Llarena firma el hundimiento del procés al procesar por rebelión a sus cerebros

El magistrado Pablo Llarena ha declarado hoy formalmente procesados por un delito de rebelión  derivado del referéndum ilegal del 1-O al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont; al exvicepresident Oriol Junqueras y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comin,  Dolors Bassa, Jordi Turull. También quedan procesados los expresidentes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El juez ha decidido además fijar una fianza de 2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Quedan fuera del auto de procesamiento el expresidente Artur Más y la presidenta de la Asociación de Municipios por la independencia, Marta Lloveras.

En el auto de procesamiento, Llarena procesa además a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete consejeros procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. También a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz.

En su auto, Llarena justifica el procesamiento de los 25 investigados en la causa porque el "diseño criminal" de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que parece estar "latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".

El juez del Supremo advierte de que la causa que investiga supone "un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país".