Catalá anuncia medidas antiokupa y PSOE le tacha de "ultra"

Borrar del padrón municipal a los okupas, crear una oficina de diálogo para asesorar a los propietarios afectados y un trabajo coordinado con la Policía Local. Estas son las medidas en las que el Partido Popular está trabajando para poner en marcha en la ciudad de Valencia para luchar contra la creciente ocupación ilegal.

Así lo ha anunciado la alcaldesa María José Catalá, quien ha distinguido entre la ocupación irregular  y la que responde a una necesidad social. En el caso de las familias sin recursos que se ven obligadas a recurrir a la ocupación ilegal, el Ayuntamiento de Valencia "trabajará a través de los servicios sociales para que la familia tenga todas las ayudas del mundo para tener una vivienda en condiciones y no perjudique a otra persona que tenga legitimidad sobre su propiedad", ha explicado matizando que será necesario "acreditar esa necesidad social".

Con respecto al precio del alquiler en Valencia que ha subido un 9'2% interanual fijando precios máximos históricos, la solución del Ayuntamiento de Valencia será la creación de más vivienda publica de protección oficial. Catalá ha recordado que en los últimos ocho años del Gobierno del Rialto dirigido por Joan Ribó solo se construyeron 10 viviendas públicas frente a las más de 800 que se ofertarán con el nuevo Gobierno del PP. La alcaldesa sostiene que esta iniciativa "regulará y ayudará a la oferta y demanda". 

Ribó y PSOE ven la okupación falsa propaganda ultra

El exalcalde y líder de Compromís, Joan Ribó, ha lamentado que el PP no aplique la limitación del precio del alquiler en Valencia, el mecanismo que las ciudades pueden poner en marcha de forma voluntaria tras la aprobación de la Ley estatal de Vivienda: "Es grave error porque hay miles de personas sufriendo la subida de precios y no se hace nada". 

Respecto a las medidas antiokupación anunciadas, Ribó ha señalado que más del 80% de los pisos okupados pertenecen o a la Sareb o a grandes empresas y "muy pocos pisos a propietarios pequeños" y acusa al PP de "hacer caso a propaganda agencias de seguridad. No es esta la realidad".

En esta línea, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha calificado la política de vivienda del PP enfocada a la ocupación ilegal como "discurso ultra de la ultraderecha". Pone como ejemplo de "empresas en Madrid fascistas, xenófobas que señalan a los inmigrantes como delincuentes de la okupación". "Me asusta y preocupa que PP asuma ese discurso como propio", ha valorado. A su juicio, "es mucho más grave" el problema de acceso a la vivienda y pide que se trate "el precio del alquiler que afecta a las familias y no de las okupaciones que afectan de forma minoritaria a fondos de inversión y a los bancos".