Teresa Peramato, bajo la lupa: la Fiscalía vuelve a quedar atrapada en la sombra de García Ortiz

La Fiscalía General del Estado vuelve a estar en el centro de la tormenta. Y no por una cuestión menor. La llegada de Teresa Peramato, lejos de cerrar la etapa más polémica de Álvaro García Ortiz, amenaza con prolongar una crisis institucional que ya venía enquistada y que ha situado al Ministerio Público en una posición inédita de desgaste, división interna y sospecha pública.

A juicio de sus críticos, Peramato no estaría actuando como una fiscal general llamada a recomponer la neutralidad de la institución, sino como una pieza de continuidad del engranaje que durante los últimos años ha vinculado a la Fiscalía con los intereses políticos de La Moncloa. Una acusación gravísima, sí, pero cada vez más extendida en sectores de la carrera fiscal que ven con estupor sus primeros movimientos.

La herencia de García Ortiz

El nombre de Álvaro García Ortiz sigue pesando como una losa sobre la Fiscalía. Su etapa al frente del Ministerio Público estuvo marcada por decisiones muy contestadas, enfrentamientos con buena parte de la carrera fiscal y una percepción creciente de subordinación al poder político.

La polémica se agrava por el debate sobre su situación tras la inhabilitación. Para muchos juristas y fiscales, la cuestión es evidente: si alguien queda inhabilitado para ejercer el cargo máximo de fiscal general del Estado, resulta difícil sostener que pueda mantenerse sin más en una plaza de menor rango dentro de la misma carrera.

Ese es precisamente uno de los reproches que ahora se dirigen contra Teresa Peramato: haber permitido que García Ortiz conservara su posición, pese a que, según sus detractores, la lógica jurídica e institucional debería haber llevado a apartarlo de cualquier función fiscal mientras pesara sobre él esa inhabilitación.

La información de El Confidencial y el “equipo Fortuny”

A todo ello se suma la información publicada por El Confidencial, según la cual la actual fiscal general estaría maniobrando para frenar y controlar causas judiciales de alto impacto mediático y político. La noticia apunta, además, a posibles movimientos internos para promocionar al grupo de fiscales de confianza de García Ortiz, conocido en algunos ámbitos como el “equipo Fortuny”.

De confirmarse ese escenario, el mensaje que recibiría la carrera fiscal sería demoledor: lejos de corregirse los excesos de la etapa anterior, se estaría premiando a quienes formaron parte del núcleo duro del fiscal general más cuestionado de los últimos tiempos.

La sensación en determinados sectores de la Fiscalía es clara: la obediencia al sanchismo tendría recompensa. Quien se alinea con los intereses del Gobierno, quien sostiene las decisiones más controvertidas y quien participa en la estrategia de resistencia institucional, acaba promocionando.

Una institución bajo sospecha

El problema ya no es solo García Ortiz. Tampoco es únicamente Teresa Peramato. El verdadero daño está en la imagen de una Fiscalía percibida por muchos ciudadanos como una institución capturada por el poder político.

La Fiscalía, por definición, debería actuar con independencia, imparcialidad y sometimiento estricto a la legalidad. Sin embargo, los últimos años han dejado una estela de decisiones discutidas que han alimentado la idea contraria: que el Ministerio Público se ha convertido en una extensión de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.

No se trata solo de una crítica periodística ni de una denuncia de la oposición. El malestar ha sido expresado de forma reiterada por numerosos fiscales, que ya antes del caso de las filtraciones habían cuestionado abiertamente determinadas decisiones de la cúpula, como el ascenso de Dolores Delgado o la forma en que se gestionaron nombramientos clave dentro de la carrera.

El premio a la obediencia

El fondo del asunto es profundamente preocupante. Cuando en una institución esencial del Estado empieza a instalarse la percepción de que no se premia el mérito, la independencia o la trayectoria profesional, sino la fidelidad al poder político de turno, la democracia pierde calidad.

Y eso es lo que muchos ven ahora en la Fiscalía: una estructura donde la obediencia pesa más que la neutralidad, donde las lealtades internas valen más que la ejemplaridad y donde las decisiones de la cúpula parecen destinadas a proteger una etapa que debería estar siendo revisada con lupa.

Teresa Peramato tenía una oportunidad: marcar distancia, limpiar la imagen de la institución y enviar un mensaje claro a la carrera fiscal. Pero sus primeros pasos, según sus críticos, apuntan en la dirección contraria. Más continuidad. Más protección. Más promoción de los mismos círculos de poder.

La Fiscalía necesita recuperar su prestigio

La Fiscalía General del Estado no puede permitirse seguir instalada en la sospecha. La confianza ciudadana en las instituciones depende, entre otras cosas, de que quienes persiguen los delitos y defienden la legalidad lo hagan sin sombra de dependencia política.

Por eso, el caso de Teresa Peramato no es un simple relevo en la cúspide fiscal. Es una prueba de fuego para saber si el Ministerio Público quiere recuperar su independencia o si, por el contrario, seguirá atrapado en la lógica de los nombramientos, las fidelidades y las recompensas internas.