La Fiscalía italiana da un golpe de mano para resolver la crisis del Open Arms

La odisea de los migrantes y refugiados que llevan casi 20 días a bordo del Open Arms en aguas del mediterráneo parece haber llegado a su fin. No así las consecuencias legales para la ONG responsable de la embarcación. Ni las políticas, debido a la polémica internacional que se ha creado en los últimos día, con cruce de acusaciones entre el Gobierno español y el ala más dura del Ejecutivo italiano, representado por su ministro del Interior, Matteo Salvini.

Este martes, se abría un nuevo episodio en la crisis humanitaria al ordenar la Fiscalía de Agrigento el secuestro provisional del 'Open Arms' y el desembarco de sus ocupantes, horas después de que el fiscal Luigi Patronaggio examinase las condiciones del barco de la ONG española.

Patronaggio estimaba necesaria esta medida por las condiciones en que se encuentran los migrantes y pese a que el Gobierno español había anunciado este martes el envío de una patrullera a Lampedusa para trasladar a un puerto balear a los migrantes.

Salvini había anticipado poco antes la posibilidad de que el fiscal tomase medidas, pero insistió en su defensa de la doctrina de "puertos cerrados" aunque le llegase la "enésima" denuncia en contra. Salvini ha asumido el "riesgo personal" al que se expone.

El buque español ya había zarpado

La decisión de la Fiscalía italiana se ha producido cuando el buque Audaz de la Armada Española ya había partido, por orden del Gobierno de Pedro Sánchez,  de la base de Rota en dirección a Lampedusa para exportar al Open Arms hasta el puerto de Palma de Mallorca.

Por la mañana, el Ejecutivo español había recibido una nueva oferta por parte de Salvini para resolver esta crisis humanitaria: Italia permitiría desembarcar en Lampedusa a los migrantes a cambio de que se le retirara la bandera al Open Arms, de manera que no pudiera volver a surcar las aguas del Mediterráneo y provocar en el futuro una crisis similar a la de las últimas tres semanas.

Está por ver ahora la deriva política que toma el conflicto tras la decisión de la Fiscalía italiana.