El Juez Villegas, indignado: Denunciar a los muertos es el último intento de demoler la Transición

España vuelve a mirarse al espejo de la polémica. Esta vez, el detonante es una denuncia presentada contra Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno y figura central de la Transición, fallecido en 2014. Una denunciante le atribuye supuestos abusos sexuales ocurridos hace décadas. El resultado ha sido inmediato: tertulias encendidas, redes sociales al rojo vivo y conversaciones de café marcadas por la incredulidad.

Desde el punto de vista legal, el asunto roza lo disparatado. No hace falta ser catedrático de Derecho para saberlo: basta con abrir el Código Penal —o, si se prefiere, una búsqueda rápida en cualquier manual jurídico— para comprobar que en España no se puede juzgar a un fallecido. El artículo 131 del Código Penal es cristalino: la responsabilidad criminal se extingue por la muerte del presunto autor. A ello se suma un segundo muro infranqueable: la prescripción. Los hechos relatados, de haber ocurrido, se remontarían a un pasado tan lejano que cualquier acción penal estaría sobradamente prescrita.

Algunos intentan salvar la situación hablando de posibles indemnizaciones civiles. Tampoco funciona. La vía civil exige plazos, requisitos y, en cualquier caso, no puede convertirse en un atajo para suplir lo que el Derecho penal prohíbe. Sin condena penal previa —imposible en este caso— no hay reparación civil automática. Y, aun así, el Código Civil también establece límites temporales claros. La seguridad jurídica no es un capricho: es la base del Estado de derecho.

Entonces, ¿por qué insistir? ¿Por qué alimentar una denuncia condenada al archivo desde su nacimiento? La respuesta no está en los tribunales, sino en la política y en la ideología. Fuera de España existen las llamadas “comisiones de la verdad”, órganos no jurisdiccionales creados en contextos de genocidios o represiones masivas para revisar el pasado y generar un relato público. Pero los juzgados españoles no son comisiones de la verdad, ni pueden serlo.

El precedente es conocido. Baltasar Garzón intentó algo parecido al investigar el franquismo, llegando incluso a solicitar certificados de defunción de personas sobradamente fallecidas. El objetivo no era jurídico, sino simbólico: abrir un proceso político de revisión del pasado. Aquello fue declarado ilegal. En España, estas operaciones no tienen encaje.

La clave, por tanto, es simbólica. Durante años se ha atacado la figura del rey emérito. Faltaba una pieza esencial del imaginario de la Transición: Adolfo Suárez. Cuestionar su memoria no busca justicia —imposible—, sino poner en entredicho todo un periodo histórico y, con él, el consenso constitucional de 1978. Es una estrategia de desgaste: socavar los cimientos para preparar una ruptura.

El método también preocupa. Se da por válida una acusación no probada, se desprecia el derecho de defensa —imposible en un fallecido, pero también incómodo cuando se trata de vivos— y se sustituye el proceso judicial por el linchamiento mediático. Ese desprecio por las garantías no es casual. Es el mismo patrón que se observa en regímenes donde la verdad se decreta y la defensa estorba, da igual que se presenten con banderas de izquierdas o de derechas.

Pero conviene rebajar el dramatismo. El Estado de derecho español es más sólido de lo que algunos creen. Por mucho ruido que se haga, los jueces no van a bailar al son de campañas ideológicas ni de pulsiones revisionistas. No habrá juicios a los muertos, ni sesiones de espiritismo judicial, ni rupturas constitucionales dictadas desde Twitter.

La Transición, con todas sus imperfecciones, sigue en pie. Y el llamado “régimen del 78”, por mucho que se lo caricaturice, tiene defensas jurídicas suficientes para resistir estos envates.

Feliz Navidad, feliz año nuevo y, pese a todo, hasta la próxima polémica. Porque en España, al menos por ahora, la ley sigue siendo algo más que un decorado.