| 28 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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En la imagen, Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia
En la imagen, Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia

Llamativas reacciones tras la detención de Jorge Rodríguez (Diputación)

| Vicente Climent Edición Valencia

Hay bastantes detalles especialmente significativos en las primeras declaraciones políticas tras la detención del presidente de la Diputación de Valencia por presuntas irregularidades en contrataciones en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.

Escándalo en clave nacional

Lo primero que llama la atención, ateniéndonos a las primeras declaraciones de unos y otros, es la dimensión nacional del asunto, con constantes apelaciones a Pedro Sánchez para que se pronuncie sobre la detención de uno de los suyos, nada menos que presidente de Diputación y portavoz del PSPV, en el curso de la 'operación Alquería'.

Desde el PP su coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, ha pedido "responsabilidades" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "por la corrupción de su partido" y ha preguntado a Podemos y el resto de partidos que apoyaron la moción contra Mariano Rajoy si es "más asumible" lo que ocurre en el PSOE que en el resto de formaciones y si "¿en el PSOE van a aplicar la misma vara de medir que ellos utilizan con el resto?”.

Desde Ciudadanos, su portavoz nacional para asuntos de corrupción y diputado por Valencia Toni Cantó ha exigido la "dimisión inmediata" de Rodríguez, y ha pedido al ministro José Luis Ábalos y a Pedro Sánchez que se pronuncien.

Pues Ábalos no ha tardado en hacerlo. El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha marcado el camino: tras la detención de Rodríguez en una operación contra la corrupción Jorge Rodríguez "no está condiciones de continuar" ni al frente de Diputación y Ayuntamiento de Ontinyent ni como portavoz de la Ejecutiva del PSPV, porque "va de suyo".

"Entiendo que (el caso) debe ser importante cuando se produce una detención con una puesta en escena así", ha explicado Ábalos en el Senado, donde ha comparecido este martes. Una contratación irregular no "merecería" el despliegue policial que se ha vivido en Valencia. "Con un caso así te llaman a declarar, sería lo normal", ha alegado, para sugerir que el caso debe ser mayor de lo que parece en un primer momento.

Dos que reivindican el origen de la investigación

Otra cosa que llama la atención es la reclamación del origen de la investigación judicial. Las portavoces de PP y Cs en Diputación han reivindicado sus respectivos trabajos previos.

Así, la popular Mari Carmen Contelles ha recordado que su formación lleva tres años denunciando "el abuso" de contratos de alta dirección y otras situaciones en Divalterra que "no eran las correctas", y ha apuntado que una de sus denuncias ante la Fiscalía fue por malversación de fondos a raíz de un informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión y cuestionaba, entre otras cosas, fraccionamiento de contratos y la inclusión de gin tonics como dietas. Este asunto acabó con la dimisión del co-gerente socialista Víctor Sahuquillo.

Por su parte la portavoz de Ciudadanos, Mamen Peris, ha destacado que "llevamos más de un año registrando preguntas e iniciativas, denunciado contrataciones a espaldas del consejo de alta dirección, pero nos han ignorado; por eso en abril no nos quedó otra vía que acudir a los tribunales", ha explicado Peris, quien también ha concretado que Fiscalía les contestó que aceptaban la denuncia de Cs y la acumulaban a diligencias ya abiertas previamente.

La “vieja política”, las viejas instituciones, y la corrupción del “modelo bipartidista”

Otros dirigentes de Ciudadanos, como Fernando Giner, han señalado que”la vieja política sigue manchando el nombre de Valencia y sus instituciones. El PSOE debe apartar inmediatamente a Jorge Rodríguez de la presidencia de la Diputación de Valencia”. La síndica Mari Carmen Sánchez ha afirmado que "la corrupción en la Comunidad no pertenece a un solo partido, sino a ese modelo bipartidista que han asentado durante años el PP y PSPV", aunque sin embargo Sánchez no ha pedido aún abiertamente el apartamiento de Rodríguez del cargo.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Podemos, la tercera pata que hizo posible el cambio político de izquierdas en las instituciones valencianas desde 2015 ha aprovechado para pedir que "se debe hacer una reflexión sobre el papel de las diputaciones" y no se pueden "tolerar viejas prácticas en estos momentos".

