
¿Están los agentes de policía realmente en contra de las políticas de inmigración?
El Sindicato de Policía carga contra la regularización de inmigrantes de Sánchez: “Este decreto está hecho para colar todo”
David Gutiérrez, portavoz del Sindicato de Policía Nacional, alerta en ESdiario TV de una “brecha muy grave” en la seguridad y denuncia que el proceso no garantiza controles eficaces
La regularización extraordinaria de inmigrantes que este martes pasa por el Consejo de Ministros ha encontrado un fuerte rechazo en los sindicatos policiales. Y una de las voces más contundentes ha sido la de David Gutiérrez, portavoz del Sindicato de Policía Nacional, que en una entrevista en ESdiario TV lanzó una durísima advertencia sobre las consecuencias del decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Este decreto no está hecho para controlar nada, está hecho para colar todo”, afirmó con rotundidad, resumiendo así la preocupación que existe entre los agentes ante un proceso que, a su juicio, abre una “brecha muy grave” en la seguridad pública.
“Nos preocupa la seguridad, no la política”
Gutiérrez quiso dejar claro que la posición policial no entra en el debate ideológico sobre la conveniencia o no de una regularización, sino en la forma en que se pretende ejecutar. Según explicó, el problema no es la decisión política en sí, sino la falta de garantías.
“Nosotros somos policías, lo que nos importa es la seguridad”, señaló durante la entrevista, insistiendo en que el decreto no está diseñado para filtrar con rigor quién puede acogerse a la medida.
El portavoz sindical subrayó que los agentes no rechazan una regularización por principio, pero sí que se haga sin controles sólidos: “Nosotros no decimos que no se regularice; decimos que se haga con seguridad”.
Los antecedentes, en el centro de la alarma policial
Uno de los puntos más delicados denunciados por Gutiérrez tiene que ver con los antecedentes policiales y penales. Según explicó, el procedimiento no tendría en cuenta con suficiente profundidad las detenciones policiales que pueda haber acumulado una persona antes de ser condenada.
“Hay personas que pueden haber sido detenidas varias veces y que todavía no tienen una sentencia condenatoria penal. Esto no se va a tener en cuenta”, advirtió.
A ello sumó otra crítica especialmente sensible: la dificultad para comprobar de manera eficaz los antecedentes en los países de origen. En algunos casos, denunció, la tramitación podría seguir adelante con una simple declaración responsable del solicitante asegurando que no tiene causas pendientes.
Para el sindicato, esa fórmula resulta claramente insuficiente en un asunto tan sensible. De ahí que Gutiérrez insistiera en una idea muy gráfica: “No se puede abrir la puerta sin ningún tipo de control. Nadie lo haría en su casa”.
La Policía alerta también del efecto llamada
Durante la entrevista en ESdiario TV, el portavoz policial también puso el foco en el posible efecto llamada que puede provocar la decisión del Ejecutivo. A su juicio, las mafias que trafican con personas pueden utilizar este proceso como reclamo para fomentar nuevas llegadas irregulares.
Gutiérrez aseguró que el mensaje que se transmite es peligroso: entrar en España de forma irregular puede terminar teniendo premio documental. Y eso, según dijo, puede convertirse en una poderosa herramienta de propaganda para quienes se lucran con la inmigración ilegal.
Además, cuestionó las cifras que maneja el Gobierno. Frente a los alrededor de 500.000 posibles beneficiarios que sostiene el Ejecutivo, el representante sindical aseguró que informes policiales elevan el número a más de 1.250.000 personas, con la posibilidad de que sean aún más por futuras reagrupaciones familiares.