La acusación particular desmonta la versión de Mónica Oltra

La exvicepresidenta Mónica Oltra está siendo investigada en calidad de imputada por tres presuntos delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en una causa que parte a raíz de la querella de la asociación Gobierna-te por el cierre del centro de menores de Segorbe en 2017 tras la denuncia de los abusos sexuales a la menor. Conocemos más detalles sobre la situación jurídica que atraviesa Oltra de la mano de Pablo Delgado, el reconocido abogado del exvicepresidente Francisco Camps y actual representante de la asociación Gobierna-te como acusación particular contra Mónica Oltra.

¿Cuáles son los indicios que podrían probar una mala gestión de la conselleria de Mónica Oltra?

-Existe una falta de protección de la Conselleria hacia la menor. Los indicios plurales de la desatención son claros. Lo expresamos en la querella inicial, también lo indica el TSJ y el informe del fiscal. Ante la evidencia de que se había dado una orden judicial de protección a la menor, la consellera no protegió, sino que actuó para intentar esclarecer supuestamente cuáles son los motivos que llevaron a la menor a denunciar. La conselleria no puede decir "me olvido de proteger a la menor y me pongo a investigar si es creíble o si hay abuso o no se han producido". Hay una orden judicial que obliga a proteger a la menor.  Mónica Oltra ha reconocido públicamente que dio instrucciones para que se informarse. Ese dar instrucciones para informar es incumplir directamente la orden judicial de proteger a la menor que daba orden de separar al educador presunto delincuente de la menor y hacer todo lo posible para protegerla y no se hizo nada.

Mónica Oltra ahora defiende que no dio la instrucción, puesto que fue de una orden verbal no hay pruebas. ¿En qué lugar queda esto?

-El reconocimiento está claro. Consta en el diario sesiones que ella dice que dio la orden a la directora general como a su jefe de gabinete, que es su primer marido y al final todo queda en casa. La mejor acreditación de que se da la orden es que se hace el expediente, porque la administración no tiene el por qué hacer algo si no obedece a una resolución, a un encargo u obligación. Ese expediente no obedece a una obligación legal, sino a una necesidad espuria del propio interés de Mónica Oltra que puede ser el de protegerse a su marido o de protegerse a ella como ha dicho la Fiscalía.

La Administración tiene que reabrir expediente y pagarle a esa niña la indemnización que justamente le corresponde

¿Quién dio la orden de que la menor llegara esposada al juicio?

-Esta cuestión no está clara. La magistrada presidente del tribunal dijo en el momento que vio entrar a la menor esposada que esta situación desapreciara. La menor no solo testigo, sino que era la perjudicada. La abogacía de la Generalitat y el Gobierno de la Generalitat no se ofreció para defenderla. Tenía que haberlo hecho porque la protección se la tiene que dar su tutor que, en ese momento, era Mónica Oltra. Oltra era su madre jurídica, no era la esposa del delincuente presunto. La protección se la tenía que haber dado su madre (Mónica Oltra), incluso le tenía que haber puesto un abogado a su disposición. 

¿En qué lugar queda el interés protegido de la joven?

-Ese es uno de los principales problemas que nadie ha atajado. Desde la acusación particular estamos detrás y se ha pedido a la administración que a esa niña se la tiene que indemnizar, se le tienen que restituir sus derechos. La Administración que la desprotegió no tiene que esperar a que dimita nadie ni a una nuevas elecciones. La Generalitat y la nueva consellera lo primero que tienen que abordar es el expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizar a esa niña, para que todo lo que se le ha quitado no tenga que ir pidiéndolo por ahí en Bizums o televisiones.

La Administración tiene que facilitarle un domicilio. Va atener un segundo niño. Esa niña ha apostado por la vida, no ha abortado ni con el primero ni con el segundo. Teme que le quiten los hijos. A alguien que apuesta por la familia la Administración tiene que protegerla, además cuando el causante de todos sus daños es una Administración que no ha sabido ni educar ni favorecer su tutela ni en los peores momentos de su vida cuidarla y protegerla. La administración tiene que indemnizar a esa niña ya no mañana, sino hoy. La Administración tiene que reabrir expediente y pagarle a esa niña la indemnización que justamente le corresponde.

¿Cómo le afectaría a Oltra la sentencia firme de su exmarido?

-Estaríamos hablando de un delito más, el de encubrimiento, pero para ella no porque ella podría abstraerse de él por su relación de parentesco. El encubrimiento, sería para el resto de partícipes. 

La nueva consellera lo primero que tienen que abordar es el expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizar a esa niña, para que todo lo que se le ha quitado no tenga que ir pidiéndolo por ahí en Bizums o televisiones.

¿Como abogado de Camps ve un paralelismo entre el final de ambas historias?

-Ninguno. Nada que ver. He leído acerca del karma o de una devolución. Las causas se magnifican en orden a los personajes que participan. El expresidente Camps tuvo un asunto judicial que con el tiempo los tribunales le han dado la razón. El tema de la señora Oltra es que se somete en estos momentos  a una situación similar y parecida, aunque ella le pese. No en cuanto a los hechos, sino en cuanto a la situación judicial. A ella le puede resultar conveniente y ha encontrado oportuno dimitir, pero ningún ordenamiento jurídico le pide la dimisión.

Tanto para Oltra como para otros de mis defendidos o acusados, la política no puede acabar con la presunción de inocencia. Aquí hay criterios que Oltra impuso de oportunidad política y ahora le vienen mal que aquello que dijo para los otros le resulte improcedente. Lo que Oltra dijo que para los demás le gustaba y ahora para ella no, pero a mi me parece mal para todo el mundo porque se debe respetar la presunción de inocencia.