A unos no les viene de “nuevas” y otros están en “shock”

Mamen Peris también ha recordado que estamos ante “el segundo presidente de la Diputación que es detenido” tras Alfonso Rus (PP), y ha asegurado que la noticia no le ha venido de “nuevas” porque “la sospecha de corrupción continuaba".

En cambio los socialistas valencianos no sólo no se esperaban la noticia, sino que han entrado en “shock” al conocerla, según el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, que ha señalado que en el partido no tenían "ningún tipo de conocimiento de que estas detenciones se iban a producir". Muñoz no se ha pronunciado sobre posibles medidas porque para tomar decisiones necesitan tener "los elementos de juicio suficientes para poder ser justos a la hora de tomar las medidas". "Necesitamos actuar y tenemos que actuar con justicia", ha dicho.

La hipoteca reputacional crece, “parece algo feo”

Rosa Pérez Garijo, portavoz de EU en la Diputación, ha declarado que no entiende que por "unas irregularidades en contratos de alta dirección se monte este operativo".

De Compromís, que co-gobierna con el PSPV la institución provincial, sabemos que Mónica Oltra, en Barcelona, ha reiterado que todo lo que apunte a un presunto caso de corrupción "preocupa" al Consell "sea del partido que sea", y que "tanto por el tipo de despliegue policial como las actuaciones judiciales, parece algo serio y parece algo feo". Según Oltra "nos está costando mucho salir del estigma de la corrupción para desayunarnos con titulares como éste". La coportavoz en Corts, Mireia Mollà, ha asegurado que pedirán “contundencia” y la aplicarán si alguno de los suyos resulta implicado.

Entre las seis personas detenidas se encuentran los dos gerentes de Divalterra y uno de ellos es Agustina Brines, de Compromís.

¿Qué pinta en esto Crespo Gomar?

El secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, también ha dicho que estamos ante "una noticia grave" y "si se confirma, y la investigación se ha confirmado", hay "hechos suficientes para pedirle la dimisión" del cargo.

Y ojo a esta carga de profundidad: "lo que sabemos es que ha habido movimientos extraños entre altos cargos tanto en Imelsa como ahora en Divalterra relacionados con el PSPV. No tenemos toda la información, vamos a esperar a tenerla, pero ya sí que hemos conocido todos esos movimientos que también los vinculan a otros procesos como Crespo Gomar en el caso de Tíller".

Actualmente varios juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía están investigando el papel de la empresa Crespo Gomar en la presunta financiación irregular de campañas de PSPV y Bloc-Compromís. José Ramón Tíller es un dirigente socialista del llamado “clan de Gandía”.

Según El Mundo, en la operación "Alquería", en el marco de la cual se están produciendo los acontecimientos de este miércoles, “el juez que instruye el asunto investiga si los detenidos desviaron grandes sumas de dinero obtenidas de las contrataciones supuestamente ejecutadas por un sistema al margen de la legalidad que pudieron acabar en los partidos políticos que gobiernan la Corporación”.

Nuestro colaborador y experto en prevención, Juan Carlos Galindo, pone el acento asimismo en “los registros sincronizados de domicilios particulares y sedes oficiales de todos los detenidos, ya que se busca demostrar el trasvase de fondos, bien a través de donaciones de los militantes colocados a dedo (lo habitual es un 10% del salario todo lo que pase de ahí se consideraría inusual), o bien a través de tramas empresariales adjudicatarias irregularmente a cambio de mordidas”.

Según El Mundo y TVE la Fiscalía Anticorrupción también investiga si algunos de estos altos directivos «enchufados» por su militancia en el PSPV y Compromís no iban asiduamente a trabajar a la sede de Divalterra y se trataba de «zombies» de los partidos políticos citados.

De Imelsa a Divalterra, el largo y tortuoso camino

La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra, antes llamada Imelsa, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido en el punto de mira. Así, este organismo, con competencias en gestión forestal, se ha visto implicado en varios asuntos en los tribunales, desde las presuntas prácticas irregulares para financiar al PPCV confesadas por el exgerente Marcos Benavent -el autodenominado 'yonqui del dinero'- hasta la detención del presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por contratos de alta dirección que se están investigando. Y todo ello, pasando por la polémica dimisión de otro exgerente, el socialista Víctor Sahuquillo, tras un informe de un auditor que apuntaba a gastos en gin-tonics apuntados como dietas.

La causa que ha provocado la detención de Rodríguez, declarada secreta, se abrió hace escasamente un mes tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.