Un Gobierno que entienda el turismo

España volverá a las urnas el próximo 29 de noviembre.

Durante las próximas semanas hablaremos de economía, empleo, vivienda, impuestos, pensiones, seguridad, infraestructuras, educación o servicios públicos.

Y espero que hablemos también de turismo. Yo lo haré.

Porque resulta difícil comprender que una actividad que sostiene una parte fundamental de nuestra economía siga ocupando demasiadas veces un lugar secundario en el debate político nacional.

Los últimos datos oficiales disponibles sitúan la aportación del turismo en más de 200.000 millones de euros y el 12,6% del PIB. En 2025 dio empleo a casi tres millones de personas, el 13,4% del total. Ese mismo año recibimos 96,8 millones de turistas internacionales, que gastaron 134.712 millones de euros.

No estamos hablando de una industria cualquiera.

Estamos hablando de uno de los grandes aliados del Estado.

Porque el turismo crea empleo, genera riqueza, atrae inversión, sostiene cientos de miles de empresas y autónomos, contribuye a nuestra balanza de pagos, financia servicios públicos mediante impuestos y proyecta la imagen de España por todo el mundo.

Sin embargo, demasiadas veces la política española sigue sin tratarlo conforme a lo que representa.

Celebramos los récords cuando llegan.

Pero gobernar el turismo no consiste en hacerse una fotografía cuando las cifras son buenas.

Gobernar consiste en anticiparse.

En escuchar. En planificar. En comprender que ser líderes hoy no garantiza seguir siéndolo mañana.

Durante estos años he denunciado desde el Congreso y desde el Senado muchas decisiones que, a mi juicio, demuestran esa falta de peso político del turismo dentro del Gobierno.

El Real Decreto 933/2021 y las cargas impuestas a alojamientos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos. Un programa del IMSERSO necesitado de una profunda modernización. Los problemas ferroviarios. Las necesidades de nuestros aeropuertos. La falta de vivienda para miles de trabajadores turísticos. La necesidad de mejorar la financiación de los municipios que soportan millones de visitantes. La formación y profesionalización. O la facilidad con la que algunos han convertido al turismo en culpable de problemas que llevan años sin resolver.

Y tenemos un ejemplo reciente que debería hacernos reflexionar: Ceuta.

La invasión vivida este verano no solamente golpeó su seguridad y su convivencia. Golpeó también de lleno a su economía y a su turismo. La Cámara de Comercio llegó a cifrar en 33 millones de euros las pérdidas económicas directas durante el primer mes y en cerca de un 90% el desplome de la actividad turística.

Detrás de esos porcentajes hay hoteles, agencias, restaurantes, comercios, guías, autónomos y familias que vieron desaparecer sus clientes prácticamente de un día para otro.

La respuesta del Gobierno llegó tarde y, sobre todo, fue claramente insuficiente frente a la magnitud del daño sufrido. Las medidas de apoyo y promoción aprobadas difícilmente podían compensar unas pérdidas millonarias y un desplome de la actividad turística cercano al 90%.

Cuando un destino ve deteriorarse en cuestión de semanas su actividad, su imagen y la confianza de quienes lo visitan, no bastan actuaciones puntuales para reparar el daño. Ceuta necesitaba una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria y, a mi juicio, no la tuvo. Porque proteger un destino cuando atraviesa una crisis también es política turística.

España necesita otra mirada.

Necesita comprender que cada decisión adoptada desde Interior, Vivienda, Trabajo, Transportes, Hacienda o cualquier otro ministerio puede terminar afectando también a nuestra competitividad turística.

Por eso llevo tiempo reclamando que el turismo tenga verdadero peso en el Consejo de Ministros.

España no puede seguir teniendo una política turística que se limite a administrar los récords que consigue el propio sector. Durante estos años hemos echado en falta liderazgo, interlocución y una visión transversal a la altura de nuestra principal industria.

El turismo ha respondido una y otra vez a España con empleo, riqueza e inversión. El Estado debe responder al turismo con políticas a su altura.

Y por eso considero importante que Alberto Núñez Feijóo haya situado reiteradamente esta industria entre los sectores estratégicos para España, como venimos haciendo desde el Partido Popular.

