Gobernar también es facilitar

Un hotel puede calcular cuánto paga de electricidad. Un restaurante sabe cuánto le cuestan sus suministros. Una agencia de viajes conoce sus gastos de personal. Un empresario puede calcular sus impuestos, sus alquileres o sus costes financieros.

Pero ¿cuánto cuesta una licencia que tarda meses en llegar? ¿Una inversión que permanece paralizada esperando una autorización? ¿Las horas que un autónomo dedica a rellenar formularios, presentar documentación o cumplir obligaciones administrativas que cambian constantemente?

La burocracia también tiene un precio. Y lo peor es que no siempre aparece en la cuenta de resultados.

Cuando hablamos de la competitividad del turismo español solemos pensar en infraestructuras, conectividad, fiscalidad, formación, digitalización o calidad de nuestros servicios. Todos ellos son factores determinantes.

Pero hay otro que demasiadas veces pasa desapercibido: el tiempo que nuestras empresas pierden intentando abrirse camino entre normas, procedimientos, autorizaciones y administraciones que no siempre se entienden entre sí.

Porque el tiempo también es dinero.

Y para quien tiene que levantar cada mañana la persiana de su negocio, posiblemente sea uno de sus recursos más valiosos.

España ha construido una de las industrias turísticas más importantes del mundo. Lo ha hecho gracias a generaciones de empresarios, trabajadores, emprendedores y familias que han invertido, arriesgado, innovado y sabido adaptarse a circunstancias extraordinariamente cambiantes.

Sin embargo, a veces tengo la sensación de que hemos terminado normalizando algo que debería preocuparnos mucho más: que quienes generan riqueza y empleo tengan que dedicar una parte creciente de sus esfuerzos a gestionar las exigencias de la propia Administración.

No se trata de cuestionar la necesidad de las normas.

Por supuesto que necesitamos controles sanitarios, garantías ambientales, protección de los consumidores, derechos laborales, seguridad y una competencia leal.

Una industria de la importancia del turismo no puede funcionar sin reglas.

La cuestión es otra.

¿Son todas las obligaciones realmente necesarias? ¿Están suficientemente coordinadas las administraciones? ¿Se exige varias veces información que ya obra en poder de los poderes públicos? ¿Se evalúa cuánto cuesta a una pequeña empresa cumplir una nueva disposición antes de aprobarla?

Y, sobre todo, ¿somos conscientes de las consecuencias económicas que puede tener todo ello?

Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar, junto a Juan Bravo y José Vicente Marí, en una reunión con el Consejo de Turismo de CEOE. Entre las muchas cuestiones abordadas, hubo una preocupación que apareció con especial claridad: la acumulación regulatoria, las duplicidades administrativas y la falta de coordinación entre las distintas administraciones están condicionando la competitividad de nuestras empresas.

No es una cuestión menor.

Y tampoco es una reivindicación exclusivamente turística.

Porque buena parte de las normas que afectan a un hotel, un restaurante, una agencia de viajes o una empresa de transporte ni siquiera nacen de la política turística.

Proceden de ámbitos laborales, fiscales, medioambientales, energéticos, tecnológicos o de seguridad.

Cada departamento puede tener sus propios objetivos y sus propias exigencias. Pero alguien debería detenerse a analizar qué sucede cuando todas esas obligaciones terminan acumulándose sobre una misma empresa.

Especialmente cuando hablamos de pequeñas empresas y autónomos, que constituyen una parte esencial de nuestro tejido productivo.

Pensemos en algo muy sencillo.

Una gran compañía puede disponer de departamentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y de cumplimiento normativo.

Un pequeño empresario turístico, en cambio, muchas veces tiene que ser al mismo tiempo gerente, comercial, responsable de personal y encargado de atender a sus clientes.

La norma puede ser la misma.

Pero el esfuerzo necesario para cumplirla no lo es.

Y esa diferencia importa.

Porque cada hora dedicada a resolver una exigencia innecesariamente compleja es una hora que no se dedica a mejorar un servicio, atender a un cliente, formar a un trabajador o hacer crecer un negocio.

Tenemos ejemplos concretos.

El Real Decreto 933/2021, que regula obligaciones de registro documental e información en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos, ha provocado una controversia prolongada con las agencias de viajes, alojamientos o empresas de alquiler de vehículos.

Todas las organizaciones empresariales han denunciado duplicidades en la comunicación de datos, dificultades de aplicación y costes administrativos añadidos. También han planteado objeciones relacionadas con la protección de datos personales.

El Real Decreto 933/2021 plantea, además, una cuestión que corresponde responder al Gobierno de España: si las organizaciones del sector llevan tiempo advirtiendo de duplicidades, dificultades de aplicación y problemas relacionados con la protección de datos, ¿qué evaluación se ha realizado de esas advertencias y qué medidas concretas se han adoptado para corregir las cargas que puedan resultar innecesarias?

La responsabilidad de gobernar no termina cuando se aprueba una norma. Incluye escuchar a quienes deben aplicarla, evaluar sus consecuencias y rectificar cuando sea necesario.

Nadie discute que garantizar la seguridad ciudadana sea una obligación fundamental del Estado.

Pero garantizar la seguridad no debería impedirnos preguntarnos si existen procedimientos más proporcionados, sencillos y eficaces para alcanzar exactamente el mismo objetivo.

