| 06 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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La consellera de Sanidad y el presidente de la Generalitat visitaron la demolición de Agrónomos.
La consellera de Sanidad y el presidente de la Generalitat visitaron la demolición de Agrónomos.

El embrollo urbanístico de Agrónomos que lidera Puig salpica a Marzà y Ribó

Continua el culebrón urbanístico patrimonial a raíz de la demolición de parte de la antigua Facultat de Agrónomos, para ampliar Hospital Clínico. El final puede ser muy llamativo.

El viernes a las tres y media de la tarde, mientras se formaban los atascos en las salidas de Valencia con motivo de la nueva restricción de movilidad durante el fin de emana, aceleraban los derribos de las piezas de Agrónomos –“naves” en la terminología oficial, en realidad antiguos laboratorios y aularios de la Facultad de Ingenieros Técnicos Agrícolas que completaba el conjunto- que se iniciaron con urgencia a mitad de diciembre.

Como ha recordado ESdiario, la Academia de Bellas Artes de San Carlos hizo público un Informe en el que literalmente puede leerse “Manifestar, nuestra queja por la forma en que se ha producido la actuación de derribo, considerando lógica la alarma producida ante esta situación … añadimos una razón más: la poca consideración que la Arquitectura Moderna de calidad tiene en nuestra Administración, por ser una edificación cercana en el tiempo y desprovista de la aureola de los viejos estilos históricos. ”

No parece que ni la preocupación ni la queja de uno de los máximos órganos consultivos en materia de protección patrimonial hayan surtido efecto alguno en la Conselleria de Cultura ni en el Ayuntamiento, que siguen a lo suyo.

Y resulta más curioso, que la propia Universitat de València, que ostenta la propiedad de los inmuebles que conforman el conjunto a proteger en la Avenida de Blasco Ibáñez, y que por esa condición propietaria se ha erigido en la institución promotora del Plan Especial de Protección que se presentó en el Pleno municipal del jueves, y que es otro de las habituales órganos de consulta, maneje -al parecer y por la documentación exhibida- criterios muy distintos. Otras obras de Moreno Barberá, como las antiguas Facultades de Derecho y Filosofía, el Colegio Mayor Luis Vives de Javier Goerlich y las Facultades de Ciencias (1922-44, Oriol y Peset, hoy sede del rectorado) y Medicina (1918-48, Oriol), completan el conjunto patrimonial.

 El segundo informe, autorizando la demolición, de Carmen Amoraga, directora general de Patrimonio, ya introdujo la duda sobre la originalidad o autoría de lo que se demolía, pese a haber afirmado un par de días antes con rotundidad, en el primero de ellos,  que se trataba de un BRL (Bien de Relevancia Local).

Coherentemente, la propuesta de Plan de protección que suscribe el Ingeniero de Caminos Salvador España fechado en diciembre de 2020, limita la coautoría de Moreno Barberá a lo que inicialmente fue Agrónomos y, aportando información del proyecto original suscrito con el arquitecto valenciano Cayetano Borso di Carminati, elude pronunciarse sobre Agrícolas. Y, en la práctica, parece excluirlo de cualquier cautela de protección en un plano que, a todas luces, presenta un curioso “bocado” de difícil asimilación. Estaremos atentos al período de participación y alegaciones públicas, aunque entre los expertos caben pocas dudas ante el interés arquitectónico -ya sea su autoría específica de Moreno Barberá o de Borso di Carminati- de las piezas demolidas.

 

El asunto, aun resultando menor en relación con episodios ya olvidados, anuncia corolarios que pudieran derivar en denuncias formales y cruce de acusaciones o responsabilidades.

Cabe que se emprendan acciones legales de colectivos o entidades vinculadas a la práctica de la arquitectura y el urbanismo, o directamente al respeto y reivindicación del patrimonio arquitectónico moderno. Y no faltan quienes opinan que este embrollo se les ha ido de las manos a los socialistas (Sanidad y el propio Ximo Puig con la colaboración de la vicealcaldesa Sandra Gómez) y terminarán descargando la responsabilidad en Compromís, ya que Marzá ostenta la jefatura de la conselleria que lo ha autorizado, y Ribó la del ayuntamiento que ha concedido la licencia.