Hasta 8.000 funcionarios podrían irse a la calle por no saber valenciano

La ley de la Función Pública aprobada por el Gobierno valenciano ( PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) el pasado jueves 25 de marzo hace peligrar 8.000 puestos de trabajo al imponer el conocimiento del valenciano para acceder a una plaza de funcionario público. La Comunidad Valenciana se suma así a autonomías como Cataluña, Baleares, País Vasco o Galicia para convertir en una condición necesaria lo que antes se valoraba como un mérito.

Hasta el momento, cualquier persona que quisiese optar a un puesto de la administración pública debía realizar una oposición para posteriormente pasar a una fase de concurso en la que el valenciano puntuaba hasta tres veces más que una titulación superior. Con esta ley de requisito lingüístico los nuevos aspirantes no podrán presentarse ni a la prueba de oposición si no tienen acreditado el nivel de valenciano, mientras que los interinos que ya forman parte de las administraciones no renovarán en las bolsas de empleo. 

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, aseguran que cerca del 50% del personal trabaja como interinos y que este grupo se trata de una plantilla muy envejecida de más de 50 años sin posesión del título del valenciano. “A partir de ahora, si cualquiera de estas personas son cesadas porque un funcionario de carrera ha accedido a su puesto no podrán volver a la bolsa de trabajo de las administraciones e irán directos al paro”, explica el sindicato.

A todo ello se le suma la circunstancia de que las convocatorias para obtener la acreditación del valenciano están colapsadas y que en muchos casos coinciden con los exámenes de la oposición. “Debemos considerar que la Comunidad Valenciana tiene regiones castellanohablantes y valencianohablantes. Según los estatutos tenemos la obligación de conocer el español y el derecho a utilizarlo, pero no todos tenemos la obligación de conocer el valenciano", sostiene CSIF.

Hay que recordar que el personal docente ya debía cumplir con la obligación de saber valenciano para acceder a una plaza y que el sector sanitario ha quedado excluido de la imposición. De este modo, la central sindical prevé que los trabajadores más afectados serán los vinculados a cargos administrativos, técnicos y de justicia, aunque estará supeditado a un reglamento que debe aprobarse en el plazo de un año y que establecerá la dureza de la norma.

Respecto al posible beneficio que pueda tener sobre la calidad de los servicios públicos, el sindicato defiende que en la actualidad “se está funcionando correctamente y nadie echa de menos ninguna imposición”. Aquellos que optan a los puestos de trabajo, continúan declarando, son precisamente los que obtienen mejores puntuaciones en la fase de concurso “donde el valenciano otorga una gran puntuación”. Además, afirman que la administración se encuentra mermada por la cantidad de trabajo y que si sale adelante es por la experiencia de las personas interinas que llevan mucho tiempo sacando la faena. “Si prescindimos de este personal, obviamente la calidad de los servicios públicos será peor”.

Por su parte, CSIF se ha reunido con los grupos parlamentarios para exponer este punto de vista y mostró su reparo durante las negociaciones porque la ley trae consigo muchas más cosas: “Además de la lengua, se va exigir aprobar un examen para volver a acceder a bolsa o se podrá elegir cargos directivos a dedo sin pasar por un proceso”. De este modo, no entienden cómo a un subalterno se le exige multitud de condiciones mientras que los directivos profesionales no requerirán de ningún requisito. Asimismo, han señalado que “tan sólo dos consellers tienen a día de hoy el título de valenciano”.