La reversión pública de las ITV de Compromís fue ilegal

La controvertida reversión pública de las ITV que llevó a cabo Compromís fue ilegal. Así lo determina la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a la que ha tenido acceso ESdiario. En su afán por desprivatizar el servicio, el entonces responsable Rafa Climent creó la empresa pública Sitval y ejecutó un proceso de reversión desoyendo a las concesionarias que ha acabado convirtiéndose en un caos, con 21 estaciones de ITV que aún no son públicas pero actúan como tal. Pese a la sentencia, el actual Consell opta por regularizar la situación y descarta privatizar de nuevo las ITV.

La conselleria de Economía de Compromís llevó las ITV a manos públicas a finales de 2022, obligando a las anteriores concesionarias privadas a mantener a los trabajadores, bienes y medios materiales durante el largo "periodo de transición". Algo que un año después la justicia ha determinado ilegal. El TSJCV sentencia que "finalizada la concesión, no tiene razón de ser ni mayor amparo jurídico la imposición de medidas al contratista".

Además, la conselleria estableció distintas fechas en las que cada estación de ITV pasaría a gestión pública. A día de hoy, todavía 21 estaciones de ITV no están inscritas en la empresa pública de expresa creación, Sitval, aunque siguen ofreciendo servicio. Solo Gandía, Alicante, Castellón de la Plana y Massalfasar son las únicas que sí forman parte de la sociedad pública.

Esta caótica reversión se tradujo en desigualdades salariales entre los trabajadores, huelgas y, por ende, en el colapso con la lista de espera para citas en determinados momentos. El acuerdo que alcanzó Compromís con los sindicatos también ha sido declarado nulo de derecho por la falta de informes requeridos. 

Listas de espera también en las ITV tras la reversión pública

En este anárquico contexto se ha encontrado el nuevo gobierno de Carlos Mazón las ITV, un problema heredado que debe resolver. Fuentes de la conselleria confirman a ESdiario que descartan volver a privatizar el servicio pese a la resolución judicial en contra. Optará por la vía de la regularización, elaborando la documentación necesaria, pactando con los sindicatos un nuevo acuerdo y por adscribir a Sitval las estaciones de ITV que faltan, un proceso que podría alargarse meses. 

La sentencia no es firme y puede ser recurrida, pero la conselleria ahora está en manos del PP y tampoco ha recaído una indemnización. La Sala ha desestimado la petición de una contraprestación económica de la Generalitat a las empresas privadas contratadas que continuaron ofreciendo el servicio con sus medios tras la reversión pública. No por falta de razón, sino por "indefinición excesiva" al no haber detallado cuánto les costó.