El acoso al presidente de Murcia se vuelve contra el PSOE con un revelador dato

¿Cómo es posible que el presidente de Murcia haya sido imputado en quince ocasiones y en quince haya sido desimputado? ¿Cuál es la razón por la que un juez desoye a la Fiscalía Anticorrupción y vuelve a actuar contra Pedro Antonio Sánchez, sin que el Ministerio Público vea indicios de delito en la gestión del presidente murciano?

Estas son las preguntas que se formula en las últimas horas el PP y también Ciudadanos -que sostiene el gobierno popular-, y que se niega de momento a pedir la dimisión de Sánchez hasta que un magistrado abra juicio oral contra un presidente autonómico sometido desde hace meses a un acoso con escasos precedentes pero con una posible explicación.

PSOE y Podemos se han lanzado este lunes contra Pedro Antonio Sánchez, tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de dictar un auto derivado de la llamada trama Púnica y en el que atribuye la "posible" comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información a Sánchez, y otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado también este mismo lunes un informe ante Velasco, en el que se opone a la elevación por éste de la citada exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar los delitos que se atribuyen al presidente murciano ya que considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse. 

En esa misma línea, el propio Sánchez ha negado de forma tajante  su participación en la supuesta trama, ya que "no se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió". En este sentido, el presidente murciano ha reconocido que  para mejorar la imagen de su gobierno"se recibieron ofertas, alguna muy insistentemente y con agresividad comercial, en este caso sobre todo y de otras empresas también, pero no se hizo con ésta ni con ninguna otra empresa". "Nunca se hizo nada, ni se acordó, ni se pactó y como no se hizo lo probaremos",  ha zanjado.

En este mismo sentido, el diputado nacional del PP, Francisco Bernabé, ha criticado que el juez Eloy Velasco "ha pasado de decir que alguien pensó" algo a "poner por escrito cosas que son inciertas". "No hay contratos, no hay conciertos ni trabajos reputacionales, y eso lo ha escrito el juez Velasco", ha señalado.

Bernabé ha reivindicado que España "es un Estado de Derecho", y en un Estado de Derecho los delitos "se cometen por acción o por omisión", es decir, "por infringir las leyes o por permitir con nuestra pasividad que se infrinjan las leyes, nunca por pensamiento". Al contrario, ha advertido que la infracción por pensamiento "es propia de regímenes dictatoriales y estados policiales, y España, afortunadamente, no lo es". 

Ya desde hace meses, el PP no ha querido cometer con Pedro Antonio Sánchez el mismo error cometido en su día con la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

Y es que el caso del presidente murciano simboliza bien la necesidad de respetar a rajatabla el derecho a la presunción de inocencia. Quince veces ha sido imputado Sánchez y, después de la pertinente investigación, otras quince fue desimputado. Todo por un empeño indisimulado del PSOE de la región y con una clasificadora derivada.

Un largo acoso: la insólita conexión socialista

Existe, como contó ESdiario en diciembre, un dato muy relevante para entender las maniobras del PSOE contra el presidente murciano con dos protagonistas: el fiscal-jefe de Murcia, Manuel López Bernal, y la abogada del Partido Socialista, Amparo Hornillos. Curiosamente, son marido y mujer.

Al margen de la decisión del juez Velasco este lunes, el último frente abierto contra el presidente de Murcia el pasado mes de diciembre está relacionado con el llamado caso Auditorio y esta vinculado a la etapa de Pedro Antonio Sánchez como alcalde de Puerto Lumbreras.

El PSOE inició su ofensiva contra el político popular en 2005, cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, con varias querellas contra decisiones administrativas y urbanísticas del consistorio. La responsable de dirigir estas acciones judiciales en representación de los socialistas fue la abogada Amparo Hornillos, esposa del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal.

En el caso Auditorio  -la otra causa viva contra el dirigente murciano- también es acusación particular Podemos Región de Murcia. Las 15 denuncias anteriores fueron archivadas.