Familiares denuncian el "maltrato" de la Generalitat a la discapacidad mental

Familiares de personas dependientes denuncian el "recorte" de la ayuda para el acceso a una vivienda tutelada a las personas dependientes por parte de Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat. La prestación de Dependencia que recibían las personas dependientes ha pasado de alrededor de 2.000 euros a menos de 500 para acceder a una vivienda asistida, lo cual ha provocado que no puedan hacer frente al coste con esa cuantía.

La Generalitat, al no disponer de suficientes plazas públicas, echa mano de las entidades privadas para prestar la atención en Viviendas de Salud Mental. Concretamente, la Consellería de Políticas Inclusivas que dirige Aitana Mas concede a las persona dependientes la prestación para obtener acceso al servicio privado. Una prestación a modo de parche para dar respuesta a la insuficiencia de plazas públicas y que le cuesta a las arcas públicas 490 millones de euros al año.

Pese a ello, la lista de espera todavía deja sin la ayuda a cerca de 13.000 personas dependientes. La Conselleria, gracias a la oferta de plazas privadas, consiguió ampliar la red de viviendas tuteladas y centros para la salud mental en 2022.

No obstante, recientemente el Síndic de Greuges ha denunciado la "saturación" y las "deficiencias". Exige soluciones "urgentes" y da un mes, que vencería el 28 de febrero, para responder a la resolución emitida. Esta semana la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en Situación de Dependencia (AERTE) ha mantenido una reunión con el Síndic para expresar el bloqueo de la situación provocado desde agosto tras la aparición del Decreto de Dependencia donde se modifican las cuantías a percibir.

La prestación  tampoco resuelve el problema para muchas familias que sí la han obtenido. La cuantía se ha visto reducida tras un cambio en el modelo y ahora las familias denuncian que no pueden acceder a las viviendas tuteladas. Desde Agosto Solo el que pueda pagarlo de su bolsillo entra", lamenta Nacho Rodríguez, trabajador social.

Hasta el mes de agosto, las personas dependientes recibían un importe máximo de hasta 2.350 euros para acceder a una Vivienda Supervisada. En cambio, tras la publicación de un decreto, el máximo que podrían recibir es de 426 euros para un Grado 2. Cabe recordar que la mayoría de personas con problemas de salud mental tienen el Grado 1, o 2, por lo que ahora la mayoría no dispone de más de 426 euros. 

La Consejería propone que se autoricen como viviendas Asistidas, que son más caras y que implican un retroceso en el modelo de promoción de la Autonomia. Como comenta Rodríguez, son muchas las familias que tienen acceso concedido a las viviendas, pero tienen que pagarlo de su bolsillo. Por ello se han organizado y han presentado un escrito a la Generalitat. Reclaman "que contemple el precio de 1975 euros, que es la tasación en la ley de Presupuestos de una plaza pública, "para la prestación a otorgar a las personas q deban acceder a las plazas privadas".  Rodríguez lamenta que por el momento "no lo contemplan".