Primera entrevista de Luis María Pardo tras el frenazo del Supremo a la Ley de Nietos: "Seguro, no podrán votar en 2027"

"Estoy convencido de que, con esto, en las próximas elecciones los españoles podrán votar con transparencia", ha señalado Pardo antes de lanzar su acusación más dura contra el Ejecutivo: «Pedro Sánchez no ha podido ensuciar otra institución más».

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha concedido a ESdiario TV su primera entrevista después de conocer la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de la denominada Ley de Nietos. Una resolución que afecta tanto a determinadas personas ya incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como a las nuevas inscripciones, salvo que se acredite debidamente la condición de hijo o nieto de un español exiliado.

El alto tribunal ha aceptado parcialmente las medidas solicitadas en primer lugar por Iustitia Europa, paralizando el derecho al voto de los afectados durante los procesos electorales que puedan convocarse hasta que se dicte sentencia. La medida no anula las nacionalidades concedidas, pero sí impide que produzcan automáticamente efectos electorales sin la correspondiente comprobación documental por parte de los consulados, según recoge la resolución adelantada por El País.

«Es una victoria de la sociedad civil»

Durante la entrevista, Pardo ha querido compartir el resultado con quienes han difundido y respaldado la batalla judicial. "Es una victoria de toda la sociedad civil, de los jueces, del Estado de derecho y del cumplimiento estricto de las normas", ha afirmado, agradeciendo también el trabajo realizado por su equipo jurídico.

El letrado considera que la decisión permitirá que los próximos comicios se celebren con mayores garantías. El censo de referencia para las elecciones autonómicas ordinarias de 2027 se cerrará el 1 de enero, por lo que Iustitia Europa advertía de que esperar a la sentencia podía hacer inútil cualquier resolución posterior.

«Acabamos de recibir el auto»

"Acabamos de recibir ahora mismo el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo", ha anunciado Pardo durante su intervención en ESdiario TV. El abogado ha celebrado que los magistrados hayan estimado las cautelares y que estas permanezcan vigentes hasta la resolución definitiva del procedimiento.

El presidente de Iustitia Europa ha recordado que su organización presentó la primera denuncia ante la Junta Electoral Central y, posteriormente, el primer recurso contencioso-administrativo y la primera petición de medidas cautelares. Aunque después se incorporaron otras organizaciones y formaciones políticas, Pardo ha reivindicado el papel de su equipo jurídico en el origen del procedimiento.

«Aquí estaba en juego, más allá de la transparencia electoral, la verdadera legitimación de nuestras instituciones, que nace de los votos en las urnas», ha defendido. A su juicio, la suspensión era imprescindible para evitar que unas inscripciones discutidas judicialmente pudieran producir consecuencias irreversibles antes de conocerse la sentencia.

Una instrucción que habría ampliado la ley

Pardo ha explicado que el conflicto no se encuentra en la Ley de Memoria Democrática en sí misma, sino en la instrucción administrativa que desarrolló su disposición adicional octava. Según la interpretación de Iustitia Europa, la ley exigía que concurrieran de forma acumulativa varios requisitos, pero la instrucción los habría transformado en supuestos alternativos, ampliando así el número de personas que podían acceder a la nacionalidad.

«Una instrucción vino a regular una ley y la ley decía que tenían que darse dos supuestos. Lo que hizo la instrucción fue sustituir la “y” por una “o”», ha resumido Pardo. El procedimiento impulsado por su organización se ha centrado específicamente en las consecuencias electorales de esas nacionalizaciones y en la incorporación de sus beneficiarios al CERA.

El Supremo ha establecido que las medidas se mantendrán hasta que recaiga sentencia. Las altas ya efectuadas quedarán sin efectos electorales salvo que se acredite la relación con una persona exiliada, mientras que las nuevas inscripciones afectadas también serán suspendidas al finalizar su tramitación. La resolución no supone, por tanto, una retirada colectiva de nacionalidades ni la paralización general del voto exterior.

El Gobierno muestra su rechazo

La decisión ha provocado una reacción inmediata en el Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo no comparte la resolución, contraria a los criterios mantenidos por la Administración, aunque ha afirmado confiar en la Justicia y en el Estado de derecho.

Pardo ha contestado reclamando al Gobierno que respete las decisiones judiciales: «Lo que tiene que hacer es respetar al poder judicial independiente y cumplir y acatar las sentencias». Para el presidente de Iustitia Europa, el auto representa el primer gran paso para fiscalizar unas inscripciones electorales que hasta ahora se estaban realizando sin suficientes mecanismos de control.

El Supremo todavía deberá resolver el fondo del recurso, pero la cautelar cambia por completo el escenario. Hasta entonces, los beneficiarios afectados por la Ley de Nietos no podrán ejercer el derecho al voto si los consulados no certifican que cumplen los requisitos relacionados con el exilio. Un serio revés para el Gobierno de Sánchez y la primera gran victoria judicial de quienes denunciaron que la instrucción podía alterar irregularmente la composición del censo electoral.