Sanitat expone a sanciones a los 419 sanitarios de los que iba a prescindir

La Comunidad Valenciana y Madrid se han convertido en dos territorios susceptibles a todo tipo de comparaciones durante la pandemia por plasmar modelos de gestión radicalmente antagónicos en sus respectivas regiones. Aunque para bien o para mal, también existen algunas coincidencias quizás más destacables que las propias diferencias. La misma semana en la que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anuncia que investigará la saturación de los centros de salud porque “no todos los sanitarios quieren trabajar”, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, modifica los criterios de penalizaciones para poder sancionar a todos aquellos sanitarios que renuncien a la la renovación de sus contratos covid. De forma que un colectivo ensalzado en ambas instituciones hasta hace apenas unos meses por el sacrificio y esfuerzo demostrado para vencer a la pandemia se ha acabado transformando en unos villanos merecedores del escarmiento público. 

El caso concreto de la medida adoptada por Ana Barceló implica que los 419 profesionales a los cuales se les iba a rescindir el contrato a finales de año, pese a que el pasado 15 de diciembre la administración autonómica decidió “in extremis” modificar sus planes iniciales y mantenerlos hasta mayo ante el avance de la sexta ola de la pandemia, se vean forzados a tener que renovar sus contratos para evitar exponerse a una sanción de seis meses sin poder entrar en la bolsa de trabajo de la Generalitat. El problema, sin embargo, es que muchos de ellos -en su mayoría rastreadores y documentalistas- ya habían conseguido trabajo en una empresa privada o en otras Comunidad Autónoma y se encontraban disfrutando de las vacaciones a fin de terminar sus contratos a finales de año, tal como se les notificó en primera instancia.

Por ello, una vez el incremento de la presión asistencial y el aumento exponencial de los contagios obliga a la Conselleria a mantener hasta mayo a todos los refuerzos Covid contratados para ayudar en la lucha contra la pandemia en la Comunitat, una elevada cifra de estos profesionales se han negado a la renovación al contar con otras alternativas laborales. Además, el anuncio llega cuando más de 900 profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeros, han dejado de prestar servicio asistencial bien por estar de baja laboral al haberse infectado (623) o por estar en cuarentena (272), según datos del 16 de diciembre, últimos disponibles. De hecho, en menos de dos meses estas cifras se han multiplicado prácticamente por diez, puesto que el 14 de octubre eran 55 los sanitarios que estaban de baja laboral y 20 en cuarentena.

Desde los propios sindicatos de médicos califican la estrategia de “chantaje” hacia los sanitarios y exigen a la Conselleria rectificar su postura. No en vano, Barceló ya ha mostrado su interés por mantener todos los refuerzos hasta, al menos, el mes de mayo, el tiempo que se estima necesario hasta poder contar con las 6.000 nuevas plazas estructurales con las que se dotará la Conselleria, cifra todavía lejana a las 11.000 plazas exigidas por los sindicatos a fin de poder cubrir la necesidad actual. "No ha aclarado cuándo se van a implementar de forma directa las 6.000 plazas estructurales, una cifra, por otra parte, inferior a la que exigen desde el conjunto de gerencias de los departamentos de salud”, alertan en CSIF.