La hostelería de La Marina de Valencia en pie de guerra

El pasado dos de febrero, la letrada en el procedimiento 224/2017, dictaba una Diligencia de Ordenación por la que declara la firmeza de la sentencia parcialmente (en lo sustancial) estimatoria de la Apelación contra el Ayuntamiento de Valencia que, además de anular los actos administrativos impugnados, obliga a indemnizar al reclamante con cerca de 90.000 euros con cargo a las arcas municipales. El interesado es el conocido empresario Ángel Brández, pionero en La Marina y visita obligada para un viajero exigente. Al mediodía por el arroz. Por la noche por las copas.

Es coincidencia que en las mismas fechas se haya conocido la sentencia favorable del Supremo a la demanda interpuesta por el abogado valenciano Curro Nicolau que deja a la intemperie a  muchos en el Botànic. Y que puede derivar en un rosario de anulaciones de sanción y un sinfín de reclamaciones por perjuicios indebidamente -ilícitamente- causados. Tiemblen las arcas autonómicas con la hipotética analogía.

Prórroga anual

En el ojo del huracán está el Consorcio -el supuestamente extinto Consorcio- que por Convenio Interadministrativo, se creó para gestionar La Marina Real Juan Carlos I mientras se devolvía el millonario préstamo concedido por el ICO para la ejecución de lo que prometía ser el Puerto Deportivo más importante del Mediterráneo, con el impulso de la la America's Cup. Y así fue durante los años del evento y del esplendor del mandato de Rita Barberá, que culminaron con la colaboración y mutua confianza del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria que presidía el ingeniero de caminos Rafael Aznar, en la redacción acordada del Plan Especial de la Marina y el de Usos del Puerto, en el marco de la generosa cesión a la ciudad de terrenos antes portuarios.

El Consorcio, del que es Director General desde el cambio de gobierno municipal Vicent Llorenç, está participado a tercios por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, y presidido por su titular. Con la condonación del crédito del ICO -nunca se pudo devolver el principal- decae el órgano creado precisamente con esa función. Y decaerán los convenios interadministrativos, o serán objeto de modificación sustancial. Por ahora se ha acordado una prórroga anual, que algunos expertos consultados consideran un limbo jurídico y financiero. Y sobre lo que el Puerto no parece pronunciarse expresamente.

En ese contexto, el malestar de empresarios que tienen allí negocios de calidad y prestigio va in crescendo. Se quejan, sin ocultarlo, del maltrato que reciben por parte de la controvertida dirección del Consorcio. “Del glamour de aquellos tiempos prósperos a una mediocridad impuesta”, sostiene con ironía uno de ellos. Y lo ilustra con ejemplos, alguno dramático, que se pueden constatar con facilidad.

Investigación en el juzgado

Pese a reforzar con las direcciones del asesor gandiense de Ximo Puig, José Frasquet, y de Evarist Caselles, antes director de Turismo en la Diputación Provincial, el Director sigue en una posición delicada en la investigación que desarrolla el Juzgado nº 10, y donde ya ha declarado el pasado noviembre, por indicios de prevaricación administrativa.

La edil popular en el Ayuntamiento valenciano, Paula Llobet, tachó de “desgobierno” la situación al conocerla, y solicitó sin éxito alguno la dimisión del director General. Llueve sobre mojado. En antigua Estación Marítima”, como rezaron entonces los medios. La inicial a una empresa belga de coworking, que acabó desistiendo, quedó en el aire. También las ilusiones de las Start Up valencianas que debieran haber resultado legítimas destinatarias, y a las que la sentencia dio la
razón. Si no de desgobierno, se trata al menos de una deficiente gestión.

Sin entrar ahora en los detalles que los propios acontecimientos irán desvelando, cabe reconocer que la queja de estos empresarios -no es un secreto de que se trata del sector más golpeado por la pandemia- suena legítima y justa. Como la música y los horarios que reclaman. Y merece ser oída con atención y ánimo de resolverla. Que es mejor, además, que tener que acabar compensándola a las malas, por vía judicial.