Divalterra, Maria Josep Amigó y el Día Internacional contra la Corrupción

Empecemos por decir que todo recuerdo para luchar contra la corrupción es siempre bienvenido y requiere cierta reflexión del por qué existe y lo que es peor, por qué continúa siendo un día internacional. La corrupción en sí misma tiene un problema, carece de una definición convenida por todos, le pasa lo mismo que a la definición homogénea y clara de los paraísos fiscales, ¡¡¡brilla por su ausencia!!!, lo que dificulta el encontrar medidas concretas para su lucha efectiva.

Permítanme sin mayor pretensión les indique la más convenida: La “corrupción”, se entiende en términos generales que significa “el uso indebido de un cargo o poder público en beneficio privado mediante la oferta o promesa de algo de valor – de forma directa o indirecta - a un funcionario público, candidato político o cargo electo, partido político u oficial del mismo, a fin de obtener, conservar o dirigir cualquier negocio o conseguir cualquier ventaja indebida en la dirección de éste.

A la inversa, “la corrupción implica exigir o aceptar cualquier objeto de valor por dicha persona como condición a la concesión de algún negocio u otra ventaja indebida, de forma directa o indirecta”. A menudo, la corrupción se vincula al crimen organizado, blanqueo de capitales e incluso a veces la financiación del terrorismo.

La lucha contra la corrupción requiere un planteamiento integral, con implicación de todas las partes interesadas, que debe ser encabezada por los partidos políticos y sus políticos miembros, por las agencias y fuerzas del orden, apoyadas por la sociedad civil y la comunidad empresarial más amplia.

Los partidos políticos y sus políticos deberían de comprometerse a participar en esta lucha y naturalmente a oponerse a cualquier forma de corrupción, comprometiéndose a respetar las leyes diseñadas para luchar contra la corrupción. Así mismo deberían ser los encargados de coordinar sus esfuerzos para combatir la corrupción con las medidas más adecuadas que, me consta, les han hecho llegar entidades de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra el delito, FFCCSS y los propios centros de inteligencia.

Los partidos políticos y sus políticos deberían de reconocer que en sus organizaciones y en las instituciones públicas, éstas pueden utilizarse como herramientas o vehículos para la comisión de actos delictivos y reconocer la necesidad de tomar medidas viables y de prevención para contrarrestar dicho abuso, tanto en sus partidos como en las administraciones e instituciones públicas.

Sin un gran pacto de estado contra la corrupción, que incluya a todos los actores, no solo de los políticos, ya que la maldita corrupción la sufrimos nosotros, los ciudadanos y nosotros debemos de estar junto con los políticos, las administraciones e instituciones públicas, las asociaciones empresariales y las FFCCSS, en este pacto de estado, solo así podremos mitigar y quien sabe si algún día erradicar la lacra de la corrupción, que golpea no solo a nuestra cuenta de resultados, sino que provoca el hastío, el cansancio y desapego hacia lo público y una pérdida de valor y estima hacia nuestras instituciones, que deben ser el reflejo de la ciudadanía y en estos momentos solo son reflejo de unos pocos.

Divalterra

Para muestra un botón y un botón Valenciano, DIVALTERRA empresa pública (100 %) valenciana, propiedad de la diputación de Valencia, antes llamada IMELSA, ya que el gobierno en la diputación lo ostenta PSPSV-PSOE y COMPROMÍS (amalgama de partidos a cuál de ellos más anexionistas a Cataluña, quieren que Valencia, Castellón y Alicante forme parte de los Países Catalanes cuando se independicen, solo de pensarlo me producen arcadas) decidieron cambiar el nombre de la empresa por el qué dirán, ya que ellos no son (son) como los otros, son (ni de coña) diferentes, eran la regeneración de la democracia valenciana, los muyahidines de la corrupción que iban a proclamar la yihad contra ella.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el pasado junio al presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, por participar presuntamente en una trama de contratación irregular que tenía como epicentro la empresa pública Divalterra, dependiente de la misma institución junto al co-gerente, Agustina Brines, de Compromís que junto a otros también figura entre los detenidos de la operación Alquería.

Pero hace tan solo 4 días el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga irregularidades en las contrataciones en la empresa pública Divalterra, ha autorizado a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a pedir nueva documentación en la Diputación de València, Divalterra y el Ayuntamiento de Ontinyent.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el objetivo es recabar información que complete la intervenida en las entradas y registros autorizadas el pasado mes de junio en el marco de una operación anticorrupción en la Diputación de Valencia, denominada Operación Alquería.

Otra vez el ridículo más espantoso, otra vez portada en los medios de comunicación, aunque menos esta vez, estábamos todos pensando que se termina el mundo con la irrupción de VOX en el panorama político que en la vergüenza de ver a la UDEF otra vez más en nuestras instituciones.

El ser humano es corrupto por naturaleza 

Pero mientras tanto la corresponsable política de la diputación Maria Josep Amigó, (vicepresidenta), sigue visitando como si nada las poblaciones de su feudo al estilo “Lady Di” o “Bienvenido Míster Marshall” o mejor dicho, porque yo lo valgo, sin tomar ninguna responsabilidad política con ella misma, ya que fue, ella la que puso a la Sra. Brines en Divalterra. Sra. Amigo, lo mejor que puede hacer por la regeneración política y su dignificación, que usted tanto cacarea, es predicar con el ejemplo y presentar su dimisión, ya que este tipo de inacciones provocan el cansancio de la ciudadanía y más cuando el partido al que pertenece, BLOC NACIONALISTA VALENCIANO, que pertenece a su vez a COMPROMÍS, está investigado por 4 juzgados por el delito de financiación ilegal, “Consejos vendo, que para mí no tengo”. 

"Estoy convencido de que la prevención del delito en las administraciones públicas y la Transparencia es el principio del fin de la corrupción política y pública"