24 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Los cuatro fiscales "indomables" plantan cara al enjuague de Torra con Junqueras

Javier Zaragoza y Fidel Cadena, dos de los cuatro fiscales del procés.

Javier Zaragoza y Fidel Cadena, dos de los cuatro fiscales del procés.

Los representantes de la Fiscalía en el juicio del procés quieren evitar el trato de favor de la Generalitat a los condenados por el 1-O. Y se han puesto a la tarea.

El independentismo ha vuelto a chocar con los fiscales "indomables" del procés. Los que resistieron en una posición de firmeza, tras la purga en la Abogacía del Estado y la reducción de su petición contra los acusados del 1-O, y los que no están dispuestos a tolerar la última maniobra de Quim Torra para abrir las puertas de la cárcel a Oriol Junqueras y el resto de los condenados por sedición.

Y los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han decidido plantar cara a la decisión de la Generalitat de conceder un tecer grado exprés a los golpistas.

Los fiscales han enviado este martes su informe al Tribunal Supremo  y en el defienden que el tribunal presidido por Manuel Marchena es competente para revisar la semilibertad de los presos decididad por la Generalitat en virtud  del artículo 100.2 del reglamento penitenciario al tratarse de un tercer grado encubierto.

Responden así los fiscales a la petición del propio Supremo, que pedía informe antes de estudiar el recurso que le ha sido remitido por el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lérida contra la aplicación, en concreto, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, del artículo 100.2, lo que le permite hacer salidas ya de la cárcel.

En su escrito, la Fiscalía va más allá del caso de Forcadell y alude al "goteo cronológicamente medido" de este tipo de decisiones de semilibertad adoptadas con respecto a todos los condenados desde el 13 de febrero al 5 de marzo pasados; así como el haberse adoptado con el cumplimiento efectivo de una parte poco significativa de las penas impuestas -en muchos de los casos ni siquiera cumplida la cuarta parte-; la gravedad de los delitos cometidos y al hecho de que "la mayoría no reconoce la comisión delictiva y no asume su responsabilidad".

"A los pocos meses de la firmeza de la citada sentencia, que condenó por sedición y malversación a penas graves de prisión que oscilan entre 9 y 13 años, y pocos días después de ser clasificados en segundo grado, a todos ellos, sin excepción, se les ha aplicado el art. 100.2 por la Administración penitenciaria catalana, lamenta la Fiscalía".

 

También aluden en su escrito a la la pública manifestación de alguno de los penados de su voluntad de volverlo a hacer, según los fiscales, que añaden que estas circunstancias "permiten inferir una política penitenciaria dirigida no tanto a su rehabilitación sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento".

En tono contundente, los fiscales agregan que dicha conclusión " no puede calificarse de aventurada" en la medida en que viene expresamente corroborada por las propias manifestaciones públicas de la Consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, al declarar a los medios que el artículo 100.2 se aplicará a todos los líderes soberanistas, recordando que es una anomalía que los "presos y presas políticas" estén en prisión.

Con esta política penitenciaria, insisten, "se persigue la salida diaria salvo para pernocta de todos los penados en la misma causa", lo que no situaría " en la órbita del fraude de ley"".

M.B
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