ESdiario

Expoliación en vida, desamparo tras la muerte: el fallido control de las fundaciones tutelares en Cataluña y la indefensión de las familias

Si el Estado y las administraciones autonómicas delegan la gestión del patrimonio de los ciudadanos más vulnerables en fundaciones privadas o concertadas, tienen la obligación ineludible de auditar hasta el último céntimo.

Europa Press

El juicio por el desfalco de más de 61.000 euros en la Fundación Lluís Artigues, vinculada al Pere Claver Grup, deja al descubierto las graves deficiencias de supervisión judicial y administrativa tras el fallecimiento de personas tuteladas.

Este caso, que llega a juicio en la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el próximo 25 de noviembre, no es una simple anécdota contable ni el fallo aislado de una empleada infiel. Es la radiografía de una grieta estructural en el sistema de protección patrimonial de las personas vulnerables y/o con discapacidad: el limbo administrativo y judicial que se abre justo en el momento en que fallece una persona tutelada o asistida.

La trampa de la presunción de buena fe

Para comprender cómo puede sostenerse una irregularidad así sin que salten las alarmas, hay que mirar más allá de la contabilidad interna de una fundación y observar el funcionamiento real de los juzgados de lo civil y los servicios sociales.

En la teoría legal -tanto bajo la Ley 8/2021 como en la normativa catalana-, toda entidad que asume funciones de apoyo patrimonial está obligada a presentar un inventario inicial de bienes, rendiciones anuales de cuentas y una liquidación final tras el fallecimiento. Sin embargo, en la práctica cotidiana de los tribunales saturados, la supervisión judicial suele reducirse a un trámite burocrático.

El sistema opera bajo dos inercias que anulan el control efectivo: la presunción de buena fe hacia las fundaciones tutelares y la presunción de veracidad casi automática otorgada a los informes de trabajadores sociales vinculados a la red pública o concertada.

Al asumir que estas entidades son colaboradoras fiables de la Administración, los juzgados rara vez cruzan los saldos iniciales con los extractos bancarios reales, ni imponen multas coercitivas cuando los inventarios o balanzas se retrasan meses o años.

El vacío tras la muerte y la desigualdad de armas

El momento más crítico se produce tras la defunción del usuario. En ese instante, el juzgado civil suele archivar el expediente de provisión de apoyos en cuanto recibe el certificado de defunción, y los servicios sociales dan de baja el caso. Se cierra la carpeta institucional antes de que nadie haya auditado si el saldo real de las cuentas coincide con el patrimonio que existía antes del fallecimiento y con los gastos reales debidamente justificados.

Es entonces cuando comienza el calvario para las familias y herederos, sometidos a una profunda desigualdad de armas frente a estructuras institucionales respaldadas por departamentos jurídicos y convenios públicos.

Por un lado, la inversión de la carga de la prueba. En lugar de ser la entidad gestora quien deba acreditar cada euro gastado ante un auditor público antes de cerrar el expediente, son los familiares quienes deben sospechar, peregrinar por las entidades bancarias para reconstruir extractos históricos y costear peritos contables de su propio bolsillo.

No ayuda la resistencia judicial a investigar. Incluso cuando los afectados consiguen reunir pruebas o aportan auditorías externas, y piden explicaciones, tropiezan con frecuencia con el archivo prematuro en la vía penal. Muchos juzgados de instrucción tienden a despachar estas denuncias como meros desajustes administrativos que deben resolverse en la lenta jurisdicción civil (que tampoco le da importancia y también archivan sin aclarar que ha pasado con el patrimonio o con los desmesurados e injustificados gastos), evitando investigar responsabilidades directas o fallos sistémicos de vigilancia.

Responsabilidad acotada. Cuando un caso logra abrirse paso hasta el banquillo -como ocurre en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde la Fiscalía pide cuatro años de prisión para la ex directiva y la responsabilidad civil subsidiaria de la fundación-, el foco suele limitarse al ejecutor material de las transferencias, dejando intacta la arquitectura de supervisión que permitió el descontrol.

Hacia una fiscalización real y de oficio

El desamparo que denuncian las familias no se resuelve con declaraciones de buenas intenciones ni con códigos éticos internos.

Si el Estado y las administraciones autonómicas delegan la gestión del patrimonio de los ciudadanos más vulnerables en fundaciones privadas o concertadas, tienen la obligación ineludible de auditar hasta el último céntimo.

Evitar nuevos desfalcos exige medidas concretas e inmediatas: la obligación bancaria de mancomunidad (doble firma electrónica) en todas las cuentas de personas asistidas, el bloqueo automático de disposiciones tras el registro de la defunción, auditorías externas independientes y, sobre todo, que los juzgados y la Fiscalía abandonen la presunción ciega de veracidad para ejercer una fiscalización real, pericial y de oficio antes de dar carpetazo a ningún expediente. Porque cuando la justicia mira hacia otro lado, la tutela deja de ser una garantía para convertirse en una zona de impunidad.

tracking