El valor de la palabra dada: la confianza como base política

Hay valores que no deberían pasar de moda. La honestidad, la responsabilidad, el respeto a los demás y, especialmente, el valor de la palabra dada. Valores que aprendimos en casa, que hemos visto practicar a generaciones anteriores y que siguen siendo imprescindibles para que una sociedad funcione.

Durante mucho tiempo, un apretón de manos bastaba para cerrar un acuerdo. La palabra tenía un significado, un peso y una responsabilidad. Quien se comprometía con algo sabía que estaba poniendo en juego mucho más que una promesa: estaba comprometiendo su credibilidad.

Hoy seguimos necesitando exactamente lo mismo. En nuestras relaciones personales, en nuestras empresas, en las instituciones y, por supuesto, en la política.

Porque la política debería ser, por encima de cualquier otra consideración, una actividad basada en la confianza.

Y resulta difícil construir confianza cuando los ciudadanos terminan acostumbrándose a escuchar promesas que después no saben si se cumplirán, anuncios que se suceden sin resultados visibles y compromisos que parecen tener fecha de caducidad.

No debería ser así.

Quienes hemos dedicado una parte importante de nuestra vida al servicio público sabemos que las palabras tienen consecuencias. Que detrás de cada decisión hay personas, familias, trabajadores y empresas. Que cuando uno se compromete a defender una reivindicación, a impulsar una infraestructura o a resolver un problema, está generando una expectativa legítima en quienes han depositado su confianza en él.

Y que esa confianza merece respeto.

Precisamente por eso resulta tan preocupante lo que hemos vivido durante estos últimos ocho años. A mi juicio, Pedro Sánchez ha contribuido a normalizar algo que jamás debería encontrar acomodo en la política, y mucho menos en la Presidencia del Gobierno: la mentira política. Hemos asistido a cambios de posición sobre compromisos fundamentales, a promesas que después se han incumplido y a explicaciones que no siempre han resistido el contraste con los hechos.

No se trata de exigir a un presidente que nunca rectifique. Rectificar puede ser necesario y legítimo. Se trata de exigirle que explique sus decisiones, que asuma sus contradicciones, que no mienta y que respete la inteligencia de los ciudadanos.

Porque cuando la palabra de un presidente pierde credibilidad, no se deteriora únicamente su reputación personal. Se resiente también la confianza en las instituciones que representa.

Y recuperar esa confianza debería ser una prioridad para cualquiera que aspire a gobernar España.

Esta semana, Alberto Núñez Feijóo presentó el programa electoral con el que el Partido Popular concurre a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un documento titulado La Reconstrucción Nacional, organizado alrededor de cuatro grandes objetivos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición.

Pero hubo algo de aquella presentación que, personalmente, me pareció especialmente significativo.

Feijóo no se limitó a explicar las medidas que propone. Planteó también que los ciudadanos podrán evaluar su cumplimiento al término de la legislatura.

Es decir, vinculó públicamente sus compromisos con la obligación de rendir cuentas.

Y esa debería ser una exigencia elemental para cualquiera que aspire a presidir el Gobierno de España.

Porque un programa electoral no debería ser una colección de buenas intenciones, ni un catálogo de promesas diseñado para desaparecer después de las elecciones. Debería constituir un compromiso público, conocido por los ciudadanos y susceptible de ser comprobado.

Naturalmente, presentar un programa no equivale a cumplirlo. La verdadera prueba llega después, cuando hay que tomar decisiones, aprobar presupuestos, establecer prioridades y transformar los compromisos en realidades.

Precisamente por eso considero importante que los políticos aceptemos ser evaluados.

No por la cantidad de titulares que generamos. No por el número de anuncios que realizamos. Ni siquiera por la brillantez de nuestros discursos.

Por los resultados.

En el turismo conocemos muy bien el significado de esta responsabilidad.

España se ha convertido en una de las grandes potencias turísticas del mundo gracias al esfuerzo de generaciones de empresarios, trabajadores, profesionales y familias que entendieron algo esencial: la confianza de un cliente no se compra con publicidad ni propaganda. Se conquista cumpliendo.

Un hotel puede tener unas instalaciones extraordinarias, una campaña de promoción impecable y unas fotografías maravillosas. Pero si la experiencia del huésped no responde a lo prometido, todo lo anterior pierde todo su valor.

Lo mismo ocurre con un restaurante, una agencia de viajes, una compañía de transporte o cualquier destino turístico.

La hospitalidad es, en cierto modo, una promesa.

La promesa de recibir bien, de ofrecer calidad, de garantizar profesionalidad y de procurar que quien nos visita encuentre aquello que esperaba.

Y nuestro país ha construido buena parte de su prestigio internacional sobre millones de pequeñas promesas cumplidas cada día.

Esa cultura del compromiso debería inspirar también nuestra manera de gobernar.

Cuando hablamos de infraestructuras, por ejemplo, no estamos hablando únicamente de hormigón, carreteras, estaciones o aeropuertos. Estamos hablando de oportunidades económicas, de seguridad, de cohesión territorial y de la capacidad de España para seguir siendo un destino competitivo.

