09 de enero de 2021
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Un experto en la materia como Edmundo Bal pone la puntilla a la ministra Montero

María Jesús Montero y Edmundo Bal.

María Jesús Montero y Edmundo Bal.

El diputado sabe de lo que habla y vivió en sus propias carnes la utilización de la Abogacía del Estado por parte del Gobierno por eso es demoledor con las mentiras de la titular de Hacienda

El asunto tiene soliviantadas a las autonomías y hasta el socialista Ximo Puig se ha atrevido a denunciar en público los tejemanejes del Gobierno. No en vano, hasta la ministra María Jesús Montero reconoció implícitamente que mintió cuando aseguró que había un informe de la Abogacía del Estado que respaldaba la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por estar en funciones.  

Este jueves, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal escribe un demoledor artículo en ABC en el que deja con el trasero al aire al Ejecutivo de Sánchez con respecto a la utilización de la Abogacía por parte del gobierno.

Bal fue purgado como abogado jefe en el procés por negarse a rebajar la petición de sedición a rebelión como quería el gobierno. Así que conoce de primera mano la utilización de la Abogacía.

Recuerda Bal que el martes, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, dos grupos parlamentarios reclamaron la comparecencia de la ministra de Hacienda para que explicara por qué no se había procedido a ejecutar la actualización de las cantidades previstas para la financiación de las comunidades autónomas, actualización que preveía la fallida ley de Presupuestos Generales del Estado que pretendía aprobar Sánchez, y cuyo fracaso derivó en la celebración de las últimas elecciones generales.

Puesto que Podemos se unió al PSOE en la votación para proteger a la ministra, no salió adelante provocando que "por culpa de un Gobierno de izquierdas y sus socios, los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas a los ciudadanos pueden acabar siendo de peor calidad si estas administraciones tienen que cumplir con el límite de déficit que fija el mismo Gobierno".

A saber, servicios públicos como sanidad, educación, dependencia, atención a las víctimas de la violencia de género y todo tipo de prestaciones asistenciales, "puestas en peligro por la irresponsabilidad de Sánchez, su ministra Montero y sus socios populistas".

Puesto que el informe de la Abogacía del Estado en el que se escudó la ministra de Hacienda para negar la financiación no existía, al menos por escrito, Bal llegó a una conclusión cristalina: "Cuando se pregunta a un ministro en sede parlamentaria sobre una cuestión de esta relevancia y la respuesta es que existe un informe, si después resulta que dicho informe no existe, lo menos que podemos decir es que ese ministro ha incurrido en falsedad y en incompetencia. Porque te van a pillar seguro".

Más tarde Montero adujo consultas verbales, de las que no se pueden probar, ni negar, para justificarse y ante el revuelo organizado un día después apareció al fin el informe de 13 folios de la Abogacía del Estado publicado en El País.

Bal no duda en dejar caer sus dudas asegurando incluso que "a lo mejor no existía el informe y se ha confeccionado a toda prisa. Igual se trata de una maniobra para presionar en favor de una investidura de Pedro Sánchez, ahogando financieramente a las comunidades autónomas para acelerar la formación de un Gobierno con competencias plenas que pueda desbloquear la financiación. Cuando se miente, cuando se oculta, es lícito plantear cualquier hipótesis como plausible".

No menos "escalofriante" le parece al diputado naranja que el informe señale que "el Gobierno en funciones no puede actualizar las cantidades a transferir a las comunidades autónomas, porque ello comprometería futuros gobiernos".

Y entonces se pregunta en voz alta: "¿Quiere ello decir que futuros gobiernos, por su pura voluntad, pueden decidir que no se financien adecuadamente desde el Estado los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas? ¿No es obligatorio por parte del Estado proporcionar la adecuada financiación de las comunidades autónomas de acuerdo con los parámetros que las leyes disponen?".

Aunque la respuesta puede parecer evidente cree que "estamos ya acostumbrados en este país a que este aspecto de la financiación autonómica nunca se trate desde el punto de vista estrictamente técnico, sino desde el punto de vista político, y este es el verdadero problema".

En resumen: "Así, si quiero tener contento al PNV, le subo el Cupo sin siquiera valorar el coste de los servicios que financia dicha transferencia del dinero de todos, o usando al servicio de un partido político los órganos del Estado para que justifiquen que el Cupo está bien calculado. Si quiero tener contentos a los independentistas catalanes, les prometo una riada de millones en el proyecto de presupuestos sin siquiera justificar por qué esos miles de millones no se invierten en el tren de Extremadura, en fomento del empleo, en esta o aquella autovía, en ayudas a la dependencia, a las familias, a los autónomos". 

Sea como fuere, se trate de una cosa u otra, o ambas, lo que es evidente para Edmundo Bal, "es que la señora Montero no pueda seguir siendo ministra de Hacienda". 

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