La menor que sufrió los abusos del ex de Oltra reclama 240.000 euros a Igualdad

Maite T. M., la mujer que siendo menor de edad sufrió abusos en un centro de menores por parte de Luis Eduardo Ramírez Icardi, condenado por estos hechos y entonces marido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, reclama a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la propia Oltra, una indemnización de 240.000 euros. 

La denunciante ha interpuesto una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la conselleria de Oltra por por entender que se omitió la ayuda solicitada por la menor y que el trato recibido por esa administración pública además fue “degradante, humillante y vejatorio”.

Asimismo, la denuncia a la que ha tenido acceso ESDiarioCV y que presenta el abogado José Luis Roberto en representación de Maite T. M., solicita una testifical de Mónica Oltra, así como la de funcionarios implicados en el caso, por entender que todos los implicados eran conocedores de los hechos ocurridos, solicitándoles para ello variada documentación sobre el expediente, relación de correos electrónicos y notas internas emitidos y recibidos durante el periodo en cuestión. 

La reclamación de responsabilidad patrimonial señala que “los responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar y en lugar de ello, victimizaron a la niña desacreditándola mediante argumentos ad hominem y ataques personales”. 

“Cuando en junio de 2017 la niña contó a la Policía que estaba siendo abusada y se puso en marcha una investigación por la Fiscalía de Menores, intentaron que no le dieran crédito, realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía y todo ello con el único propósito de desactivar la denuncia”, continúa.

La denuncia expresa que en la conselleria “dijeron aplicar un protocolo de abusos que había elaborado ex post el propio abusador de acuerdo con la directora del centro, permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro, y cuando finalmente la menor fue trasladada por funcionarios de la Policía Autonómica para declarar en el juicio como testigo, fue conducida esposada. Y nunca le han ofrecido la asistencia jurídica a la que estaban obligados”.

“Como consecuencia de todo ello, y al margen de la investigación que la jurisdicción penal pueda realizar sobre la actuación de las personas implicadas, se evidencia la magnitud del daño moral infligido a Maite T. M.  que sufrió una doble agresión: por parte del educador del centro contra su libertad sexual; por parte del personal de esa Administración autonómica contra su integridad moral”, por lo que se solicita la indemnización de 240.000 euros que se ha mencionado.