No lo ha descubierto ahora porque haya elecciones.

Hace años que le escuchamos hablar de ello.

Lo hizo incluso en mi ciudad, Benidorm, reivindicando el turismo como tarjeta de presentación de España y reclamando que fuera cuidado y protegido.

Ha defendido una ley específica para impulsar el sector, un PERTE turístico, planes de modernización, formación y profesionalización, apoyo al talento, turismo rural, internacionalización de nuestras empresas y una revisión de programas fundamentales como el IMSERSO.

Y dejó una frase que resume perfectamente una manera de entender esta industria:

«Invertir en turismo es hacerlo en crecimiento, empleo y marca España».

Comparto plenamente esa concepción.

Porque España necesita un Gobierno que entienda el turismo.

Que escuche antes de legislar.

Que dé seguridad jurídica a quien quiere invertir.

Que considere al empresario un aliado y no alguien permanentemente bajo sospecha.

Que reduzca burocracia.

Que cuide nuestras infraestructuras.

Que garantice una conectividad aérea y ferroviaria propia de una potencia turística mundial.

Que ayude a formar y atraer a los profesionales que necesitaremos durante los próximos años.

Que afronte el problema de la vivienda en los destinos donde nuestros trabajadores tienen cada vez más dificultades para residir.

Que entienda que sostenibilidad también significa rentabilidad, convivencia y futuro.

Y que defienda al turismo cuando otros intenten convertirlo en chivo expiatorio.

Desde el Partido Popular siempre hemos definido al turismo como una industria estratégica y defendemos un modelo orientado a generar más valor, acompañado de infraestructuras modernas, formación, seguridad jurídica y una administración ágil.

Hay una idea de ese planteamiento con la que también me identifico especialmente:

El Estado debe ser facilitador, no un obstáculo.

Eso debería valer para el turismo y para cualquier sector productivo.

Porque detrás de las grandes cifras no existen solamente estadísticas.

Hay un hotel familiar que lleva generaciones abierto.

Una agencia de viajes.

Un restaurante.

Una empresa de transporte.

Un camping.

Una compañía aérea.

Un guía turístico.

Una camarera de piso.

Un recepcionista.

Un autónomo que cada mañana levanta la persiana.

Hay millones de españoles que no aparecen en las fotografías de los récords, pero que son quienes realmente los hacen posibles.

Y ellos necesitan algo más que felicitaciones.

Necesitan políticas.

España se juega mucho en los próximos años.

La competencia internacional aumenta. La inteligencia artificial está cambiando la manera de elegir, reservar y disfrutar un viaje. Los turistas cambian. Los destinos cambian. Aparecen nuevos competidores. Necesitamos inversión, talento, infraestructuras, digitalización, sostenibilidad y una estrategia nacional capaz de mirar más allá de la próxima temporada.

No podemos administrar el éxito. Tenemos que preparar el siguiente.

El 29 de noviembre los españoles decidirán qué Gobierno quieren para afrontar los próximos años.

Y entre todas las cuestiones que formarán parte de ese debate, reivindico que haya también una pregunta que rara vez hacemos:

¿Qué Gobierno necesita una de las mayores potencias turísticas del mundo?

Yo tengo clara mi respuesta.

Uno que conozca esta industria. Que la escuche. Que la respete. Que comprenda sus problemas. Que reconozca a sus profesionales. Que facilite la inversión. Que defienda nuestra competitividad y que sea consciente de todo lo que el turismo aporta cada día a España.

Y, sinceramente, hoy la única alternativa política capaz de ofrecer todo ello es la que representan el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. Un proyecto que entiende el turismo como lo que realmente es: una industria estratégica para España y uno de los grandes motores de nuestro futuro.

Porque el turismo no necesita privilegios.

Necesita políticas a la altura de su importancia.

Es empleo. Es empresa. Es inversión. Es cohesión territorial. Es imagen internacional. Es oportunidades. Es riqueza.

Es nuestro oro silencioso.

Y una industria que sostiene tanto a España merece un Gobierno que entienda el turismo.

Por fin.