Iván Redondo agita la renacionalización del tren y reabre el debate político tras la tragedia de Urda

El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez propone recuperar el control público del ferrocarril al amparo del artículo 128 de la Constitución. En ESdiario TV, los colaboradores cuestionan que la discusión desplace las preguntas sobre inversión, mantenimiento y seguridad.

A menos de un mes de las elecciones del 29 de noviembre, la tragedia de Urda ha situado el ferrocarril en el centro de la campaña. En ese contexto, Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, ha defendido la renacionalización del sistema ferroviario y ha planteado que el nuevo Gobierno la convierta en una de sus primeras decisiones.

En una entrevista en RNE, Redondo resumió su argumento con la frase "nacionalizado no es liberalizado". También invocó el artículo 128 de la Constitución, que permite reservar por ley al sector público recursos o servicios esenciales, y citó el Reino Unido como referencia. Allí, según una encuesta de YouGov, el 76% de los ciudadanos apoya que las compañías ferroviarias estén gestionadas por el sector público. 

Renfe ya es pública

La propuesta abre un debate sobre el modelo ferroviario, pero también sobre el significado de "renacionalizar". Renfe ya es una entidad pública empresarial. Adif, también pública, administra la infraestructura y gestiona la circulación. La liberalización permitió que otros operadores compitieran con Renfe en los servicios comerciales de alta velocidad: en varios corredores operan actualmente Renfe, Iryo y Ouigo.

Por tanto, la propuesta de Redondo no consistiría simplemente en volver pública Renfe, que ya pertenece al sector público, sino en modificar el modelo abierto a la competencia y recuperar el control público del conjunto del sistema. Iryo opera mediante una empresa participada por el grupo ferroviario italiano FS, junto a Air Nostrum y Globalvia; Ouigo España forma parte del grupo francés SNCF.

En el análisis de ESdiario TV, los colaboradores sostuvieron que la discusión sobre la propiedad puede terminar desplazando el foco de las cuestiones más urgentes tras Urda: qué inversiones se han ejecutado, cómo se han mantenido las vías, qué advertencias recibieron los responsables y qué falló en los protocolos de circulación. También plantearon revisar cómo se utilizan los cánones que pagan los operadores a Adif por usar la red.

La propuesta de Redondo ha reabierto así la disputa entre liberalización y control estatal. Pero el cambio de modelo no responde por sí mismo a las preguntas que deja la tragedia: determinar las causas del accidente y aclarar qué medidas hacen falta para que los viajeros vuelvan a confiar en el tren.