¿Son necesarias leyes contra la blasfemia?

No existe un consenso internacional en torno a la definición de blasfemia, aunque algunos países islámicos han intentado que se aprobase en el seno de la ONU una resolución

 A raíz de la reciente victoria del referendum convocado en Irlanda para derogar el delito de blasfemia, algo muy esperanzador, toca reflexionar sobre como los países modernos han logrado en el mundo occidental una notable separación entre la religión y el Estado en los últimos siglos; si bien con ciertas rémoras del pasado.

Mucho ha llovido ya desde que John Locke publicara su Carta sobre la tolerancia, como respuesta filosófica a las guerras de religión y a la persecución y privación de sus bienes civiles de personas por causa de su fe, cuando no de la propia vida.

Con buen criterio, Locke entendió que debía tolerarse cualquier postura religiosa que no perjudicase los intereses de la sociedad y del Estado y que el poder político debía limitarse a ser garante de la paz, el bienestar e intereses privados de los súbditos.

 Fue mucho más allá al atacar la doble moral de aquellos que, con el pretexto de salvar las almas de los demás hombres, someten a tortura y privación de sus bienes a los que no profesan la misma religión; actuando con una peligrosa ceguera y benevolencia ante los vicios de sus correligionarios. Defendía así mismo la imposibilidad de convertir por la fuerza a los hombres, pues ésta es una cuestión privada que sólo concierne a la persona en tanto que individuo.

No parece, sin embargo, que esta sea la postura mundial mayoritaria. El Pew Forum on Religion and Public Life, publica desde hace diez años informes sobre la tendencia creciente de restricciones sobre la religión, con resultados verdaderamente desalentadores, ya que concluyen que el 85% de la población mundial reside en países donde, en mayor o menor medida, se restringe el derecho a expresar y practicar libremente su fe.

 En muchos de estos países existen leyes contra la blasfemia que coartan en gran medida la libertad de expresión y generan más conflicto del que, supuestamente, pretenden evitar. De acuerdo al estudio de la Freedom House El impacto de las leyes de blasfemia sobre los Derechos humanos, éstas son utilizadas  sobre todo para silenciar a la oposición política y cualquier tipo de disidente dentro del sistema; para resolver disputas y rencillas entre individuos, mediante falsas acusaciones; para justificar los ataques contra minorías religiosas; y para imponer una determinada interpretación religiosa  frente a otras corrientes "heréticas".

La libertad de expresión sufre, pues los individuos ser ven obligados a ejercer un cierto grado de autocensura previa. No ayuda que la definición de qué constituye blasfemia sea extremadamente vaga y, su aplicación por los poderes públicos, selectiva: arrestos arbitrarios, procesos y pruebas manipulados y sin garantías de tutela judicial efectiva; detenidos son sometidos a malos tratos y tortura y, aunque puedan salir libres, sin garantías para su seguridad personal.

Tampoco existe un consenso internacional en torno a la definición de blasfemia, aunque los países que forman parte de la Organización para la Cooperación Islámica han intentado en repetidas ocasiones que se aprobase en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU  una resolución sobre esta cuestión.

Las organizaciones de derechos humanos se han opuesto a ello tradicionalmente por los efectos que tal texto tendría sobre la libertad de expresión y la sospecha más que fundada que lo único que pretenden estos países es dar cobertura internacional a leyes anti-blasfemia ya promulgadas en sus territorios.

Para evaluar los límites de la libertad de expresión, creo que conviene volver la vista hacia los clásicos, en particular John Stuart Mill, cuando en su obra Sobre la libertad, escribe: "Tan pronto como una parte de la conducta de una persona afecta perjudicialmente a los intereses de otras, la sociedad tiene jurisdicción sobre ella y puede discutirse si su intervención es o no favorable al bienestar general. Pero no hay lugar para plantear esta cuestión cuando la conducta de una persona o no afecta, en absoluto, a los intereses de ninguna otra, o no los afecta necesariamente y sí sólo por su propio gusto (tratándose de personas mayores de edad y con el discernimiento ordinario). En tales casos, existe perfecta libertad, legal y social, para ejecutar la acción y afrontar las consecuencias."

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado ya en numerosas ocasiones sobre los límites de la libertad de expresión, siendo un hito la sentencia del caso Handyside v. United Kingdom, de 1976, cuando en la sentencia manifiesta que: "La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad (democrática), una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Al amparo del artículo 10.2 es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una “sociedad democrática”. Esto significa especialmente que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue".

No se trata de proteger el insulto gratuito, sino de comprender que en una sociedad libre, tolerante y pluralista, es posible expresar y escuchar opiniones contrarias a las nuestras

No se trata de proteger el insulto gratuito, sino de comprender que en una sociedad libre, tolerante y pluralista, es posible expresar y escuchar opiniones contrarias a las nuestras; e incluso negaciones de afirmaciones que tenemos por dogmas. Quien se quiera sentir ofendido, simplemente lo hará. Lo que no se puede tolerar es entrar en un juego de políticas de apaciguamiento que vayan dando cada vez más alas a los radicales y reduzcan el número de voces críticas.

Ya se ha explicado antes los efectos y usos perversos de las leyes contra la blasfemia,pero hay que añadir que no son utilizadas únicamente contra miembros de otras religiones, sino también contra miembros de la misma.

No podría explicarse de otro modo como los musulmanes (normalmente de corrientes minoritarias, como los ahmadí de Pakistán o los yazidies en Irak) sufren represión en casi tantos países como los cristianos (117 los primeros, 130 los segundos, coincidiendo en casi todos ellos)

Como ven, el panorama es desalentador y no contribuye a mejorarlo la lucha por la corrección política a través del lenguaje, que no de los hechos, obligando a personas críticas con objeciones razonables o ideas impopulares a realizar verdaderos malabarismos verbales para no ser tildados de ofensivos.

*Politólogo y abogado.

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