Traduciendo a Pablo Iglesias

En estos aciagos días de corona crisis que nos toca vivir, en medio de la emulsión mediática en la que el hacendado y encastizado (a tenor de la propia definición que le daba sobre la casta en función de los sueldos que cobraran)  líder de Podemos no deja de practicar pese a decir cumplir una suerte de desconocida cuarentena.

Conviene aclarar algunos de los eufemismos que utiliza y que pueden llevar a error. Cuando habla de nacionalización de las empresas no propone inyectar dinero público para sostener la economía productiva como se está proponiendo en Alemania. Más bien se refiere al nacionalizar a la facultad de incautar de la que puede hacer uso temporalmente aprovechando en un estado de suspensión de derecho y libertades como el de alarma.

Cuando habla de socializar ahorros, aquí nos queda más claro que nos remite a la confiscación de cantidades por las que anteriormente el particular ya tributó. Vamos, la piel de gallina se le pone a los pequeños ahorradores al ver que el vicepresidente del Gobierno salga en las ruedas de prensa deslizando estas ideas en lugar de dar cuenta de la gestión social que a su negociado corresponde o a proponer como sostener a un vulnerable sector terciario compuesto por trabajadores por cuenta propia, al que desafortunadamente este gobierno ha preferido dejar caer a cambio de recaudar sus impuestos, esos que después ya no podrán pagar.

Conviene también cuando se invoca el célebre artículo 128 de la Constitución, ese que reza: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, recordar que el señor Iglesias no está descubriendo la rueda. Existe en España desde el año 1954 una ley de expropiación forzosa que permite, en pro del interés general, expropiar y consecuentemente indemnizar.

Cabe recordar  que precisamente porque por mucho que a algunos les gustaría el interés público es el de la administración en cuanto Estado en un determinado momento, pero no tiene por qué ser el general. Ni siquiera el general es el de la voluntad de una mayoría coyuntural. El interés general actúa como salvaguarda del ámbito de derechos y libertades del que somos todos sujetos a título individual y es el que impide que sean lesionados arbitrariamente. Teniendo en su caso si por fuerza mayor resultara inevitable esa lesión tenga que ser cuantificada e indemnizada.

*Abogado.