| 29 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Marzà da la "espantada" y el desconcierto se apodera de los colegios

| M. Ortiz Edición Valencia

Mientras el conseller de Educación y el Presidente de la Generalitat Ximo Puig disfrutan de su amistad en la Festivitat del Anunci, los colegios, asociaciones de padres, familias  y profesorado siguen sumidos en el desconcierto al no saber que va a pasar con el asunto del plurilingüismo a 11 días que los niños lleguen a las aulas. El profesorado acude mañana a su puesto de trabajo sin poder planificar como tendrán que impartir sus clases.  

Y es que a los colegios valencianos nadie les ha comunicado  oficialmente que modelo lingüístico tienen que aplicar porque  “después de los varapalos judiciales que ha recibido el Conseller de Educació, el cuestionado  Vicente Marzà, es una vergüenza que siga escondido y que no sepamos cual es el Plan B del Consell en materia de Educación” en palabras de la portavoz de Educación del GPP, Beatriz Gascó. 

El PP no dudará en acudir a la vía penal

Los populares han declarado que al Consell “no le puede salir gratis saltarse la ley y el Estado de Derecho” y por ese motivo  “no dudaran en acudir a la vía penal” si el conseller, “no publica inmediatamente instrucciones que den respuesta a los requerimientos del TSJCV y a las familias valencianas”. Para Gascó  el TSJ es “contundente” en el Fundamento Jurídico al aclarar que “todo lo que el Decreto regula debe dejarse sin efectos y retornarse a la legalidad anterior”.

Un requerimiento en similares términos  que también  se ha realizado  desde el sindicato ANPE, el mayoritario de la enseñanza pública, especialmente en primaria al solicitar que se den "de inmediato" instrucciones "claras" sobre los programas lingüísticos a aplicar y "se cumpla lo dictado por los tribunales en materia de plurilingüismo”.

 ¿si algún equipo directivo ha comprado lotes de libros y no sirven, de quién va a ser la responsabilidad?

La probable  querella que podría estar preparando el partido popular y que podría contemplar el ilícito de malversación de fondos públicos en el caso de los libros de texto. Así la popular se pregunta  “¿quién se va a responsabilizar de los gastos de los libros realizados por las familias si tienen que volver a comprarlos?,  ¿si algún equipo directivo ha comprado lotes de libros y no sirven, de quién va a ser la responsabilidad?”.