Barcelona aprovecha el "bloqueo" del Puerto de Valencia para ampliar el suyo

El Puerto de Barcelona, principal competidor del valenciano en cuanto a nivel de tráfico, ha aprobado 60 millones de euros para la siguiente fase de desarrollo de la terminal que Hutchison Ports BEST tiene en el muelle Prat, una división portuaria que le permitirá aumentar en un 26% su actual capacidad de movimiento de mercancías en la capital catalana mientras las obras finales de la ampliación norte del Puerto de Valencia permanecen  en ‘standby’ desde 2012 a causa de un engorroso bloqueo político.

Precisamente, la ciudad condal se había convertido en estos últimos meses en el escenario ideal de Compromís, como principal promotor de esta obstrucción, a fin de extender su cruzada contra la Autoridad Portuaria de Valencia. Hasta allí se desplazaron recientemente dos miembros del Gobierno valenciano, la consellera Mireia Mollá y la vicepresidenta Mónica Oltra. La primera para reprochar a la dirección del puerto que "no puede plantear la ampliación norte a base de ignorar el impacto climático y de movilidad en su área de afección” y la segunda para tildar este proyecto de “menosprecio a la vida y a poder habitar este planeta".

Una consellera de Compromís acude a Barcelona a boicotear el Puerto de Valencia

 Ahora, no en vano, será el Puerto de Barcelona el que eche mano de una nueva ampliación que le permitirá a la mercantil concesionaria disponer de siete bloques más de contenedores, lo que supone un incremento de 700.000 teus (medidas marítimas) en su capacidad, y también de un total de 14 grúas automatizadas ASC. Las obras se ejecutarán en las 10 hectáreas de terreno entregadas por el Puerto de Barcelona en la terminal de Hutchison hace un año y empezarán antes del 1 de mayo de 2022. Una vez finalizadas las obras, previsiblemente a finales de 2023,  la concesionaria pasará de tener 27 a 34 blogs de contenedores.

Esta decisión se produce, además, después de que Compromís, ERC y la CUP presentasen una iniciativa conjunta en el Congreso de los Diputados para "desmantelar" el dique de la ampliación norte pese al perjuicio económico que ello supondría y a los 50 millones de escombros que generaría. Todo ello a expensas de dilucidar qué ocurriría con la inversión de 203 millones realizada entre 2008 y 2012, de los cuales 74 millones procedían de Europa. En paralelo, las enmiendas a los PGE presentadas por ERC buscaban aumentar las partidas económicas destinadas al Puerto de Barcelona, como por ejemplo con 120 millones para el acceso ferroviario.

Por su parte, desde el Gobierno central urgen a poner fin a las obras de la Terminal norte alegando que cualquier maniobra que detenga los trabajos pondrá en riesgo la capacidad de tráfico del recinto portuario. Aunque tanto el Ejecutivo como la Autoridad Portuaria de Valencia han confirmado recientemente que la actuación mantiene su curso, el primero ha querido avisar de las posibles consecuencias si no cuajase. "De no ejecutarse la nueva terminal, la capacidad del recinto portuario se agotará, ya que la previsión es que el tráfico crezca hasta los diez millones de TEU (la unidad de capacidad del transporte marítimo) en el año 2050", destaca en un texto remitido a las Cortes. Una afirmación que hacen suya y que sale de un estudio de la de la Confederación de Empresarios de Valencia, la Cámara de Comercio y Propeller. El mismo en el que se apunta a que la terminal generará 6.000 nuevos empleos e incrementará en 600 millones el valor añadido de la Comunidad Valenciana.

El documento en discordia que ha motivado este enfrentamiento es una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya avaló la ampliación del Puerto de Valencia y la construcción de la primera fase de la terminal Norte que se realizó en 2007. Sin embargo, los 14 años que han pasado desde entonces han sido el pretexto utilizado por Compromís y Podem para solicitar una nueva. Esto fue rechazado tanto por la Autoridad Portuaria valenciana como por Puertos del Estado, que validaron la norma de entonces como la base para dar el paso a la licitación. El Gobierno se abrió a redactar una nueva si era necesario, pero finalmente se descartó, avalando así los informes de la administración que gestiona los puertos del país.