La paradoja del sistema educativo catalán: el fraude de premiar la asistencia y triturar el esfuerzo
La crisis educativa en Cataluña toca fondo: cómo las leyes que prometen 'inclusión' acaban expulsando a sus mejores estudiantes
Primer día de clase en un colegio de España
El sistema educativo en Cataluña sufre de una preocupante distorsión de valores que se ha vuelto especialmente visible tras sus recientes crisis institucionales e internacionales. Bajo el marco normativo por el que prometen inclusión, equidad y una evaluación basada en competencias, la realidad de las aulas catalanas destapa una contradicción flagrante. El modelo vigente ha diseñado una falsa flexibilidad que permite a los alumnos desmotivados pasar de curso acumulando materias suspensas, mientras aplica una rigidez burocrática implacable contra aquellos estudiantes que, lidiando con serios problemas de salud, demuestran un esfuerzo titánico y una excelencia académica intachable.
En un territorio que arrastra un grave retroceso en el nivel de aprendizaje y que se enfrenta a un apagón informativo por la invalidez de sus datos estadísticos, la presencialidad física se sigue blindando como el Dios supremo de la administración escolar, castigando el mérito y la resiliencia personal por encima del conocimiento y aprendizaje real.
La cultura de "calentar la silla"
La implantación de las últimas reformas educativas, singularmente la LOMLOE, trajo consigo una premisa teórica bienintencionada: evitar el estigma de la repetición y el abandono escolar temprano. Para ello, se flexibilizaron los criterios de promoción, dejando en manos del equipo docente la decisión de pasar de curso a un alumno con independencia de su número de asignaturas suspensas.
El espíritu de la norma dicta que el estudiante debe avanzar mientras recibe refuerzo personalizado.
Sin embargo, la cruda realidad de los centros públicos -asfixiados por ratios elevados, falta de personal y una carga burocrática asfixiante- ha convertido esta flexibilidad en una suerte de "aprobado por imperativo legal".
En la práctica, un alumno puede asistir a clase como desgana, mostrar un absentismo pasivo absoluto, no realizar los trabajos y suspender los exámenes, y aún así encontrar un camino pavimentado para promocionar. El sistema prioriza el cumplimiento estadístico del centro por encima de la cultura del esfuerzo. El simple hecho de "calentar la silla" de forma presencial dota al estudiante mediocre de una red de seguridad que el propio sistema le teje de forma automática.
El castigo intolerable a la excelencia vulnerable
La verdadera perversión del modelo aparece cuando este se enfrenta a la vulnerabilidad de la salud. Imaginemos la situación, desgraciadamente habitual, de un alumno brillante aquejado de una enfermedad crónica, un proceso oncológico, problemas de salud mental o la necesidad de someterse a tratamientos y revisiones médicas recurrentes. Este estudiante se ve obligado a faltar a clase de manera intermitente o prolongada. A pesar del dolor, del cansancio y del aislamiento, hace gala de una madurez extraordinaria: se mantiene al día de forma autónoma, estudia desde la cama de un hospital o en su hogar, realiza los trabajos requeridos y, cuando se presenta a las pruebas de evaluación, obtiene calificaciones excelentes.
¿Cómo responde la maquinaria administrativa ante este ejemplo de superación?
Con una hostilidad reglamentaria feroz. Muchos institutos, escudándose en sus Reglamentos de Régimen Interno y en una interpretación retorcida de la "evaluación continua", aplican de forma automática penalizaciones por faltas de asistencia, restando puntos directamente de la nota final. Peor aún: se dan casos sangrientos en los que los departamentos se niegan a flexibilizar la fecha de un examen por causa médica justificada, adjudicando un cero matemático en el casillero del alumno y haciendo la media con el resto.
El resultado es devastador: un expediente académico brillante arruinado por una hoja de cálculo inflexible.
Un laberinto burocrático que expulsa el talento
Cuando las familias intentan combatir estas injusticias, se topan con un muro corporativo casi infranqueable. La teoría legal protege al menor: la normativa prohíbe evaluar la asistencia restando puntos académicos, calificar mediante medias aritméticas puras de exámenes o denegar el derecho a una prueba alternativa por fuerza mayor. Sin embargo, el circuito de reclamaciones oficiales es un laberinto desesperantemente lento.
Presentar una queja formal ante la Jefatura de Estudios o elevar el caso a la Inspección de Educación suele traducirse en meses de silencio administrativo o en respuestas ambiguas que blindan la "autonomía pedagógica" del profesor.
Para cuando una institución externa como el Defensor del Pueblo atiende el caso y da la razón a la familia, el curso escolar ha terminado, las oportunidades de acceso a becas o a la universidad se han esfumado y, lo que es más trágico, la motivación intrínseca del estudiante está completamente destruida. El sistema, concebido teóricamente como un trampolín social, termina actuando como una centrifugadora que expulsa a los alumnos más valiosos y resilientes, abocándolos al abandono por pura extenuación psicológica.
Hacia una flexibilidad humana y real
Es una urgencia social y pedagógica denunciar esta doble vara de medir.
Resulta cínico presumir de un sistema educativo comprensivo e inclusivo que maquilla las estadísticas permitiendo el avance de alumnos sin los conocimientos mínimos, mientras castiga administrativamente la excelencia de quienes sufren la desgracia de enfermar. La flexibilidad no puede ser una herramienta política para inflar las notas medias de una comunidad autónoma, sino un mecanismo humano para adaptar la enseñanza a las realidades vitales de los estudiantes.
Los centros educativos deben entender que la evaluación continua no consiste en obligar a fichar diariamente en un aula, sino en constatar que el alumno ha adquirido las competencias y los conocimientos necesarios. Si un estudiante demuestra que domina la materia a través de los instrumentos a su alcance, penalizarlo por sus informes clínicos es una negligencia moral y un fraude a la propia función docente. Es hora de derribar los ceros burocráticos y empezar a valorar el mérito, el esfuerzo real y la capacidad de superación de quienes, contra viento y marea, se empeñan en seguir aprendiendo.