22 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El infierno fiscal de España en cifras: pagamos un 8% más que la media de Europa

España tiene una de las mayores presiones fiscales del área OCDE, lo que expulsa inversiones y empresas. El IEE recuerda que las rentas en nuestro país son más bajas que la media.



No, no es cierto que España tenga los impuestos bajos, como se repite de manera reiterada desde algunos flancos políticos y mediáticos. Ocurre justo lo contrario y, de nuevo, la prueba está en las cifras. Pero alguien tiene que buscarlas, difundirlas e interpretarlas, y eso es precisamente lo que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE.

Y lo ha hecho a través del índice de Competitividad Fiscal 2019. Una herramienta que evalúa la presión fiscal que sufren ciudadanos y empresas en los países de la OCDE. España, según el mencionado instituto, padece una presión fiscal total un 8% superior a la de la UE. Con la diferencia, de que las rentas en nuestro país son más bajas que la media de nuestros socios europeos.

 

Con este estudio se persigue saber si los impuestos ayudan a la competitividad y consiguen la neutralidad, es decir, que nadie se vea penalizado por encima de lo que debiera al pagar los impuestos. España está muy por encima de la media impositiva que se pagan en otros países por lo que desde la patronal se pide que no haya una sola subida impositiva sino que y en función de lo que el rigor presupuestario permita, bajar todos lo posible los impuestos.

 Según el IEE, “la presión fiscal normativa en España es del orden de un 8% superior a la media de la Unión Europea”. En este contexto, “la presión fiscal normativa sobre el Impuesto sobre Sociedades en España es de un orden de un 16% superior a la media de la UE”.

No es verdad que en España se paguen menos impuestos: casi un 10% más, agravado por la evidencia de que las rentas son menores

Recuerdan también desde CEOE, que es más prioritario intentar converger en nivel de renta con Europa antes que en nivel de recaudación relativo en términos de PIB. Pretender tener la presión fiscal recaudatoria superior de economías más prósperas y ricas que la española, puede tener el efecto de agravar las diferencias de renta con estos países y perjudicar nuestra convergencia real.

En este sentido, debemos mejorar la competitividad de nuestro sistema tributario, para que deje de ser un lastre y se convierta en un "catalizador de crecimiento" con el objetivo de aproximarnos a los actuales niveles de desarrollo de la UE. 

El horror de Sociedades

El informe también recoge las debilidades de nuestro sistema tributario y se aconsejan diversas reformas orientadas a mejorar la competitividad fiscal de España, entre las que cabe destacar:

El Impuesto sobre Sociedades debe ser revisado urgentemente con ánimo de reducir los tipos nominales hasta situarlos por debajo de la media de la OCDE (23,6%). Su estructura debe preservar un enfoque territorial, eximiendo de doble tributación las rentas obtenidas en el extranjero.

Por otro lado, las reglas del gravamen deben ser mejoradas tras una década de continuos cambios que generan incertidumbre y perjudican notablemente la inversión.

 

 

La introducción de nuevas figuras fiscales aumentaría la complejidad del sistema tributario y crearía nuevos obstáculos para la actividad empresarial, lastrando el atractivo fiscal de España. A este respecto, la introducción de cualquier impuesto nuevo debe ir acompañada de la corrección de la doble imposición que pueda generar sobre el Impuesto sobre Sociedades, mediante su deducción en cuota.

Excesos fiscales

Por todo ello, parece especialmente desaconsejable la propuesta que se planteó en los anterior PGE-2019, de crear un nuevo Impuesto de transacciones financieras en España que supondría un encarecimiento del coste de capital para las empresas cotizadas españolas con capitalización superior a 1.000 millones de euros.

Los impuestos que gravan la riqueza generan un exceso de gravamen desproporcionados en la medida en que condicionan las principales decisiones de los agentes económicos que alcanzan a la elección del lugar de residencia y trasmisión de activos.

 

En este sentido, según el informe, la tributación patrimonial de la riqueza en España nos sitúa en el puesto 32 sobre 36 con un claro suspenso de 2,9 sobre 10. Esta situación limita los recursos disponibles para la inversión y la producción, y reduce los incentivos para ahorrar e invertir.

Por lo que, desde una perspectiva de competitividad fiscal, podríamos mejorar, técnicamente, la posición relativa del Índice, sin que ello supusiera un fuerte coste recaudatorio, mediante la supresión (en el caso del Impuesto sobre el patrimonio) y/o reducción notable de los tipos máximos a pagar por los Impuestos de Sucesiones y Donaciones.

 

 

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