La conselleria de Oltra pagó 99.000 € a la empresa del informe contra la abusada

La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirigía la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, pagó 99.000 euros a la fundación Espill por, entre otros trabajos, el informe psicológico que desacreditaba la versión de la menor abusada sexualmente por el ex marido de Oltra pese a no tener contrato.

Así consta en la petición de diligencias previas que realiza la acusación popular ejercida por la asociación Gobierna-Te al juzgado de instrucción número 15 de Valencia que investiga el caso dentro de la pieza secreta que motivó el registro de la conselleria, petición a la que ha tenido acceso ESdiarioCV.

En concreto, la acusación popular pone de manifiesto que la conselleria pagó la cantidad de 99.000 al instituto Espill, "la cual en ese momento carecía de contrato vigente con la conselleria para realizar en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017. En concreto, desde el 25 de mayo de 2017 no hay contrato que ampara el encargo efectuado pues en esa fecha acabó la prestación de servicios de la fundación Espill y la posibilidad de prórrogas".

La Policía registró la conselleria de Mónica Oltra 24 horas antes de la dimisión

La directora general de la infancia, Rosa Molero, una de las investigadas, en fecha 5 de mayo de 2017 propone una licitación por procedimiento abierto del servicio que cubría Espill para los periodos de junio de 2017 a mayo de 2019, este contrato es adjudicado de nuevo a Espill el 18 de abril de 2018, pero “de forma inexplicable” está suscrito en fecha de 26 de septiembre de 2017.

Para la acusación popular, los trabajos de Espill se realizaron de forma “ilegal”, “sin contrato y sin medio de justificación alguna que acredite el porqué de la designación o la oportunidad y procedencia del gasto, sumando un total superior en ese periodo de 99.000 euros”.

La acusación popular sostiene que “resulta más que sospechosa la previsible y supuesta compensación del comportamiento e informe de favor de Espilla a cambio de la obtención de la adjudicación de los lotes del contrato para el periodo 2018-2019. E incluso que en la actualidad Espill ya no preste el servicio después de más de 20 años”. Para la acusación popular por tanto existiría un delito de prevaricación administrativa por vulnerar los principios de contratación pública.