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La Fontanera del PSOE, Leire Díez

La Fontanera del PSOE, Leire Díez

La cloaca de Leire Díez ya no sólo salpica a Ferraz: el PSOE también habría pagado sus gastos

La presunta fontanera socialista no sólo habría trabajado bajo el paraguas del aparato del partido: la UCO apunta a que la maquinaria económica de Ferraz asumió desplazamientos, viajes y facturas de la red.

Luis Sordo
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El caso Leire Díez da un salto cualitativo. Ya no se trata sólo de saber quién conocía a la llamada fontanera del PSOE, quién la mandaba o qué papel jugaba dentro del aparato socialista. La pregunta ahora es mucho más incómoda para Pedro Sánchez y para Ferraz: ¿quién pagaba sus movimientos?

La respuesta que empieza a dibujar la investigación es demoledora para el relato oficial del PSOE. Según las informaciones conocidas, el Partido Socialista habría asumido gastos vinculados a Leire Díez y a otros integrantes de esa presunta red paralela que operaba al servicio de intereses políticos del sanchismo.

Viajes, hoteles, desplazamientos y gestiones. Todo ello, presuntamente, con cargo al partido. En el debate emitido por ESdiario TV se puso sobre la mesa un ejemplo concreto: un billete de avión Santander-Madrid-Santander pagado bajo concepto del Partido Socialista. Un documento que, de confirmarse en sede judicial, dejaría muy tocada la coartada de Ferraz.

Porque si el PSOE pagaba, el PSOE sabía. Y si sabía, la tesis de que Leire Díez actuaba por libre empieza a parecer una burla.

La maquinaria del partido al servicio de la “fontanera”

La clave política del asunto está ahí: no se trataría de una militante aislada, ni de una operadora que iba por su cuenta, ni de una persona sin relación orgánica con el poder socialista. Lo que aparece ahora es una estructura con gastos asumidos, gestiones canalizadas y una cobertura que apunta directamente a Ferraz.

Según se expuso en la tertulia, la presunta cloaca no sólo habría contado con pagos mensuales y contratos bajo sospecha, sino también con una red de apoyo logístico: billetes, dietas, hoteles y desplazamientos. Es decir, la intendencia propia de alguien que trabajaba para una organización.

Y esa organización, según las informaciones que han ido trascendiendo, no sería otra que el PSOE.

El caso se vuelve especialmente delicado porque la investigación no se limita a Leire Díez. También aparecen otros nombres vinculados al entramado, como Javier Pérez Dolset, al que se sitúa en ese entorno de operaciones dirigidas presuntamente contra jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas incómodos.

La Fiscalía, otro agujero negro del caso

A la derivada económica se suma una pieza todavía más grave: la Fiscalía General del Estado. OKdiario ha publicado que Leire Díez habría sido recibida hasta en dos ocasiones por Diego Villafañe, hombre de confianza del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.

La pregunta es evidente: ¿por qué una operadora socialista era recibida en la Fiscalía General del Estado?

El asunto no es menor. Villafañe no era un funcionario cualquiera dentro de la estructura fiscal. Era una figura relevante en el núcleo de confianza de García Ortiz. Que una persona señalada en la presunta cloaca socialista pudiera acceder a ese nivel institucional abre un interrogante de enorme gravedad democrática.

Porque si Leire Díez acudía allí como una particular, resulta difícil explicar semejante acceso. Y si acudía en nombre del PSOE o de alguien del aparato socialista, el problema adquiere una dimensión mucho mayor.

Marlaska y la protección policial: del “no mientan” al reconocimiento de Interior

El tercer frente afecta directamente al Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska ha negado públicamente que Leire Díez tuviera escolta, acusando incluso a quienes lo denunciaban de alimentar bulos y desinformación.

Pero JUPOL lleva tiempo sosteniendo lo contrario: que Díez sí contó con protección policial. Interior, según ha trascendido, habría reconocido que se le asignaron medidas de protección durante un periodo concreto, aunque el ministerio intente matizar que no se trataba técnicamente de una escolta, sino de contravigilancias.

La diferencia semántica no tapa el fondo político del asunto. Eran policías. Eran recursos públicos. Y estaban destinados a proteger a una persona que, al mismo tiempo, aparecía vinculada a una investigación de enorme gravedad.

JUPOL lo resume de forma clara: llamar a eso protección y no escolta no borra el hecho esencial. Hubo medios públicos al servicio de Leire Díez.

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