Caso Alquería: El clan de Gandía, Ábalos, Puig y los que faltan

Con el estallido del caso Alquería (de la Comtesa), en las filas del PSPV se ha elevado alguna reflexión sobre resituar la línea roja para los imputados. Jorge Rodríguez se vio forzado a dejar la  presidencia de la Diputación de Valencia  tras la sentencia del secretario de organización socialista, el valenciano José Luis Ábalos, y la inmediata ejecución de la pena por parte de Ximo Puig. 

Una decisión en caliente condicionada por la aparatosidad de las actuaciones con la detención y posterior noche en el calabozo de los cinco investigados que horas después quedaban en libertad con cargos.

Las actuaciones siguen bajo el secreto de sumario, pero es evidente que un sector de los socialistas está por la rehabilitación parcial de Rodríguez.  Restituido en la alcaldía de Ontinyent, su sucesor en la diputación, Toni Gaspar, le rindió "homenaje" al acudir a la capital de La Vall d'Albaida con la excusa de unas obras. A esto se añade que en las filas del PSPV no se ha escuchado voz alguna pidiendo que deje su acta de concejal pese a estar suspendido de militancia.

Investigados de primera y de segunda

El caso Alquería tiene, al margen del jurídico, una interesante derivada política. El PSPV no siempre ha actuado igual con sus imputados, lo que desemboca a inevitables comparaciones.

El presidente Ximo Puig nombró, en 2015, a un "investigado" por la justicia como jefe de gabinete precisamente de la  Diputación de Valencia y, en cambio, a la primeras de cambio decide cortar la cabeza al presidente de la corporación. El jefe del Consell colocó a José Manuel Orengo en la diputación pendiente de resolución. La justicia exoneró al líder del clan de Gandía dos años después, ya cuando había dejado la Diputación, momento en el que pasó a ser asesor en el Palau de la Generalitat.  

Con el levantamiento del secreto de sumario en ciernes, el caso Alquería presenta un buen número de incógnitas. No se acaba de ligar a todos los detenidos con las personas que ocupaban los cargos en el momento de firmarse los siete contratos supuestamente irregulares.

Los hechos investigados, y por los que se detiene al Presidente de la Diputación de València, su jefe de gabinete (Ricard Gallego), los dos gerentes de Divalterra, Agustina Brines (Compromís) y  Xavier Simó  (PSPV-PSOE), a un asesor de Presidencia, Manuel Reguart, y Jorge Cuerda, funcionario de la Diputación y secretario del consejo de la empresa pública, hacen referencia a  su participación en la contratación en el año 2015 de altos cargos relacionados con determinados partidos políticos, en la sociedad mercantil pública Divalterra, SA (entonces denominada Imelsa), con la vulneración de la normativa aplicable.

El acta del consejo de administración de julio de 2015 se antoja la clave. Tras el cambio de gobierno, en el primer consejo de administración de Imelsa se aprobó, con los votos favorables de los representantes de PSOE, Compromís, EU y Ciudadanos, el nombramiento de la cúpula directiva de Imelsa: los dos cogerentes, Josep Ramon Tíller y Agustina Brines, y el director de los servicios jurídicos, José Luis Vera. Según el documento, durante la sesión llega a intervenir el que en ese momento era el jefe de gabinete de Presidencia, José Manuel Orengo. Como Secretario del Consejo ejerció el actual Secretario General de la Diputación, Vicente Boquerra. Con posterioridad, los dos cogerentes y el director de los servicios jurídicos firmaron los contratos de los siete directivos que, definitivamente, conformarían la cúpula de Divalterra.

Si el motivo de las detenciones del caso Alquería está circunscrito al año 2015, cuatro de los detenidos no ocupaban entonces puestos de relevancia en la sociedad, por lo que, según sus defensas, en el momento que se produjeron los hechos investigados "ni pudieron inducir o cooperar en una supuesta prevaricación".

Si esta línea es correcta, y así se desprende de unas recientes declaraciones de la vicepresidenta de la Diputación Maria Josep Amigó (Compromís), podría darse un vuelco en las actuaciones en los próximos meses.  Josep Ramon Tíller, José Luis Vera y José Manuel Orengo, tres hombres unidos por su pasado en el Ayuntamiento de Gandía, y con directa relación con Ximo Puig, pasarían a la primera línea del caso. Orengo ya ha anunciado que deja el próximo mes su puesto de asesor en Presidencia de la Generalitat. Un dimisión "voluntaria" en diferido.

El alzamiento del secreto de sumario servirá para erradicar las especulaciones, si bien el caso Alquería ya ha tenido, al margen de la repercusión social, consecuencias políticas. Alguna de ellas irreversible. Puig tendrá de nuevo la palabra o quizá Ábalos. El ministro de Fomento conoce bien el poder de la Diputación, no en vano fue diputado en su época de concejal de Valencia. Apartado Jorge Rodríguez, el poder ha quedado centralizado en el PSPV.