El programa presentado por el Partido Popular plantea recuperar la planificación de las infraestructuras y prestar atención prioritaria a su mantenimiento. Una orientación que afecta directamente a una industria turística que necesita conexiones fiables, servicios públicos eficaces y capacidad para responder a las necesidades de residentes y visitantes.

Y aquí conviene recordar algo que he defendido durante años: la política turística no empieza ni termina en las campañas de promoción.

También se hace política turística cuando se mejora una carretera, cuando se moderniza un aeropuerto, cuando se garantiza el abastecimiento de agua, cuando se refuerza la seguridad o cuando se facilita que un trabajador pueda vivir cerca de su empleo.

Por eso, cualquier compromiso sobre estas materias debe analizarse también desde su impacto sobre el turismo.

Lo mismo sucede con la vivienda.

El programa del Partido Popular incorpora propuestas para aumentar su construcción, facilitar el acceso a la primera vivienda y reducir determinados obstáculos administrativos. Son compromisos que tendrán que concretarse, ejecutarse y evaluarse si se asumen responsabilidades de gobierno.

Pero su importancia para el turismo resulta evidente.

En muchos destinos españoles, el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una preocupación para quienes trabajan en hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios. No podemos hablar seriamente de competitividad turística sin prestar atención a las condiciones de vida de las personas que sostienen diariamente nuestra industria.

También las familias, los autónomos y las pequeñas empresas necesitan reglas claras y un entorno que les permita planificar su futuro.

La seguridad jurídica, la estabilidad normativa y una Administración que responda en plazos razonables son cuestiones esenciales para cualquier actividad económica. Y especialmente para un sector formado por miles de empresas que invierten, contratan y generan oportunidades en todos los rincones de España.

Durante estos años hemos visto cómo numerosas reivindicaciones de los destinos turísticos se prolongaban sin encontrar una respuesta satisfactoria. Infraestructuras pendientes, necesidades de modernización, dificultades de conectividad o problemas de financiación que los responsables municipales y los representantes del sector llevan demasiado tiempo trasladando a las administraciones.

Quienes vivimos en territorios turísticos conocemos bien las consecuencias de aplazar decisiones.

En Alicante sabemos lo que significa reclamar mejores conexiones, inversiones acordes con la importancia de nuestro aeropuerto y una planificación capaz de responder al crecimiento de nuestra provincia.

Porque el éxito turístico no es una herencia que pueda darse por garantizada. Es una responsabilidad que hay que seguir atendiendo.

En mi libro Turismo. El oro silencioso que sostiene a España he querido recordar precisamente el esfuerzo de quienes levantaron nuestra industria turística. Aquellos pioneros no disponían de todas las facilidades que hoy conocemos, pero tenían iniciativa, capacidad de trabajo y una enorme determinación para cumplir con quienes confiaban en ellos.

Construyeron empresas, desarrollaron destinos y contribuyeron a transformar España.

Y lo hicieron entendiendo que el prestigio se gana trabajando, no proclamándolo.

Quizá por eso me resulta tan natural relacionar el valor de la palabra dada con el turismo. Porque nuestra industria sabe que la reputación es uno de los activos más importantes que existen. Cuesta décadas construirla y puede deteriorarse cuando dejamos de cuidar aquello que nos hizo merecedores de confianza.

La política debería aprender de esa experiencia.

A mi juicio, España necesita recuperar una forma de entender el servicio público en la que comprometerse signifique asumir responsabilidades, explicar las decisiones y aceptar el examen de los ciudadanos.

Eso exige rigor a quien gobierna, pero también a quien aspira a gobernar.

Las propuestas de Feijóo están ya sobre la mesa. Corresponderá a los ciudadanos examinarlas, contrastarlas con otras alternativas y decidir qué proyecto consideran más adecuado. Y, si esas propuestas llegan a convertirse en responsabilidades de gobierno, corresponderá exigir su cumplimiento.

Así debe funcionar una democracia exigente.

Porque ningún dirigente debería pedir confianza sin aceptar, al mismo tiempo, la obligación de responder por ella.

Y Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho.

Siempre he pensado que la política, cuando se hace bien, es una de las actividades más bonitas del mundo. Lo sigo creyendo después de muchos años de dedicación parlamentaria, de escuchar a miles de personas y de defender las necesidades de mi tierra y de nuestro país.

Pero también he aprendido que la confianza de los ciudadanos constituye una responsabilidad inmensa.

No es un derecho adquirido. No se concede para siempre. Y nunca debería confundirse con un cheque en blanco.

Se gana trabajando. Se mantiene cumpliendo. Y se honra dando la cara cuando las cosas no salen como estaba previsto.

Al final, en la política, en el turismo y en la vida, hay algo que permanece por encima de los discursos, de los anuncios y de las campañas.

El verdadero valor de la palabra dada no está en pronunciarla. Está en cumplirla.