El Juez Villegas habla sobre Córdoba, la tragedia y la infamia: cuando algunos prefieren señalar a la jueza antes que abrazar a las víctimas

Hay silencios que pesan más que cualquier frase bien colocada. En Córdoba, estos días, el aire está lleno de ese silencio: el del duelo colectivo y el del golpe íntimo, el que sólo entiende quien siente que lo ocurrido le toca la piel. “Soy cordobés”, se confesaba en un programa dedicado a la tragedia. Y con esa simple frase quedaba retratada la verdad emocional del asunto: ante un drama de esta magnitud, todo suena poco.

Pero precisamente porque todo suena poco, hay algo que sí suena de más: el ruido tóxico, el juicio paralelo, la cobardía digital de quienes han decidido que el dolor ajeno es una oportunidad para disparar contra la Justicia. No para exigir que funcione, sino para desacreditarla desde el minuto uno.

La jueza no es el problema: el problema es la mala fe

Se está cuestionando la capacidad de la instructora por ser “novata”. La palabra se repite como una etiqueta barata, como si en España uno se pusiera toga tras un cursillo de fin de semana. Y no: eso no es ignorancia, es algo peor. Porque quien conoce mínimamente cómo se llega a juez sabe que el acceso a la carrera judicial se construye sobre una preparación exigente, sostenida y brutalmente competitiva. Temario, práctica, Escuela Judicial. Conocimiento de Derecho “fresco” y profundo, precisamente en quienes acaban de aterrizar.

¿Puede alguien tener poca experiencia en la gestión de una macrocausa? Claro. Y ahí entra lo esencial: la experiencia no se improvisa, pero los medios se asignan. Lo urgente no es lapidar a la instructora, sino dotar al juzgado —perdón, “plaza judicial”, que ahora también nos cambian el nombre de las cosas para que parezca que cambian las realidades— de una estructura capaz de absorber una avalancha.

Medios, medios y medios: “obras son amores”

Porque la clave no está en la voluntad retórica, sino en la capacidad material. Se ha anunciado —según lo que ha trascendido— un paquete de refuerzos: juez de apoyo, más funcionarios, un letrado de la Administración de Justicia y fiscales adicionales. Bien. Muy bien. Eso es lo que toca en un caso de esta envergadura.

Ahora bien: conviene recordarlo sin anestesia, como decía el propio análisis del programa: “obras son amores y no buenas razones”. El Ministerio puede prometer. El Consejo General del Poder Judicial puede ofrecer. El Tribunal Superior puede coordinar. Pero lo único que cuenta es que el refuerzo llegue, se note y funcione.

Y que no se olvide lo más importante: esto no va sólo de papeles y sellos. Va de personas.

Guardia Civil y Policía Judicial, cuyo trabajo técnico es decisivo en la reconstrucción de hechos.

Forenses, psicólogos, peritos, piezas clave para el avance riguroso y humano de la causa.

Equipos que se multiplican cuando lo que ocurre desborda lo ordinario.

Si no hay respaldo real, todo se atasca. Y entonces, sí: la Justicia llega tarde. Y la Justicia tardía es otra forma de injusticia.

La herramienta que casi nadie menciona: cerrar el “grifo” del reparto

Hay una medida práctica que, cuando se aplica, cambia el partido: la exención de reparto. Traducido al castellano de la calle: que el juzgado deje de recibir asuntos nuevos (o los reciba de forma restringida) para volcarse casi en exclusiva en la investigación de la tragedia.

Es una de esas decisiones que revelan si el sistema quiere y, sobre todo, si puede. Y aquí es donde hay que apuntar con precisión: la responsabilidad no está en quien instruye, sino en quienes deben garantizar que pueda hacerlo.

“No estará sola”: existe una red para catástrofes

A los que insisten con el mantra de la “inexperiencia” se les olvida —o fingen olvidar— que el Poder Judicial no es una isla. Existen redes de jueces y magistrados especializados en emergencias y catástrofes, estructuras de apoyo y asesoramiento entre iguales que permiten respuestas ágiles ante situaciones excepcionales.

Hoy la Justicia no opera como hace 25 años, cuando un juez podía encontrarse solo ante “un marrón” sin recursos, sin internet útil y sin mecanismos de consulta inmediatos. Ahora hay comunicación, cooperación, herramientas y redes. Y, en el caso que nos ocupa, todo indica que la instructora contará con apoyo suficiente si las instituciones hacen su parte.

El trasfondo que algunos no quieren decir en voz alta

Hay una sospecha que flota —y que el discurso del programa verbaliza sin rodeos—: a ciertos intereses les incomoda el modelo de juez instructor independiente. Ese juez joven que llega sin “conocer a nadie”, sin deber favores, sin estar atado a la sociología del lugar. Sólo con leyes. Y cuando investiga, con la Guardia Civil al lado, algunos “tiemblan”.

De ahí el ataque: no es sólo contra una jueza concreta, sino contra el sistema de oposición, contra la independencia, contra el formato de instrucción. Y en paralelo aparece el debate político de fondo: trasladar la investigación penal a la Fiscalía. Profesionales excelentes, sí. Pero con un hecho que nadie puede borrar: la Fiscalía no es independiente en el mismo sentido que un juez; su estructura tiene conexiones institucionales que inevitablemente se rozan con la política. Y donde hay roce, el corrupto siempre cree que puede encontrar rendija.

Un mínimo de decencia

No toca pontificar desde el sofá, ni repartir carnés de competencia judicial con un tuit. Toca empatía. Toca contención. Toca acompañar a las víctimas sin convertir su dolor en munición ideológica.

Y toca también algo más: confianza en que la investigación llegará hasta el final. Caiga quien caiga. No porque esté escrito en un guion, sino porque —si se ponen medios, si se protege la independencia y si se deja trabajar a quienes saben— nadie debería estar a salvo por el tamaño de su cargo.

Hoy, Córdoba no necesita inquisidores de teclado. Necesita verdad, rigor y humanidad. Y eso, precisamente eso, es lo que algunos están intentando sabotear desde el minuto uno.