El Botànic sigue investigado por "sobrecostes" en los hospitales de campaña

Cuando se cumplen cuatro años del estallido de la pandemia en España y comienza a caer en el olvido el confinamiento, las oleadas, las cifras de los fallecidos, los populares EPI's y los hospitales de campaña... el coronavirus 'regresa' para esclarecer responsabilidades en la gestión. La exigente inmediatez con la que había que responder a la alta incidencia propició abusos en los contratos a dedo, comisiones e irregularidades a todos los niveles.

Mientras Anticorrupción investiga la implicación de altos cargos del Gobierno en el 'caso Koldo' por las comisiones en la compra de mascarillas, la Agencia Valenciana Antifraude mantiene bajo lupa un groso de contratos de la Generalitat Valenciana entonces dirigida por el Botànic de PSPV, Compromís y UP. 

Por un lado, Antifraude investiga un montante millonario de contratos adjudicados a dedo por la vía de urgencia, en algunos casos sin facturas y a sospechosas empresas de reciente creación, al tiempo que mantiene abierta otra línea de investigación sobre los tres improvisados hospitales de campaña puestos en marcha en la pandemia para abordar la oleada de ingresos por la Covid. 

En 2020 la Conselleria de Justicia y Emergencias dirigida por el PSPV encargó tres hospitales de campaña polémicos desde su origen tanto por su estructura deficiente como por el modo de su instalación e incluso el coste total. Mientras en otras ciudades del mundo, incluida Madrid, se procedió a la construcción de hospitales de ladrillo que continúan siendo de utilidad a día de hoy, en la Comunidad Valenciana se plantaron tres grandes tiendas de campaña "ilegales", caras, que se volaban con el aire y que han acabado cogiendo polvo en una nave industrial. 

Los hospitales de campaña -con capacidad para 1.100 camas que se ubicaron junto a los principales hospitales de referencia de cada provincia: La Fe, el General de Alicante y el de Castellón -se alzaron desde el inicio sin licencia sin "el correspondiente instrumento de intervención ambiental ni la autorización administrativa para la ejecución de las obras" por lo que se impuso una sanción de 30.000 euros a la administración pública y se ordenó su desmontaje. Además, recibió múltiples críticas de pacientes que lo calificaron como "tercermundista" por el frío que se colaba entre las lonas y que incluso casi se derriba en un día de fuerte viento.

Su coste puede que haya pasado más desapercibido que las imágenes virales del deficiente hospital, pero que a día de hoy aún persigue al PSPV. El proyecto estrella del tripartito, adjudicado sin concurso público a una empresa constituida meses antes, todavía sigue estando investigado por antifraude. La Agencia pone el foco en supuestos "sobrecostes" y es que aunque estaba previsto que fuera de ocho millones de euros, acabaron siendo de 16 millones que se contrataron por la vía de urgencia y con pagos anticipados "al margen de la legalidad", según denunció la Sindicatura de Comptes, y que después la empresa reclamó ante los tribunales por impagos.

Fuentes del PSPV han trasladado a ESdiario el sentimiento de tranquilidad, atribuyendo esos sobrecostes a las vinientes necesidades de ampliar servicios, profesionales o material después de la construcción de los hospitales y se respaldan en un informe de la Fiscalía en el que no se aprecia indicio de delito. Primero adjudicaron el contrato directo sin publicidad a la empresa Idat (formada por Hispano Vema y Bellcomm). Le adelantaron 2,4 millones de euros de los 4,9 del coste total de entonces (entre instalación, camas, material sanitario y equipamiento). Posteriormente, la adjudicataria reclamó a la Generalitat 2,64 millones más al entender que se habían encargado una serie de actuaciones adicionales y, después, volvió a ampliar la factura y solicitó concretamente 8'4 millones de euros hasta que finalmente el coste total supuso el doble, 16 millones de euros. Tras una batalla judicial, las mismas fuentes afirman que se alcanzó un acuerdo con la empresa y que actualmente el caso no está judicializado. 

No obstante, la Fiscalía devolvió a la Agencia Valenciana Antifraude la causa que todavía se está investigando. Desde el pasado mes de noviembre Antifraude reabrió la investigación con el fin de esclarecer si los contratos fueron legales y si se produjeron sobrecostes.