
Dos caras de una misma
Para entender la dimensión de esta crisis moral, basta con observar la historia reciente y trazar un paralelismo entre dos escenarios aparentemente distantes, pero conceptualmente idénticos.
Por un lado, Latinoamérica conoce de sobra el rostro del autoritarismo de izquierda. En Venezuela, por ejemplo, la Guardia Nacional Bolivariana se transformó durante los años más duros de las protestas de calle en el brazo ejecutor de la represión estatal. Figuras como el general Antonio José Benavides Torres encarnaron una doctrina donde la disidencia era calificada automáticamente de "enemigo de la patria" y cuantos otros calificativos dieron. Bajo esa premisa, se persiguió violentamente a manifestantes y se agredió sistemáticamente a la prensa libre —recordando episodios emblemáticos como el acoso y la agresión a la periodista Delvalle Canelón—. En aquel contexto, la narrativa del régimen argumentaba que la violencia institucional era necesaria para "defender la soberanía" frente al fascismo.
Por el otro lado del espectro, en el norte del continente, asistimos a la consolidación de prácticas bajo el sello de la derecha que apelan a la misma lógica de deshumanización. Las operaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, bajo liderazgos de línea dura como el de Gregory Bovino, han mostrado un patrón de actuación donde la fuerza desmedida, las detenciones arbitrarias y la separación familiar se presentan como "cumplimiento de la ley". Aquí, la narrativa ya no habla de la revolución, sino de la "seguridad nacional" y el "orden".
El nivel de crueldad de estas prácticas ha quedado al descubierto en repetidas ocasiones, pero esta semana hubo un caso que se viralizó que sencillamente es inaceptable. Hablo de Linda Wolf, una mujer de 72 años en Nueva York que fue rociada con gas pimienta a quemarropa por un agente de ICE mientras ejercía su derecho a grabar y protestar en una acera. ¿Qué peligro real o amenaza inminente representa una adulta mayor sosteniendo un teléfono celular? Ninguno.
Pero la degradación institucional va aún más lejos: recientemente se revelaron las pretensiones de ICE de adquirir e implementar el uso de guantes con descargas eléctricas para controlar a los detenidos. Considerar la electrocución como una herramienta cotidiana de custodia no es solo un exceso policial; es un absoluto abuso a los derechos humanos y la muestra de una mentalidad que concibe al migrante como ganado al que hay que someter por la fuerza bruta. Es un abuso sistemático.
Al comparar ambos extremos, el patrón queda al descubierto: la estructura del abuso es exactamente la misma. Cambia el uniforme, cambia el marco legal y cambia el lema propagandístico, pero el método es idéntico: despojar al individuo de sus derechos fundamentales en nombre de una supuesta causa superior.
La Casa Blanca y la institucionalización del espectáculo
Lo más alarmante de la coyuntura actual no es solo la ejecución de estas políticas, sino la estrategia comunicacional que las rodea, impulsada de forma irresponsable y provocadora por el presidente Donald Trump.
Hemos pasado de la violación discreta de derechos a la exhibición orgullosa del atropello. Cuando las cuentas oficiales de la Casa Blanca o los perfiles institucionales de agencias gubernamentales difunden contenido audiovisual producido con estética cinematográfica para vanagloriarse de redadas, persecuciones y deportaciones, se está cruzando una línea roja peligrosísima. El abuso deja de ser un exceso individual y se convierte en propaganda de Estado.
Convertir la privación de libertad o la vulnerabilidad de las personas en un video efectista para redes sociales es un acto de crueldad calculada. Su objetivo no es informar; es alimentar el morbo del radical, enviar un mensaje de intimidación y decirle al funcionario que el hombre está por encima de la institución. Cuando una entidad “democrática” utiliza sus canales oficiales para montar un espectáculo con el sufrimiento humano, la democracia misma se degrada a un circo de crueldad.
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Fanatismo ciego
¿Por qué amplias capas de la sociedad aplauden en un lado del mapa lo que condenan con furia en el otro? La respuesta está en el fanatismo desmedido.
El sesgo ideológico ha logrado que millones de personas pierdan la brújula ética elemental. Si la violencia la ejerce "el mío", es un acto de firmeza, autoridad y justicia. Si la ejerce "el otro", es una dictadura sangrienta. Este doble criterio es el terreno perfecto donde prosperan los discursos racistas, la xenofobia y el clasismo.
Cuando un líder político utiliza una tribuna para calificar a los migrantes como "criminales que envenenan la sangre del país", o cuando otro califica a la oposición como "terroristas apátridas", están utilizando la misma técnica histórica de deshumanización. Una vez que logras que la población perciba a un grupo humano como "inferior", "peligroso" o "desechable", cualquier exceso policial o militar queda justificado a los ojos del fanático.
El racismo y la intolerancia vestidos de política de Estado no son síntomas de fuerza, sino de cobardía institucional. No hay nada de patriótico en ensañarse con el débil ni hay nada de revolucionario en encarcelar al que piensa diferente.
El peligroso ejemplo de la "superpotencia"
El problema de fondo adquiere una dimensión aún más oscura cuando estas prácticas no provienen de un régimen marginado, sino de quien ocupa el puesto democrático teóricamente más influyente del planeta: la presidencia de los Estados Unidos.
¿Qué mensaje de liderazgo le está enviando al mundo la cabeza de la potencia global cuando valida el uso de la fuerza desmedida, celebra la intimidación en redes sociales o promueve herramientas de sometimiento físico? ¿Cómo pedirle moderación, respeto a los derechos humanos o apego al debido proceso a gobernantes en Latinoamérica o en cualquier otro rincón de la Tierra, si el propio Donald Trump utiliza la tribuna más poderosa del mundo para legitimarlo?
Cuando el supuesto referente de la democracia occidental apela al espectáculo de la represión, les entrega un cheque en blanco y una justificación perfecta a los autoritarios de todos los signos ideológicos. El mensaje implícito para otros líderes es devastador: si la superpotencia lo hace y lo exhibe con orgullo, la represión no sólo es aceptable, sino que es la vía correcta para ejercer el poder.
Exige coherencia
Si la ciudadanía sigue comprando el discurso del "enemigo necesario", continuaremos atrapados en un círculo infinito donde el poder cambia de manos pero los métodos de opresión se mantienen intactos.
Es urgente entender que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha; son de valor universal. No se puede defender la libertad de prensa en Caracas mientras se aplaude la intimidación a periodistas en Washington. No se puede condenar la represión en una marcha callejera mientras se justifica la redada racista en un barrio migrante.
El verdugo no deja de ser verdugo por ponerse una corbata conservadora o un uniforme revolucionario. Nuestro deber como ciudadanos, como observadores y como comunicadores es denunciar el abuso venga de donde venga, con la misma contundencia y sin concesiones ideológicas.
El día que entendamos que la dignidad humana no admite matices partidistas, estaremos dando el primer paso real hacia una sociedad verdaderamente democrática. Mientras tanto, seguir justificando al "represor amigo" solo nos convierte en espectadores y cómplices de un espectáculo oscuro donde la única perdedora es la libertad.
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