19 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Iglesias y el silencio de Sánchez se ahogan cada vez más en la cloaca de Podemos

Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados

Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados

Los nuevos audios, declaraciones e informaciones surgidas por en el caso Tandem amenazan al vicepresidente. Vox ya ha presentado una querella en Anticorrupción, mientras el Gobierno calla

Mientras un rosario de acusaciones, declaraciones contradictorias y nuevas pruebas se van conociendo, el vicepresidente del Gobierno está cada vez más acorralado por la destrucción de la tarjeta de su ex asesora Dina Bousselham, resguardándose en un silencio que es compartido por todos los miembros del Ejecutivo. "No tengo nada que decir", ha dicho este mismo lunes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a la vez que Vox anunciaba una querella que cerca a Pablo Iglesias.

Todo ello, mientras la Fiscalía intentar despojarse de la sombra de la sospecha que se ha cernido sobre la institución dirigida por Dolores Delgado después de que se conocieran las supuestas filtraciones de los fiscales a los abogados de Podemos.

 

Y es que, ya el viernes el Ministerio Público anunció una investigación interna tras las publicaciones que apuntaban a que un fiscal podría haber filtrado información confidencial a una abogada de Unidas Podemos, Marta Flor, personada en el procedimiento que investiga por organización criminal al excomisario de la Policía José Manuel Villarejo.

Y ahora ha ido un paso más allá al no interponerse en la investigación que pretende llevar a cabo el juez García Castellón, que quiere conocer con todo lujo de detalles qué pasó con la tarjeta de la exasesora y cómo es posible que terminase destruida, dejando a Iglesias sin el amparo que esperaba.

De hecho, el juez ya apuntó a la posibilidad de llevar ante el Supremo a Iglesias por la destrucción de la tarjeta, después de retirarle la condición de perjudicado, pero Anticorrupción se opuso.

Y es que, las palabras de Dina Bousselham, que aseguró ante el juez que "no le dió vueltas" al hecho de que la tarjeta con información íntima apareciera destruida por parte de su jefe fueron suficientes para que la Fiscalía diera carpetazo al asunto.

Sin embargo, tras esta declaración la exasesora remitió una carta al juez cambiando su versión y asegurando que tras recuperarla, funcionó, al menos una vez, contradiciendo sus propias palabras cuando insistió en que nunca consiguió ver el contenido.

Así, estos cambios de versiones y el silencio cómplice del Gobierno, que se ampara en la "separación de poderes" esgrimida por Marlaska para evitar pronunciarse al respecto ha llevado a la oposición a exigir explicaciones y no solo a Iglesias, sino también al máximo responsable del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

De hecho, el PP ya ha pedido a Sánchez, que explique  "si sabía" el presunto "chivatazo" de la Fiscalía al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en lo que ha denominado "escándalo Dina'. "Tiene que romper su silencio el señor Iglesias y también tiene que romper su silencio el señor Sánchez, que es quién ha situado a Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno", ha señalado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Mientras, Vox ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente; la que fuera su asesora Dina Bousselham, la abogada que en principio representó a ambos en una pieza del caso Villarejo (Tándem), Marta Flor; y uno de los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, a quienes atribuye seis delitos.

En concreto, la formación de Santiago Abascal considera que lo ocurrido es constitutivo de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.

A juicio de Vox se están revelando hechos que ponen "muy en entredicho" la veracidad de la denuncia de Bousselham "al salir a la luz derivada de las contradicciones en las declaraciones de los implicados, a lo que se une la investigación judicial que muestra que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta de teléfono y su contenido.

De esta manera, se hacen cada vez más necesarias las explicaciones del vicepresidente del Gobierno, aunque cada vez parece más evidente que en lugar de darlas ante los ciudadanos, lo tendrá que hacer delante de un juez.

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