| 02 de Febrero de 2023 Director Antonio Martín Beaumont

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Mireia Mollá, consellera de Medio Ambiente
Mireia Mollá, consellera de Medio Ambiente

El Defensor del Pueblo desiste ante el 'no' de Mollá a escuchar a los ciclistas

El organismo que preside Ángel Luna acusa a la Conselleria de incumplir los requerimientos y le advierte con trasladar la queja al parlamento valenciano

| Jonathan Martínez Edición Valencia

El Síndic de Greuges se ha visto obligado a desistir de sus múltiples intentos por lograr que la Conselleria de Medio Ambiente tenga en consideración o, como mínimo, escuche las reivindicaciones de las asociaciones de ciclistas. En una nueva resolución, el organismo que preside Ángel Luna, el equivalente al Defensor del Pueblo valenciano, acusa al departamento que dirige Mireia Mollá de incumplir dos requerimientos previos en los que se le instaba a incluir la participación de la Asociación internacional de Ciclistas de Montaña IMBA-España en las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, para que desde estos organismos pudieran promover un cambio en la normativa que les permita circular por las sendas del parque. Ante tal desobediencia, el síndic entiende que ya no tiene mayor posibilidad de actuación para imponer a la Administración el cumplimiento de sus obligaciones y comunica a la Conselleria que dará cuenta del suceso en el próximo informe anual de Les Corts.

La propia Mireia Mollá se comprometió a principios de año a aceptar las alegaciones planteadas por los diferentes colectivos ciclistas en el proyecto de modificación del Plan de Ordenación Territorial del Túria (PORN) para legalizar el uso de las bicicletas en las sendas. De hecho, se llegó a publicar en la página web de la Generalitat durante el proceso de exposición pública.

Sin embargo, la comisión de evaluación decidió a última hora de forma unilateral suprimir la autorización expresa a circular por todo el espacio protegido, incluidas las sendas, que era el compromiso que los ciclistas aseguran que le habían arrancado a la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, y al director general de Medio Natural, Benjamín Pérez, ahora dimitido por el caso de los 11 burros fallecidos en el plan estrella ‘contraincendios’ de Mollá. Como consecuencia de ello, los ciclistas se ven expuestos a sanciones económicas que oscilan entre los 600 a los 6.000 euros, incluso para aquellos que todavía desconocen la normativa.

En Conselleria defienden que no es lo mismo “prohibir” que “no autorizar”, que es como se recoge en el texto aprobado por la comisión de evaluación que dio luz verde a la Declaración Ambiental, Territorial y Estratégica (DATE) del PORN del Túria. No en vano, plantearon la posibilidad crear un catálogo de sendas autorizadas para conjugar los intereses de los senderistas, la conservación del parque natural y los ciclistas. Una nueva promesa que los usuarios de bicicletas ni creen ni esperan, entre otras cosas, porque a raíz de la manifestación que IMBA protagonizó este abril ante la sede de la Conselleria para escenificar el entierro y la muerte del deporte, denuncian que “nos han cerrado todavía más las puertas”.

EL ORIGEN

Si bien el organismo estatutario que preside Ángel Luna recrimina a Mollá incumplir en esta ocasión a los requerimientos, el anterior síndic, José Cholvi, ya emitió un comunicado de similares características en el año 2019. Durante la última etapa del Partido Popular, la asociación IMBA-España dispuso de la posibilidad de acudir a las Juntas Rectoras de Parques Naturales con voz pero sin voto.

Con la llegada del Botànic I, Compromís decidió destituir a los directores generales de estos pasajes para colocar cargos de su confianza. Fue entonces cuando el colectivo se reunió con el que era secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Alvaro, para que les admitiese en las Juntas Rectoras, y accedió a ello sin mayores problemas. Sin embargo, algunos presidentes como el de Acció Ecologista Agró, el de Penyagolosa o Calderona se negaron a cumplir con las instrucciones del secretario autonómico. 

Esta situación obligó a la asociación IMBA a retomar las conversaciones con Julià Alvaro, pero entonces éste fue destituido tras mantener serias discrepancias con su superior, por aquel entonces la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián. Así, presentaron una queja ante el síndic de Greuges, José Cholvi, quien resolvió que tenían derecho a estar en las Juntas en base a la Ley de Espacio Naturales, por lo que instó a la Conselleria a adoptar las medidas necesarias.

El director general de Medio Ambiente Toni Marzo respondió que acataría la resolución, pero acabó ocurriendo todo lo contrario. Les fueron tirando de las pocas Juntas en las que podían estar presentes. Cuando fue nombrado director general Benjamín Pérez -recién dimitido por la muerte de los burros- le enviaron un escrito para explicarle la resolución del síndic y comentarle que tan sólo querían estar en las Juntas de los parajes montañosos. Si bien aceptó en un principio, en la práctica acabó haciendo lo mismo que sus predecesores. Nada.

EPISODIO CON GARIJO

IMBA sigue sin desistir de su lucha, logrando que la propuesta de ‘Legalizar el uso de la bicicleta de montaña en sendas de Espacios Naturales’ registrada en las iniciativas ciudadanas de la Generalitat haya conseguido las 5.000 firmas necesarias para pasar el corte en un tiempo récord. Se trata de la primera iniciativa en alcanzar estos resultados, pese a que, tal como denuncian, la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo desconectó la plataforma 18 días para firmar.