La seguridad y la simplificación administrativa no tienen por qué ser incompatibles.

De hecho, una Administración capaz de compartir correctamente la información de la que ya dispone debería poder evitar cargas innecesarias sin renunciar a sus responsabilidades.

Y ahí aparece una de las grandes paradojas de nuestro tiempo.

Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, en la que nuestras empresas incorporan inteligencia artificial, automatizan procesos y utilizan herramientas tecnológicas para ganar productividad.

Sin embargo, seguimos encontrándonos con procedimientos administrativos que obligan a repetir datos, aportar documentación ya presentada o recorrer distintas ventanillas para completar una misma gestión.

Digitalizar un formulario no equivale necesariamente a simplificar un procedimiento.

Y trasladar la burocracia del papel a una pantalla no significa haberla eliminado.

Pero existe otro coste todavía más preocupante.

El de las oportunidades que se pierden.

Una empresa puede recuperar una inversión. Puede superar una temporada difícil. Puede adaptarse a un incremento de sus costes.

Lo que no siempre puede recuperar es el tiempo perdido.

Una autorización que se retrasa puede aplazar una reforma, una ampliación, la apertura de un establecimiento o la incorporación de nuevos trabajadores.

Y no todas las inversiones que se paralizan terminan reanudándose.

Algunas se aplazan indefinidamente.

Otras sencillamente buscan un destino diferente.

Conviene recordar que España no compite únicamente por atraer turistas. También compite por captar las inversiones que permitirán seguir atrayéndolos durante las próximas décadas.

Y quienes invierten necesitan conocer las reglas, confiar en su estabilidad y disponer de procedimientos administrativos razonablemente previsibles.

No se trata de conceder privilegios.

Se trata de ofrecer certidumbre.

Por eso considero imprescindible avanzar hacia una verdadera simplificación administrativa que vaya bastante más allá de los anuncios y de las declaraciones de intenciones.

Necesitamos administraciones que compartan información, eliminen duplicidades y eviten exigir reiteradamente documentos que ya poseen.

Procedimientos digitales realmente interoperables.

Plazos claros y seguimiento de los expedientes.

Ventanillas únicas que permitan tramitar proyectos de inversión sin tener que peregrinar innecesariamente de una administración a otra.

Y algo que me parece especialmente importante: evaluar el coste real que cada nueva obligación supone para las pequeñas empresas antes de imponerla.

Porque legislar también exige conocer las consecuencias de lo que se legisla.

Desde el Partido Popular siempre hemos defendido la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y la reducción de cargas innecesarias como condiciones para favorecer la actividad económica.

Y si estos principios son importantes para cualquier sector productivo, resultan especialmente necesarios para una industria tan transversal como el turismo, cuya competitividad depende de decisiones que afectan a múltiples administraciones, ámbitos regulatorios y actividades económicas.

Pero esta tarea no puede recaer exclusivamente en el Gobierno de España. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen también una responsabilidad fundamental. La simplificación administrativa exige coordinación, cooperación y voluntad de eliminar obstáculos, respetando las competencias de cada administración, pero evitando que su distribución termine convirtiéndose en una dificultad añadida para quienes emprenden, invierten y generan empleo.

Porque al empresario que espera una autorización, una licencia o una respuesta no le interesa quién tiene la competencia ni qué administración debe resolver su expediente.

Lo que necesita son soluciones, no explicaciones sobre por qué todavía no las tiene.

España tiene empresas turísticas extraordinarias. Empresas que compiten en los mercados internacionales, que crean empleo, que exportan conocimiento y que han demostrado una enorme capacidad de adaptación.

No podemos exigirles que sean cada vez más innovadoras, más competitivas, más eficientes y más productivas mientras mantenemos procedimientos que consumen innecesariamente su tiempo y sus recursos.

No podemos pedirles que aceleren mientras la Administración sigue funcionando, demasiadas veces, a otra velocidad.

Y no deberíamos resignarnos a que la complejidad administrativa sea simplemente otro coste inevitable de emprender en España.

Porque no lo es.

Una buena Administración no es aquella que más documentos exige.

Es aquella que protege el interés general, garantiza los derechos de todos y resuelve con eficacia.

Que controla cuando debe controlar. Que exige cuando debe exigir. Pero que también facilita cuando puede facilitar.

Y que comprende que detrás de cada expediente puede haber un proyecto empresarial, una inversión, nuevos empleos y el futuro de muchas familias.

La próxima vez que hablemos de los costes que soporta nuestra industria turística, convendría recordar que existe uno que no siempre figura en las estadísticas.

El coste de esperar.

El de repetir.

El de justificar una y otra vez lo que la Administración ya debería saber.

El de las oportunidades que desaparecen mientras un expediente continúa sobre una mesa.

Porque para la Administración puede ser un trámite más.

Para un empresario puede ser la inversión de su vida.

Y para España, una oportunidad de crecimiento que no deberíamos permitirnos perder.

La burocracia también tiene un precio.

Y ya es hora de que empecemos a preguntarnos cuánto nos está costando.

Porque España y su industria turística necesitan algo más que buenas intenciones: necesitan un Gobierno que lleve en su ADN la convicción de que facilitar la actividad económica, ofrecer seguridad jurídica y eliminar obstáculos innecesarios también es una forma de crear riqueza, generar empleo, construir futuro y hacer país.