Oltra considera ”aventurado” poner fecha al final del estado de alarma

Monica Oltra considera precipitada la fecha del 9 de mayo fijada por Pedro Sánchez para poner fin al estado de alarma e insta al Gobierno de España a consensuar y coordinar cualquier decisión con las autonomías. Según la vicepresidenta del Consell, resulta “aventurado” adoptar medidas a largo plazo en un contexto cambiante que impide realizar pronósticos serios y rigurosos sobre el comportamiento del coronavirus. 

"El virus es muy traidor y cada día cambia nuestras vidas. La ciencia todavía no ha podido desentrañar el comportamiento en todas sus facetas y yo no me subiré al carro de intentar saber qué hará de aquí a un mes", declara la política de Compromís.

Asimismo, se reserva herramientas jurídicas de su competencia para poder adoptar medidas al margen del Gobierno central si fuesen necesarias. Algunas de ellas serían las relacionadas con los horarios de los comercios y la hostelería, las visitas a las residencias, las condiciones de los espectáculos públicos o las limitaciones para practicar deporte, mientras que no podrá regular la movilidad nocturna o los cierres perimetrales entre las autonomías sin contar con un paraguas legal por parte del ejecutivo español.

En relación al acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial para suspender la vacunación de AstraZeneca en personas menores de 60 años, la vicepresidenta calcula que supondrá un "fuerte impacto" en el ritmo de vacunación, aunque se mantiene cautelosa hasta poder ver cómo se reorganizará el calendario de vacunación. Las personas que ya han recibido la inoculación de la primera dosis del preparado anglo-sueco deberán esperar hasta que sean los científicos los que dicten cómo se debe proceder porque, tal y como explica, es necesario lograr unos criterios técnicos que permitan tomar decisiones.

Por otra parte, a pesar de que todavía quedan usuarios de viviendas tuteladas de salud mental con el primer nivel de prioridad sin vacunar, Oltra ha señalado que continuará insistiendo a la Conselleria de Sanidad sobre la necesidad de inmunizar a todas estas personas porque no dejan de ser un recurso residencial.

“Este Gobierno optó por ir a unidades de convivencia más pequeñas para evitar la sensación de institucionalización pero ello no implica que dejen de ser recursos residenciales. Lo que ocurre es que en lugar de tener a 40 personas juntas las tenemos en cuatro pisos”, sostiene la vicepresidenta.