El sindic de Greuges reclama a Ribó que cambie su ley mordaza

Las intenciones del alcalde Joan Ribó de evitar dar explicaciones sobre la gestión municipal limitando el número de preguntas a plantear por los grupos en el pleno del Ayuntamiento de Valencia se han visto frustradas tras la resolución del Sindic de Greuges.

El defensor del pueblo ha resuelto en contra del ROP mordaza del gobierno de Ribó y PSOE aprobado el pasado mes de marzo. La norma le costó ser tachado de "dictador" por parte de la oposición, pues limita la función de control al Gobierno y de transparencia. El Sindic pide en su resolución que se modifique el ROF y que se consensue un nuevo reglamento por todos los grupos municipales que se acorde con el artículo.

Ribó acusado de 'dictador' por limitar las preguntas en el pleno

En su resolución el Sindic de Greuges recoge que “teniendo en cuenta los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito de actuación municipal, se modifique, de forma consensuada con todos los grupos municipales, la regulación actual de las preguntas prevista en el Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución Española), con la finalidad de potenciar este procedimiento de control y transparencia y mejorar su funcionamiento práctico”.

El Sindic también recoge en la resolución que “el Ayuntamiento de Valencia está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción del presente acto. Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su posicionamiento respecto de las recomendaciones o sugerencias contenidas en la presente resolución.

Y dice en sus fundamentos que “las democracias merecen el calificativo de “avanzadas” porque las distintas sensibilidades políticas, a pesar de sus diferencias, son capaces de demostrar a la sociedad que pueden ponerse de acuerdo para avanzar en los temas que son realmente importantes, como, en este caso, consensuar entre todos los grupos municipales una regulación que resulte más favorable para el ejercicio de un derecho fundamental de primer orden como es el de participar en la gestión y control de los asuntos públicos”.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha calificado el ROP mordaza de Ribó y PSOE como una "nueva cacicada que tiene como único objetivo vetar el trabajo de control al Gobierno de los grupos de la oposición y demuestra una vez más la falta de transparencia del gobierno sectario de la ciudad”. 

En este sentido, la portavoz popular recuerda que “el nuevo ROP restringe drásticamente a la oposición las preguntas, mociones, asuntos a preguntar y hasta cómo debe preguntarse. Sólo se admite una cuestión o interrogante por pregunta, que además debe ser escueta y estricta” añadiendo.

Por esto desde el PP han valorado muy positivamente la resolución del Sindic. Interpretando que, de este modo, se “da la razón al grupo popular que siempre ha defendido que con la nueva normativa se vulneraban los derechos de los concejales de ejercer su labor de oposición”.