El negocio solar y las reglas que cambian afectando directamente a miles de familias

España produce cada vez más energía solar pero las plantas ganan cada vez menos. En las horas de sol, el mercado paga de media entre 30 y 34 euros por megavatio hora, por debajo de los 32 a 35 euros que el director general de la patronal APPA marca como coste mínimo para que una instalación sea rentable. En 2022 se registraron cinco horas con precios de cero euros o negativos y en lo que va de 2026 ya son unas 1.100, según La Nueva España. La patronal UNEF cifra el problema en torno al 17 % de las instalaciones, entre 7 y 8 gigavatios de potencia, y ha pedido al Gobierno una línea de financiación del ICO de unos 300 millones de euros. Las conversaciones con el Ejecutivo están paralizadas, según el propio sector, y la ministra Sara Aagesen no mencionó la petición en el congreso anual de la patronal.

España ya cambió las reglas a mitad de partida

No es la primera vez que quien invierte en energía solar en España descubre que las reglas cambian después de firmar el préstamo. Entre 2007 y 2008, el Real Decreto 661/2007 y la campaña del IDAE «El sol puede ser suyo» animaron a miles de particulares a instalar placas con primas garantizadas a largo plazo. Más de 60.000 familias y pequeños productores, según la asociación Anpier, se acogieron a ellas, en muchos casos con financiación bancaria. Los primeros recortes llegaron entre 2010 y 2012 pero el definitivo fue el Real Decreto-ley 9/2013, que derogó el régimen de primas y cambió la retribución de instalaciones ya construidas y en funcionamiento. Un año después, el Real Decreto 413/2014 fijó la nueva fórmula: una «rentabilidad razonable» del 7,398 % antes de impuestos, revisable cada seis años. Según pv magazine, el recorte medio rondó el 30 % de los ingresos esperados. El Tribunal Supremo avaló la reforma y, según relató El País en septiembre de 2024, el resultado fueron refinanciaciones, viviendas hipotecadas y plantas y casas perdidas.

Los inversores extranjeros acudieron al arbitraje

Los grandes inversores extranjeros tenían una vía que las familias españolas no tenían, el arbitraje internacional de inversiones, al que un ciudadano no puede acudir contra su propio país. Según el recuento del portal energias-renovables.com de noviembre de 2025, los tribunales de arbitraje han dictado 28 laudos contra España por unos 2.000 millones de euros. España se resistió a pagarlos y en junio de 2025 abonó el primero, 23,5 millones a la constructora japonesa JGC. La Comisión Europea investiga desde agosto de 2026 si ese pago es una ayuda de Estado ilegal, según El País, y en marzo de 2025 ya había bloqueado otro de 101 millones al fondo Antin por el mismo motivo. La mayoría de los laudos sigue sin cobrarse y varios acreedores los ejecutan por vía forzosa en Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido.

En 2019, el Real Decreto-ley 17/2019 permitió a las instalaciones que tenían régimen primado cuando entró en vigor el recorte de 2013 mantener, bajo las condiciones de la norma, el 7,398 % hasta 2031. La norma excluía de esa garantía a las instalaciones con un procedimiento arbitral o judicial abierto por los recortes, que solo podían acogerse si retiraban el procedimiento y renunciaban a cualquier indemnización; el objetivo declarado era cerrar los arbitrajes. Lo que la norma no hizo fue devolver lo ya perdido. Anpier y los pequeños productores la consideran un nuevo intento de estafa y seguirán reclamando una reparación en las fuentes consultadas hasta mayo de 2026. En noviembre de 2025, según 20minutos, esas familias exigían a la ministra Aagesen el mismo trato que a los fondos que ganan compensaciones millonarias.

La reforma china distingue entre plantas viejas y nuevas

China afronta un problema parecido al español. Demasiada energía solar para un mercado que no consigue absorberla. En febrero de 2025, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía publicaron el Documento 136, que lleva toda la electricidad renovable a venderse en el mercado. El texto comenta que las plantas conectadas antes del 1 de junio de 2025 conservan como referencia los precios de la política vigente, sin superar el de referencia del carbón local, y un mecanismo les liquida la diferencia con el precio de mercado, a cobrar o a devolver. Cada año eligen qué proporción de su producción se acoge al mecanismo, con el tope de la del año anterior, y las que cobraban subvenciones las mantienen. Las plantas nuevas venden en el mercado y solo una parte de su producción, la que se fije cada año, puede acogerse al mecanismo con un precio que sale de subastas.

El ajuste llegó también allí y China instaló 110,83 gigavatios de energía solar en los nueve primeros meses de 2026, un 54 % menos que en el mismo periodo de 2025, según datos de la Administración Nacional de Energía recogidos por pv magazine. La comparación es exigente, porque en 2025 los promotores adelantaron proyectos para conectarlos antes del cambio, con 93 gigavatios solo en mayo de ese año, pero la patronal china del sector atribuye la caída también a los precios bajos, los vertidos y el encarecimiento de los proyectos, según el mismo medio. El sector vive además una guerra de precios que ha hundido los márgenes de los fabricantes, según Xinhua. China tampoco ha resuelto el negocio solar.

La pregunta es quién paga la transición

España y China han llegado al mismo punto por caminos distintos. La energía solar es un éxito técnico pero un negocio difícil. En China, la reforma distinguió entre lo construido y lo nuevo. En España, el cambio de 2013 recayó sobre quien ya había invertido y, trece años después, miles de familias siguen reclamando. El sector fotovoltaico pide al Gobierno rediseñar el mercado eléctrico y una línea de financiación para las plantas que no llegan. Aún miles de familias piden reparación para los pequeños productores que perdieron con el recorte. Las dos peticiones siguen abiertas. El Gobierno debería responder a las dos, dando una respuesta a las dificultades actuales del sector y también revisar la reclamación de los pequeños productores afectados por la reforma de 2013.