6 regalos más de Carmen Montón

Nos habíamos quedado en las liquidaciones de las concesiones hospitalarias, que según se desprende de una resolución del Tribunal Supremo que le quita la razón a la conselleria, serán muy inferiores a los 300 millones que Montón anunció y presupuestó en las cuentas de la Generalitat para este año. Parte de la estrategia para convencer a la opinión pública de la bondad de las reversiones pasaba por dar a entender que anteriormente se había beneficiado a las concesionarias con ese montante.

Y parte también jugó en ese guión la insinuación de que la empresa de Alzira (La Ribera) había borrado datos sensibles antes de que el departamento pasara a gestión directa de conselleria. En este caso, la encargada de desmontar la especie ha sido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), para quien “las actuaciones fueron correctas, no se cometió ninguna irregularidad y que, por tanto, procede al archivo de la causa”.

Otro problema derivado de la moda de las reversiones es el concepto de “personal a extinguir” para los trabajadores de las concesionarias que la Administración asume sin convocar concurso-oposición para sus plazas, que ahora son totalmente públicas. Se contraviene así la Ley de Función Pública al entrar en colisión con los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que los empleados de La Ribera van a continuar en sus puestos -salvo cambio de criterio de la Generalitat, lo que le costaría un dinero extra en indemnizaciones- hasta su jubilación, según lo previsto en el proyecto de Ley de Acompañamiento de presupuestos para 2019, con lo que se van a convertir de facto en funcionarios sin haber pasado por el trámite preceptivo.

Esta ola de reversiones socio-sanitarias de servicios públicos gestionados por empresas privadas ya ha sido contestada desde la propia izquierda. Sin ir más lejos, Gonzalo Fernández, secretario de Administración Autonómica y Justicia de FESP-UGT, declaraba recientemente a Valencia Plaza que “hay una parte del Gobierno que entiende que rescatar mucho es de ser muy 'progre', pero creo que progre es quien hace políticas sociales, refuerza el Estado del Bienestar, no es cortoplacista en sus políticas y además es eficaz y eficiente (…) Uno ha de rescatar cuando puede mantener el servicio; y esta comunidad debe 43.000 millones”. Recordemos que sólo para el anuncio del difícil rescate antes de fin de legislatura del Hospital de Denia se barajan otros 40 millones de dinero público. Y que las listas de espera quirúrgicas y la derivación de operaciones a la privada siguen creciendo.

También es cierto que se anunció la vuelta a lo público del servicio de resonancias al inminente fin del actual contrato, con fecha conocida desde que éste se firmó hace ocho años, y sin embargo ahora todo apunta a que los hospitales públicos de la Comunidad no podrán practicar esas pruebas con personal propio. Es decir, que las empresas que hacían esas pruebas diagnósticas continuarán haciéndolas, ya sin concurso, a cambio de pagos mediante expedientes de enriquecimiento injusto.

Pedro Sánchez sin embargo ha recogido el testigo de las reversiones sanitarias, comprometiéndose con Pablo Iglesias en su acuerdo presupuestario para 2019 a definir líneas y estrategias para revertir la sanidad privatizada “blindando el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario” con el lema “la sanidad es un derecho universal y no un negocio”. Seguro que les suena.